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De la redacción

La mariguana no es legal todavía a nivel nacional a pesar de diversos y exitosos esfuerzos estatales. De hecho, “tiene la clasificación federal más restrictiva posible” y Estados Unidos sigue gastando más de 47 mil millones de dólares anuales en la guerra contra las drogas. Además, su prohibición sigue siendo un importante factor de criminalización en este país. Tan sólo en 2017 hubo 599 mil 282 arrestos por simple posesión de mariguana, o un arresto cada 53 segundos, mientras el 66 por ciento de los estadunidenses apoya su legalización. Y es que “la política toma tiempo para ponerse al día”. Y si no se desafía el actual estado de cosas, la mariguana nunca será legal en toda la nación, dice la Alianza de Políticas de Drogas.

Como se sabe, la guerra contra las drogas no se ejerce en todas partes por igual. Por señalar un ejemplo, en el Oeste de la ciudad de Fresno, California, cuya población ha sido históricamente negra y hoy es también de color y de bajos ingresos, “la guerra contra las drogas se perdió”, dice por su parte un extenso reporte del periódico capitalino, The Washington Post.

A diferencia de la parte norte de Fresno, que es blanca y acaudalada, en el Oeste se perdió también la competencia por los fondos escolares, y por la estabilidad de los negocios, acentuando la segregación económica y racial. En ese vecindario del Oeste, los niños engrosan la población carcelaria y las pandillas. Tal es la historia de Kayla y Aaron Foster, dos hermanos que fueron asesinados con cuatro años de diferencia, en medio de una guerra intestina y fraticida, ejecutada de una calle a otra y financiada por el narcotráfico.

En este escenario, aparece uno de los más grandes negocios de los tiempos modernos, con el surgimiento la multibillonaria industria de la producción, distribución y comercialización de la mariguana; éste irrumpió en el escenario nacional, primero con su legalización en algunos estados, para uso medicinal, y luego para uso recreativo en esos y otros estados de este país, a través de muy cotizadas licencias para minoristas otorgadas por el Estado. A pesar de que la mariguana sigue estando prohibida en el nivel federal.

De este modo, en California por ejemplo la competencia por las lucrativas licencias minoristas ha sido feroz, desde que los votantes decidieron en 2016 hacer legal la mariguana para uso recreativo en el estado. Y Fresno, una ciudad ubicada en “el ombligo” del más próspero valle agrícola de la nación, se ha convertido en un frente de disputa para garantizar que los beneficios de la mariguana legal vayan a aquellos que más sufren en la guerra contra las drogas.

Porque la comunidad quiere que los suyos reciban las licencias para vender mariguana, “una droga que los jóvenes soldados de infantería de la pandilla de’Fresno Hoover’, como Aaron Foster, lucharon –murieron y fueron encarcelados- para vender en sus calles”.

La adicción a la heroína es una plaga que ha mermado a todas las poblaciones, incluida la de color. Foto: thescienceexplorer.com.

California, un gobierno estatal dominado por demócratas, dice la fuente, impulsa la industria de la mariguana y “está llevando a cabo una amplia evaluación revisionista de su sistema de justicia penal; en particular, para combatir los efectos en sus millones de personas de color”, con un debate sobre las licencias de venta minorista “que refleja los principios de reparación social que han sustentado la discusión de políticas públicas en algunas ciudades más grandes durante meses”.

Se suponía que la legalización de la mariguana significaba “más que un nuevo flujo de ingresos fiscales y una forma menos estresante para que los adultos se drogaran”. Pero usar la industria emergente para corregir errores pasados, “una prescripción de política conocida como equidad social”, ha resultado difícil incluso en ciudades de izquierda como Los Ángeles, San Francisco y Oakland, sostiene el Post.

La idea, dice Scott Wilson, el autor del referido reporte, es “dar un trato preferencial dentro de la industria del cannabis a los afectados desproporcionadamente por la guerra contra las drogas. Las ciudades que desarrollan políticas de equidad social están midiendo ese daño calle por calle y persona por persona.

El cultivo de la mariguana, “está emergiendo entre los viñedos de California, ofreciendo promesa y preocupación”.

Oakland, por ejemplo, continúa Wilson, requiere que al menos la mitad de sus licencias de venta minorista de cannabis “vaya dirigida a solicitantes de capital social, lo que puede incluir a personas con condenas anteriores por delitos relacionados con la mariguana”.

Sacramento, que adoptó una política de equidad social el otoño pasado, “ha identificado vecindarios específicos para obtener licencias preferenciales”.

Jay Schenirer, del Consejo Municipal de Sacramento y quien ayudó a desarrollar los criterios de equidad social de esa ciudad, puso el dedo en la llaga: «Ciertamente hubo un grupo de personas perjudicadas por la política del gobierno… Si podemos mirar a esas mismas personas para generar actividad económica, entonces debemos hacer eso».

Pero no todo es miel sobre hojuelas. “El principal problema al que se enfrentan los solicitantes de equidad social es simple: el dinero”. Y es que el costo de abrir una tienda de cannabis en toda forma puede llegar a 1.5 millones de dólares, “una suma desalentadora en una industria que no puede recurrir a líneas de crédito o préstamos bancarios tradicionales”. En otras palabras, esta nueva ‘gallina de los huevos de oro’ ha venido a ser una verdadera oportunidad, pero para los «empresarios de la cannabis… ya que algunos activistas llaman de manera instantánea a los inversores externos con el capital para iniciar operaciones minoristas”.

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No obstante, varias ciudades -una de ellas Fresno- están buscando formas de limitar la influencia de los grandes inversionistas, “que a menudo se asocian con solicitantes de capital social para obtener su estatus preferencial, pero que no reinvierten en la comunidad”. En Los Ángeles, por ejemplo, “un concesionario minorista de cannabis debe poseer al menos el 51 por ciento de la operación”, afirma el Post.

Los defensores de la equidad social están instando a los gobiernos estatales y locales a que asignen más dinero para el financiamiento inicial de la cannabis. El gobierno de Fresno se comprometió a aportar un fondo de 50 millones de dólares, que irá asignando gradualmente; primero invertirá 10 millones, luego 20 y así sucesivamente, en un momento en que «la industria en general está luchando para salir a la luz».

Pero, “Los altos impuestos y las tarifas regulatorias, un mercado negro todavía próspero y la sobreproducción masiva entre los cultivadores con licencia están frenando el desarrollo de lo que se considera conservadoramente hablando un mercado legal de cannabis que hoy por hoy tiene un valor anual de 7 mil millones de dólares”.

Las oportunidades no son para tdos por igual

Malaki Seku-Amen, directora ejecutiva de California Urban Partnership, una organización sin fines de lucro que ayudó a desarrollar las políticas de equidad social de Sacramento, declaró a la fuente que «Los inversionistas adinerados llegan en Ferraris mientras la gente de color anda en bicicleta”.

La reparación

Los siete puntos de venta de cannabis que la ciudad de Fresno planea licenciar este año seguirían operando bajo las reglas de la mariguana medicinal, reporta Wilson. “Esas tiendas generan mucho menos ingresos que las que están abiertas para los usuarios recreativos, y habrá un impulso para garantizar que la transición de lo médico a lo recreativo ocurra”.

En noviembre, los votantes de la ciudad fácilmente aprobaron una medida para recaudar impuestos sobre la cannabis. El 10% de los ingresos anuales proyectados es de 10 millones de dólares. De esos, aproximadamente 1 millón al año se destinarán a un «fondo de beneficios comunitarios», dinero que podría usarse para reconstruir los vecindarios golpeados por las drogas.

«Esta es la justicia social para nosotros», dijo al Post Gidai Maaza, terapeuta de salud mental que está buscando una licencia de cannabis como parte del Dispensario Popular, una organización nacional con fines de lucro y con dispensarios minoristas con licencia a través de residentes locales. «Esto es reparación», señaló.

Fresno espera alrededor de 10 solicitantes para cada una de sus siete licencias iniciales.

Quiénes las obtienen y cómo debe decidirse, es un proceso en desarrollo. La línea de espera ya se está formando.

Como parte de un proyecto conjunto para documentar y apuntalar en la opinión pública los esfuerzos de la reforma al sistema de justicia penal, Línea Abierta de Radio Bilingüe continuará transmitiendo novedades y contenidos sobre este tema de la mariguana y la equidad social en su programación venidera.

Además, el lunes 6 de mayo se celebrará una audiencia tripartita donde la ciudad, su Consejo Municipal y el Dispensario Popular discutirán sus respectivas propuestas para la instauración de una política pública que norme esta actividad en Fresno.