De momento, cualquier cosa puede suceder. Una vez más la sombra de un potencial cierre gubernamental se posa sobre Washington y una vez más los Dreamers se convierten en fichas de cambio de un cruel juego político.

Con todo, el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, prometió «aumentar significativamente» el número de oficiales de deportación en California, “en respuesta a la ley estatal que le brinda su nuevo ‘estado santuario’», controlado democráticamente.

Le preguntaron a Mitch McConnell y a Paul Ryan sobre el calendario para la Dream Act, y “ellos han avanzado en los últimos días la idea de que no hay urgencia para actuar, porque Trump estableció una fecha límite de marzo de 2018 para las protecciones relacionadas con los Dreamers”.

Por su parte Laurie Levenson, profesora de derecho en la Facultad de Leyes de Loyola, dijo que el veredicto mostró que “el jurado evaluó el caso basándose en la evidencia presentada en el tribunal, no en la retórica política que suena afuera”.