Foto: The Conversation
De la redacción
Aunque el consumo y venta de mariguana siguen siendo un delito federal, el Congreso avanza iniciativas para legalizar su venta, a través de licencias para proveedores en Fresno, California, mediante la ‘equidad social’, un concepto que busca resarcir los enormes daños materiales y humanos causados a las comunidades pobres y de color por la mal llamada guerra contra las drogas. Implementar la industria de la mariguana requiere sin embargo de fuertes sumas de dinero, y aquellos que vendieron la yerba al menudeo y pagaron por eso con la cárcel y a veces con la vida, podrían participar de la bonanza, pero también pudieran estar quedándose fuera del negocio. Paradojas del destino, quienes criminalizaron y encarcelaron a los vendedores callejeros, así como grandes corporaciones podrían quedarse hoy con ‘la tajada del león’. Este reporte forma parte de nuestra serie sobre la reforma al sistema de justicia criminal, realizado con fondos parciales de la Public Welfare Foundation, en alianza con The Justice Collaborative.
Como hemos reportado ya en este mismo espacio, la legalización de la venta de mariguana en California abre las puertas a grupos económicamente marginados. Aquellos que por falta de oportunidades tal vez, han vendido mariguana al menudeo en las calles de las ciudades, y por eso han tenido que pagar con la cárcel y en ocasiones hasta con la vida, perseguidos y estigmatizados por las autoridades y la sociedad.
Hoy sin embargo la suerte para estas comunidades de color podría estar cambiando, al permitírseles participar en el reparto de licencias para vender legalmente la yerba, a través de un interesante concepto de ‘equidad social’.
No son los únicos. En buena parte de la nación muchos grandes empresarios e inversionistas se han apurado a entrarle a esta virtual “fiebre del oro verde”. Está por ejemplo el caso de la compañía Altria, que es el fabricante de los cigarrillos Marlboro, y que pagó casi dos mil millones de dólares para adquirir cerca de la mitad de las acciones de la compañía comercializadora de mariguana, Cronos Group.
O renombrados políticos como John Boehner, quien fuera el Vocero de la Cámara de Representantes entre 2011 y 2015, que satanizó y persiguió desde su posición de poder la venta ilegal de la mariguana, y quien hoy es alto ejecutivo de Acreage Holdings, que posee licencias y activos de la cannabis en los 30 estados en los que la yerba está aprobada para su uso médico y recreativo.
En este contexto, activistas comunitarios están haciendo avanzar con algún éxito iniciativas políticas a fin de que los gobiernos usen el reparto de las licencias que autorizan la apertura de dispensarios, para introducir dicha noción de la ‘equidad social’, a fin de hacerle justicia a las comunidades tradicionalmente pobres, con los ingresos que resulten de las ventas legales de mariguana.
De esta suerte, barrios enteros de latinos y afroestadunidenses fueron los que sufrieron el mayor número de bajas y la mayor proporción de arrestos y desmesuradas sentencias carcelarias por delitos relacionados con la venta y consumo de la cannabis. Ahora, dicen los propulsores de la equidad social, se trata de favorecer a dichas comunidades ofreciéndoles un lugar preferente en el reparto de las licencias a la hora de negociar los beneficios y el provecho que resulte de la lucrativa industria de la mariguana.
Vale saber que una de las últimas leyes firmadas por Jerry Brown, el ex gobernador de California, fue la llamada Ley de Equidad de la Cannabis. Ésta establece un programa estatal destinado a ampliar la participación en la industria de la mariguana de las minorías y personas económicamente desfavorecidas, ya sea como dueños de negocios o como empleados. Entre tanto, ciudades que ya tienen programas de equidad en marcha y que se beneficiarán de la bonanza en California son ciudades de corte progresista como Oakland, San Francisco, Los Ángeles y Sacramento.
Pero una ciudad con un gobierno tradicionalmente conservador es Fresno, en el valle Central de California, que actualmente se encuentra haciendo planes para conceder licencias a tiendas o dispensarios que vendan mariguana con receta, sólo con fines medicinales. Así que aunque en California la mariguana es ya legal, incluso con fines recreativos, Fresno ha decidido avanzar con cautela.
Pues bien, en este programa de Línea Abierta que aquí reseñamos, hablamos de los esfuerzos que se despliegan por someter la venta y la industria de la cannabis a las riendas de la política de la equidad social.
De esta suerte César Casamayor, cofundador del ‘Dispensario del Pueblo’, de Fresno, y Juan Bautista, ex vendedor de mariguana que pagó con cárcel por su actividad desde que era adolescente, y que actualmente dirige ‘Oportunidades para todos’, un centro de capacitación en oficios para ex presos en el condado de Fresno, platicaron en Línea Abierta con Samuel Orozco, el director de Noticias de Radio Bilingue.
-¿Cómo reinvertir la bonanza que traerá la industria de la cannabis, para hacer prosperar a los barrios más amolados de Fresno y el valle central? –pregunta Orozco.
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Dispensario de mariguana en Fresno, California. Foto: mmjdoctoronline.com.
Ley de Equidad de la Cannabis ayudará a los municipios con planes de equidad otorgándoles préstamos, subvenciones y asistencia técnica a sus posibles empresarios y empleados, para desarrollar un reparto equitativo de la riqueza generada. Esta ley contempla una partida presupuestaria o un fondo estatal de 10 millones de dólares para tal asistencia.
-¿Cómo se está llevando a la práctica este concepto de equidad a las grandes ciudades?
César Casamayor, del Dispensario del Pueblo /The People Dispensary explica en Línea Abierta en qué consisten sus propios criterios para identificar las necesidades del vecindario; y para poder concursar por una de las licencias que se van a repartir en la ciudad de Fresno a las comunidades impactadas por la guerra contra las drogas. Su modelo, dice, está buscando los lineamientos para bregar con los requisitos de elegibilidad, como los antecedentes criminales o la participación activa en las pandillas de algunos de los solicitantes de licencias.
Casamayor también explica cuál es el daño, o los daños que hay que reparar en las comunidades de color que han sido golpeadas por la persecución policial y el estigma social contra los grupos de las minorías, que a pesar de esta guerra en su contra se encargaron de vender mariguana en sus vecindarios.
“Nosotros estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para ejemplificar qué es la equidad social. Estamos diciendo que para nosotros equidad social es desarrollo económico. Poniendo a las personas que vienen de comunidades que han sido impactadas por la guerra contra las drogas, en una posición donde ellos pueden desarrollar no solamente negocios, sino reclamar una rendición de cuentas más transparente a nuestros concejales, nuestros alcaldes, nuestras ciudades”, señaló Casamayor.
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Dispensario de mariguana. Foto: thecannifornian.com
Juan Bautista es una muestra viviente del estrago que tuvo en comunidades enteras, en los vecindarios de las personas de color la mal llamada guerra contra las drogas. Reportes indican que desde los 15 años de edad Bautista ha estado entrando y saliendo de la cárcel, castigado por cometer delitos relacionados con las drogas.
Juan dice haber sido tratado como adulto, cuando ingresó desde las primeras veces a prisión, sin tener la mayoría de edad. Y lamenta que a las personas no se les castigue de igual manera por tomar alcohol o fumar cigarrillos en las calles. Explica que cuando una persona sale libre de la cárcel bajo fianza, bajo prueba o en probatoria, y le encuentran fumando mariguana le pueden dar un castigo de 90 días en prisión, “por haber fumado algo que es completamente legal”, como el cigarrillo y el alcohol.
Y se pregunta: “¿Cómo es que algo que está legal es al mismo tiempo ilegal?”
-¿De qué forma afecta a las personas y a sus familias cuando un individuo es hallado culpable de este delito?
Esta paradoja que enfrentan los consumidores de mariguana y/o quienes aspiran a conseguir una licencia para vender la yerba fue dada a conocer hace unos meses por el periódico de circulación nacional, The Washington Post, que Radio Bilingüe dio a conocer oportunamente.
El caso de Juan Bautista es peculiar. Él no está compitiendo por una licencia para abrir un dispensario en su barrio del Oeste de Fresno, un vecindario mayoritariamente negro, golpeado durante décadas por la persecución policíaca contra los consumidores y vendedores callejeros al menudeo. Lo que Bautista busca más bien, es tener acceso a los fondos que el gobierno de California otorga a este negocio legal de la venta de la yerba, para poderlo invertir en su organización, que capacita a ex presidiarios, en un oficio que les sirva para reintegrarse o ser útiles a la sociedad.
La noción de la equidad social en la venta legal de mariguana tiene entre la audiencia de Línea Abierta sus simpatizantes y detractores.
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Por estos días comenzará a otorgarse los referidos permisos o licencias para vender o distribuir legalmente mariguana en los dispensarios medicinales de la ciudad de Fresno.
¿Qué piensan los radioescuchas de Línea Abierta sobre este tema? ¿Qué tan bien está informada la comunidad, cuál es la percepción popular sobre el consumos de la mariguana? ¿Qué papel juegan las autoridades municipales de Fresno? ¿Cómo se distribuirán las jugosas ganancias del ‘oro verde’?
Para cumplir con el requisito de la equidad social, debe incluirse la restauración de los daños a las personas y las familias que han sido golpeadas por las políticas contra las drogas, dice Casamayor.
“Nosotros estamos diciendo que las inversiones que vienen del impuesto de la mariguana, que sean usadas para fundar nuevas organizaciones como la mía y la de Juan Bautista”, dice César Casamayor.
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www.cannabisvoter.info
Vale anotarr que en las pasadas elecciones intermedias de noviembre el electorado de California aprobó una medida para grabar un impuesto del 10 por ciento a la venta de la mariguana, algo así como un millón de dólares al año, para ser invertido en un fondo de beneficio comunitario.
«La equidad social no quiere decir embellecer las comunidades, o por ejemplo plantar árboles en los vecindarios empobrecidos, como piensan algunos concejales de Fresno». Esa tarea, sostiene Casamayor, «debe realizarse con los fondos generales del presupuesto municipal».
-¿Qué tan claro está en estos momentos el proceso, la manera en que esos fondos locales irán a levantar las comunidades más amoladas, y cómo van a hacer los solicitantes de una licencia cuando tengan un récord criminal o pertenezcan a pandillas?
“Horita en Fresno no tenemos protección para una persona que haya estado en la cárcel por un crimen de drogas”, señala Casamayor.
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Como se sabe, el estado de California cuenta ya con una ley de equidad social: la Ley de Equidad de la Cannabis de California. Pero algunos activistas que impulsan el concepto de la equidad social en los vecindarios económicamente deprimidos, actualmente temen que los fondos que ingresen a la ciudad por la venta de la mariguana no vayan a ser usados de veras para remediar la galopante inequidad social que prevalece en Fresno. Incluso temen que más bien estos fondos vaya a parar en los presupuestos de las agencias policiales, en lugar de en el desarrollo social y económico de las comunidades necesitadas.
Juan Bautista dice compartir este temor. Porque habiendo trabajado por largo tiempo en organizaciones sociales que ofrecen ayuda a las comunidades, dice que éstas terminan más bien por no arreglar el problema que dicen querer solucionar.
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