“Si el agua utilizable llega al embalse, se libera para su uso río abajo y llega a Texas y México en las cantidades adecuadas… se pelea por quién en Nuevo México está tomando demasiado y pagando muy poco. Y que el caso “puede resolverse en otro lugar que no sea la Corte Suprema”.
Trayecto del Río Grande en Big Bend National Park,
frontera de México y Estados Unidos. Foto: Wikipedia.
Marco Vinicio González
Conocido en México como el Río Bravo y en Estados Unidos como el Río Grande, este inmenso cuerpo de agua que separa a ambos países, junto con el Río Clorado es uno de los principales afluentes cuya longitud es de mil 896 millas, lo que lo convierte en el cuarto río más largo de América del Norte.
Hoy el Río Grande se halla en una nueva disputa legal sancionada por un juez federal que recomendó el lunes que la Corte Suprema apruebe un acuerdo entre tres estados del Oeste, Colorado, Nuevo México y Texas, sobre la gestión del reparto y consumo del vital líquido.
No queda claro cuándo la Corte Suprema tomará la recomendación y emitirá su fallo sobre el caso, pero los tres estados habían llegado al acuerdo el año pasado, mismo al que el gobierno federal se opuso por varias razones, “incluyendo que la propuesta no exigía limitaciones específicas de captura o uso de agua dentro de Nuevo México”, dice Prensa Asociada.
Funcionarios de Nuevo México han dicho que implementar el acuerdo requerirá reducir el uso del agua del Río Grande a través de una combinación de esfuerzos que van “desde pagar a los agricultores para que dejen sus campos estériles hasta realizar mejoras en la infraestructura”.
Pero durante una reunión legislativa reciente algunos legisladores de Nuevo México señalaron que “el acuerdo creará una batalla entre los usuarios del sur y el norte de Nuevo México”, y que la mayoría de los agricultores “no aceptarán los precios que ofrece el estado a través de un programa de barbecho”, en el que no se siembra durante uno o dos años para que la tierra descanse o se regenere.
Y es que durante los últimos 20 años los agricultores del sur de Nuevo México tuvieron que depender de los pozos de agua subterránea cada vez más profundos, y esto generó otra disputa legal con el estado de Texas, que alega que dicho bombeo estaba “reduciendo la cantidad de agua que se le entregaba como parte del pacto interestatal”.
Con todo, Héctor Balderas, exfiscal general de Nuevo México que tomó parte en las negociaciones, dijo estar “agradecido de que el juez recomendara la aprobación”, que consideró como “una victoria histórica para los agricultores y ganaderos de Nuevo México… y para las generaciones futuras”.
La propuesta reconoce el nuevo uso de una estación de medición de agua cerca de El Paso, Texas, para garantizar que Nuevo México entregue lo que se le debe y abandone los desafíos legales contra Texas a cambio de aclarar cómo se contabilizará el agua a medida que fluye río abajo.
La propuesta impone a Nuevo México “el deber de administrar el uso de agua de los ciudadanos para cumplir con los requisitos de entrega en la nueva estación de medición”.
Y si no envía suficiente agua a Texas, “entonces el Distrito de Riego de Elephant Butte, el más grande de Nuevo México debe transferir temporalmente los derechos a un distrito de riego en Texas”. Y si Texas recibe demasiada agua tendría que transferir una cantidad similar, del distrito de El Paso al distrito de Elephant Butte.
El juez especial de circuito que supervisa el caso, Michael Melloy dijo a la fuente que no hay nada en la propuesta que proteja a Nuevo México, o a los usuarios del estado contra futuras reclamaciones de la Oficina Federal de Recuperación o de otros habitantes de Nuevo México.
“Si el agua utilizable llega al embalse, se libera para su uso río abajo y llega a Texas y México en las cantidades adecuadas… se pelea por quién en Nuevo México está tomando demasiado y pagando muy poco”. Y agregó que el caso “puede resolverse en otro lugar que no sea la Corte Suprema”•
