Mucho en juego en la recta final para aprobar la Ley del Campo

“Los campesinos no van a ir al campo si se van a poner en peligro de que van a ser deportados. Ese es un gran problema. Si no se arregla esto va a haber una escasez de alimentos”.

Campesinos del Valle Central de California, el gremio que se encuentra entre los más expuestos a la Fiebre Del Valle y el clima extremo. Foto: Heidi de Marco.

A menos que la Ley del Campo, o The Farm Bill sea aprobada en el Congreso antes del 30 de septiembre, más de 41 millones de personas, muchas de ellas latinas podrían quedarse sin ayuda alimentaria. Líderes de los agricultores advierten además que la dilación podría provocar una escasez de alimentos. Estas fuentes insisten que dejaría desamparados a un gran número de productores y trabajadores afectados por fenómenos climáticos como inundaciones, incendios, huracanes y sequías. Con los detalles, desde la ciudad de Washington, Jose López Zamorano.

En los recintos del Congreso y en las granjas de Estados Unidos desde hace meses se discute el futuro de la Ley del Campo 2023, que se renueva cada cinco años y apoya no sólo a cientos de miles de granjeros y ganaderos sino a 41 millones de personas que reciben cupones de alimentos.

La mexicano americana, Xóchitl Torres-Small es la subsecretaria de Agricultura de Estados Unidos. En una de las múltiples audiencias destacó las prioridades de la Ley de Campo 2023, la principal herramienta de política agrícola y alimentaria de Estados Unidos.

“Asegurar que las familias tengan suficiente comida en su mesa, apoyar a los productores con los instrumentos que necesitan para combatir el clima extremo, tener acceso a más y mejores mercados e invertir en la resiliencia y prosperidad en el campo”

A diferencia de las discusiones de años anteriores el tema del cambio climático ocupa un perfil más alto este año. El campo ha resentido el embate de sucesivos fenómenos meteorológicos que han azotado las zonas rurales con mayor frecuencia e intensidad.

Rudy Arredondo es presidente y fundador de Latino Farmers & Ranchers International Inc; representa a más de 75 mil granjeros y ganaderos latinos, que en conjunto laboran unos 32 millones de acres en Estados Unidos. A pocas semanas del plazo de terminación de la pasada Ley del Campo, advierte sobre los riesgos de no renovarla en 2023.

“El otro problema son los eventos climáticos. Los desastres, los huracanes, los tornados, la sequía, las inundaciones que han ocurrido y nadie ha puesto una asesoría en términos de cuántos acres no van a poder sembrar”

En su opinión, se requiere además protecciones laborales para asegurar que el campo cuente con suficiente mano de obra.

“Los campesinos no van a ir al campo si se van a poner en peligro de que van a ser deportados. Ese es un gran problema. Si no se arregla esto va a haber una escasez de alimentos”

Finalmente sostiene que es importante arreglar el problema de los trámites burocráticos para obtener apoyo o préstamos.

“Es como que te dan una paleta con el celofán y la estás lamiendo, pero no puedes quitarle el celofán”

Por primera vez en la historia la Ley del Campo tendrá un costo superior a un millón de millones de dólares. Por ello los republicanos más conservadores condicionaron su voto a reducir el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). 16 por ciento de sus beneficiarios son los hispanos más pobres del país. La aprobación de la ley está ligada al paquete de gasto presupuestal del año fiscal 2024. A menos de un acuerdo o una extensión temporal, podría provocar el cierre del gobierno.

Isaac Cohen es un economista que dirigió la Comisión para la Cooperación de América Latina (CEPAL) en Washington, DC.

“Esto de llevar las cosas al precipicio. Para poder conseguir consenso es un poco delicado. Sería bueno que se pusieran de acuerdo sin necesidad de alarmar, de que se va a cerrar el gobierno y que van a dejar de pagar los cheques de los soldados y los cheques de la Seguridad Social”