Las redadas no incluyen las órdenes de arresto para el teléfono de Castellano o para la casa de uno de sus asistentes.

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), una de las organizaciones latinas de derechos civiles más antiguas de Estados Unidos echó a andar las alarmas luego de que varios de sus miembros fueran allanados en sus casas como parte de una investigación de fraude electoral por la oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton.

Paxton había declarado que como parte de una investigación de dos años su oficina ejecutó múltiples órdenes de cateo en los condados de Bexar -que incluye San Antonio-, Frio y Atascosa, pero su oficina no proporcionó detalles de la investigación.

En tanto, líderes de Lulac dijeron a la prensa que las autoridades irrumpieron en las casas de los voluntarios latinos, algunos ancianos, antes del amanecer y “con las armas desenfundadas»; y con escasa información sobre tal investigación del procurador estatal. Criticaron las redadas como un esfuerzo por intimidar a los votantes latinos.

Y es que, desde las elecciones de 2020 los republicanos de Texas han reescrito drásticamente las leyes electorales de ese estado, lo que ha vuelto ilegales algunas prácticas de larga data, reporta el Texas Tribune.

Y aunque nadie de Lulac ha sido arrestado, funcionarios de esta organización afirman que la operación fue diseñada también para intimidar a sus miembros.

De acuerdo con la fuente, Lulac calificó de «tontería» la investigación de fraude electoral sometida por la oficina de Paxton, una vieja práctica del procurador que ha sido desmontada científicamente en varias ocasiones sin arrojar los resultados buscados.

Y pidieron al Departamento de Justicia una investigación federal y estatal que investigue las redadas contra al menos tres de sus miembros en Texas.

Mientras, la candidata demócrata a la Cámara de Representantes del estado texano, Cecilia Castellano adelanta su propia investigación, en la que no se refiere a ninguna de las acusaciones que la oficina de Paxton presentó en una declaración jurada.

Sin nombrarlo, Castellano dijo a la fuente que los principales republicanos del estado habían respaldado públicamente a su oponente, el exalcalde de Uvalde, Don McLaughlin Jr.

Ya desde 2022 la Unidad de Integridad Electoral había recibido una referencia de la fiscal del Distrito Judicial 81, Audrey Louis, con respecto a las acusaciones de fraude electoral y recolección de votos que habrían ocurrido durante las elecciones de ese año. Dijo que la investigación posterior de dos años proporcionó pruebas suficientes para obtener las órdenes de registro en apoyo de la investigación en curso.

Pero en una carta a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, el presidente y el director ejecutivo de Lulac, Roman Palomares solicititó una «acción inmediata» por parte de la agencia federal.

Sin embargo, las declaraciones juradas de las órdenes de allanamiento obtenidas por The Texas Tribune muestran que los agentes estaban investigando las acusaciones de que un operador político del condado de Frio había recolectado ilegalmente votos para múltiples contiendas locales.

Las redadas ordenadas por Paxton no incluyen las órdenes de arresto para el teléfono de Castellano o para la casa de uno de sus asistentes, Manuel Medina, expresidente del Partido Demócrata del Condado de Bexar y jefe de gabinete de la representante estatal, Elizabeth «Liz» Campos, una demócrata de San Antonio.

Por su parte, el senador estatal demócrata de San Antonio, Roland Gutiérrez dijo que él y otro legislador planeaban solicitar otra investigación estatal al vicegobernador republicano, Dan Patrick, de quien sin embargo no espera resultados, pues difícilmente concederá tal revisión, afirmó el senador.

Para profundizar un poco más en el tema escuche la edición de hoy de Línea Abierta: