Los agricultores de Georgia culpan a la ley de inmigración por la falta de trabajadores. Foto: David Goldman / AP.
El titular del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, Alejandro Mayorkas anunció la emisión adicional de 20 mil visas H-2B para trabajadores invitados -no agrícolas- de temporada, antes de la contratación para el invierno. Es la primera vez que DHS ofrece visas adicionales, además de la 30 mil ya reservadas para empleadores estacionales, mientra en georgia surge una denuncia de casos de «esclavitud moderna» que podría opacar la noticia de Mayorkas.
El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, Alejandro Mayorkas anunció la emisión de 20 mil visas adicionales, H-2B, que estarán disponibles el 31 de marzo o antes para los empleadores que buscan contratar temporalmente a jardineros, trabajadores de hotelería y para las estaciones invernales de esquí:
“En un momento de crecimiento laboral récord, las visas H-2B adicionales ayudarán a impulsar la recuperación económica histórica de nuestra nación”.
En tanto, una investigación federal descubrió serios abusos o una suerte de “esclavismo moderno” en el programa de visas H-2A, éste para trabajadores agrícolas, en las granjas del Sur de Georgia. Según las autoridades, la investigación incluyó “al menos dos casos de trabajadores obligados a cavar cebollas con las manos desnudas, bajo la amenaza de violencia con armas de fuego”, reportó The Atlantic Journal-Constitution.
De acuerdo con esto, en 2020 los contratistas en Georgia trajeron a más de 17 mil trabajadores agrícolas temporales al estado, a través del programa H-2A, comparado a unos 6 mil 500 en 2015, según un análisis de datos federales del Atlanta Journal-Constitution. En total, los contratistas emplearon el 64 por ciento de la fuerza laboral H-2A de Georgia en 2020, en comparación con el 53% cinco años antes.
La abogada Solimar Mercado-Spencer, que representa de forma gratuita a trabajadores agrícolas en la región a través del Programa de Servicios Legales de Georgia, dijo a la fuente que a raíz de la referida investigación federal se descubrieron condiciones de “esclavitud moderna” en los cultivos de la cebolla en granjas del sur de Georgia.
Mercado-Spencer sostiene que el asunto de a quién culpar “No es tan simple», como dicen algunos que proponen no comprar cebollas. Sería difícil poner en práctica un boicot a los cultivos producidos por la mano de obra que fue explotada, dijo la abogada, “en gran parte porque no está claro en qué granjas ocurrieron los crímenes” descritos en la imputación presentada el 22 de noviembre por la fiscalía federal para el Distrito Sur de Georgia.
La mayoría de los acusados fueron los intermediarios o ‘enganchadores’, como también los hemos identificado permanentemente en este espacio informativo. Estos enganchadores buscaban trabajadores en México, Guatemala y Honduras y los traían a Georgia bajo el programa temporal de visa H-2A, y los ponían a trabajar en las referidas granjas. Y esto dificulta contestar la pregunta de si los agricultores son legalmente responsables de los abusos que encontraron los investigadores, dice la fuente.
Por otro lado, el programa de visas H-2B permite a los empleadores estadunidenses contratar hasta 66 mil trabajadores extranjeros de temporada al año, con las asignaciones divididas en partes iguales entre las temporadas de invierno y de verano.
Y de las 20 mil visas adicionales que anunció Mayorkas, “6 mil 500 se reservarán para solicitantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití, países que han enviado un gran número de migrantes a la frontera de Estados Unidos en los últimos meses”, lo que aparece como una medida para aliviar un poco la crisis en la frontera. El resto de las visas se reservará para los trabajadores que regresan todos los años de cualquier país.
La fuente señala también que “Desde 2017 el Congreso ha permitido que el DHS aumente cada año ese límite hasta en 64 mil visas adicionales, aunque ni las administraciones de Trump ni la de Biden se han acercado a ese límite a pesar de la demanda”.
Respecto a los casos de “esclavitud moderna” en Georgia, los conspiradores habrían vendido e intercambiaron trabajadores entre ellos. Y para responsabilizar tanto al agricultor como al contratista por violaciones laborales, «las autoridades en Georgia deben demostrar que el agricultor ejerció un grado significativo de participación en el maltrato de los trabajadores».
La directora ejecutiva de la Colaborativa del Sur Legal, una organización no lucrativa que aboga por los derechos de los trabajadores del campo, con sede en Atlanta, Shelly Anand declaró al Atlanta Journal que “Es muy difícil probar que los agricultores son responsables, a menos que los contratistas estén dispuestos a decir: ‘El agricultor me dijo que hiciera esto’… Necesitan agarrarlos con las manos en la masa para que los agricultores sean castigados”.
En opinión de Anand, ese grado de protección ante la justicia es una de las razones por las que algunos agricultores trabajan con intermediarios en primer lugar.
Entre tanto, el programa de visas H-2B, para trabajadores no agrícolas podría enfrentar desafíos particulares este año, ya que los países que envían con más frecuencia estos trabajadores están cubiertos por la prohibición del presidente Biden sobre viajeros no vacunados; y muchos de esos trabajadores no están vacunados o recibieron vacunas no aprobadas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC.
Los empleadores han pedido a la administración Biden que exima a los trabajadores extranjeros del requisito, pero hasta el momento la administración federal aún no ha actuado, concluye por su parte The Wall Street Journal■.
