La Casa Blanca consideró ayer deshumanizante la ley firmada el lunes por el gobernador de Texas, Greg Abbott, al tiempo que organizaciones defensoras de los derechos civiles impugnaron la medida ante tribunales y más de 20 congresistas demócratas enviaron una carta al fiscal general, Merrick Garland, para impedir que entre en vigor la iniciativa del mandatario republicano.

El gobernador de Texas, Gregg Abbott presume éxito de la Operación Lone Star, operativo antinmigrtante impugnado legalmente. Foto: José López Zamorano.

Marco Vinicio González

El gobernador de Texas, Greg Abbott acaba de promulgar la SB4, una de las más estrictas leyes estatales antinmigrantes que autoriza a la policía local a arrestar “sospechosos de haber cruzado la frontera ilegalmente y expulsarlos a México.

Pero la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, ACLU y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas demandaron al gobierno texano en un tribunal federal de Austin, argumentando que la SB4 impediría que los inmigrantes soliciten asilo en Estados Unidos, un derecho universal independientemente de cómo se ingrese al país de destino.

En nombre del condado de El Paso y de dos organizaciones más de derechos de los inmigrantes, Americas Immigrant Advocacy Center, de El Paso, y American Gateways, de Austin, los demandantes sostienen que la SB4, que entrará en vigor el 5 de marzo, viola la Constitución de Estados Unidos.

Porque el Congreso, dicen, otorga la facultad sobre los procesos de la inmigración exclusivamente al gobierno federal, ya que la inmigración se da entre países y no entre estados o municipios. Y pidieron a un juez federal que impida que Texas implemente la SB 4 y la declare ilegal.

A través de su red consular México dice que actuará con contundencia para defender a los mexicanos con todos los recursos legales a su disposición, ante la amenaza de Abbott. Y afirma además que Texas debe frenar la construcción de un muro flotante en el cauce del río Bravo, para el que un juez federal estadunidense dictaminó ya su retiro.

En su oportunidad, el presidente mexicano acusó a Abbott de estar actuando de esa forma porque quiere ser candidato del Partido Republicano a la vicepresidencia de Estados Unidos y ganar popularidad, pero que ya se hacen gestiones para su impugnación.

Entre tanto, empresarios y operadores ferroviarios presionan a las autoridades de Eagle Pass y El Paso para que se reabran los puentes ferroviarios que, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha causado en tres días pérdidas por alrededor de 300 millones de dólares. Y el jefe de política de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Neil Bradley sostuvo que detener el movimiento legal del comercio no hará nada para asegurar la frontera.

Así las cosas, seis senadores, incluido John Cornyn, enviaron una carta a Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional (DHS), asegurando que la medida no es parte de una política real para reducir la migración, y que sólo genera pérdidas a la economía binacional; y que el tema debe abordarse las sin afectar los flujos de mercancías. Sin mencionar los flujos humanos.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos señaló que el total de mercancías transportadas por ferrocarril entre los puertos de El Paso y Eagle Pass había superado hasta octubre los 3 mil millones de dólares en ambas direcciones, los que representa cerca del 4 por ciento del comercio total a través de la frontera, que hasta octubre ascendía a 8 mil 400 millones de dólares.

Esta cifra contrasta, dijo, con los 51 mil 200 millones de dólares transportados por camión, lo que impacta la cadena de suministro de productos básicos críticos, incluidos automóviles, productos industriales y cereales, en medio de la temporada navideña.