ICE anunció los próximos arrestos en las ciudades santuario de California. En noviembre de 2016 y muchas veces desde entonces, los manifestantes de Berkeley han abogado por los derechos de los inmigrantes. Foto: Anthony Bertolli.
De la redacción
Hoy lunes la Suprema Corte de Justicia se negó a escuchar el desafío de la administración Trump a una ley ‘santuario’ de California, dejando intactas las reglas que prohíben a sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ayudar a los agentes federales a arrestar inmigrantes cuando son liberados de la cárcel. Esto ha sido visto como una victoria de California sobre la administración Trump.
Mientras millones de inmigrantes, entre recipientes de DACA, sus familias, amistades y aliados esperaban con ansiedad y hasta con cierto temor la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el destino de DACA, y cuando una encuesta nacional de la cadena CBS muestra que casi nueve de cada 10 estadunidenses, y el 73% de los republicanos encuestados apoyan el programa, el máximo tribunal emitió hoy un importante fallo.
En el caso llamado “Estados Unidos v. California”, acerca de la legalidad de la ley santuario de ese estado, sólo los jueces Clarence Thomas y Samuel A. Alito Jr. votaron, aunque sin éxito, para escuchar la apelación de la administración Trump.
Por su parte, expertos afirman que esta confrontación legal supone no sólo la preocupación por el destino de un sector importante de la población estadunidense, los Dreamers o Soñadores acogidos a DACA (‘dacamentados’), sino un asunto de autonomía; un choque entre el poder federal y los derechos de los estados.
Hay que tener presente que los dacamentados han sido catalogados como trabajadores esenciales en el combate a la pandemia de Covid-19, y que además de sus aportaciones como médicos, científicos, enfermeros, abogados, profesores, artistas, cuidadores de niños y ancianos, etcétera, hacen una gran aportación económica a las arcas de esta nación.
Como se recordará, el desafío legal de la administración Trump -EE UU v California- fue lanzado por el ex Fiscal General, Jeff Sessions, quien insistió en que California estaba interfiriendo inconstitucionalmente con la aplicación de la ley federal de Inmigración.
Pero en una decisión escrita por el fallecido juez Antonin Scalia, la Corte Suprema ha dicho que “los funcionarios estatales y locales no están obligados a llevar a cabo la aplicación federal. La doctrina de los derechos de ese estado parece haber prevalecido», reporta Los Angeles Times. Incluso los dos jueces nombrados por Trump, Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh se negaron a escuchar la apelación de la administración.
Los abogados de California también enfatizaron que el estado coopera con agentes federales si tienen una orden judicial o si los inmigrantes están detenidos por delitos graves o violentos, incluidos los presos que están cumpliendo condena en el sistema estatal.
Cuando el estado adoptó la Ley de Valores de California en 2017, en respuesta al aumento en la presión de las autoridades federales contra los inmigrantes, los legisladores estatales pensaron que esto minaba la confianza de los pobladores de california en las autoridades, y en particular en la policía local, para reportar crímenes de los que fueran testigos, lo que mina la seguridad de la comunidad.
Hoy esta decisión de la Suprema Corte ha sido recibida con júbilo por el gobierno y los inmigrantes de California, pero la lucha por los dacamentados, y posteriormente por una solución legislativa permanente para los 11 millones o más de indocumentados en el país continúa cuesta arriba■
