Marco Vinicio González
Noticiero Latino, Nueva York
Si algo ha quedado claro desde hace algún tiempo para algunos es que los republicanos no cederán en el tema de la reforma migratoria y menos aun en año de elecciones. De hecho hace unas horas apenas el Foro Nacional de Inmigración comunicó que el Presidente del Comité Judicial de la Cámara, congresista por Virginia, Bob Goodlatte ha programado una discusión sobre el proyecto de ley de la congresista republicana de Tennessee, Diane Negro, que prohibiría el uso de fondos federales para posiciones críticas a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como el defensor público y el Subdirector de Programas de Custodia. No obstante muchos siguen con la ilusión de que algo pueda pasar de una manera impensada o extraordinaria, o lo que los historiadores llaman “las contingencias” de la historia, que a veces han volcado el curso de grandes acontecimientos sociales. Pero mientras estas ilusiones se mantiene como tal, en un plano de menor perfil o quizás más discreto, resultado del trabajo de la comunidad inmigrante y sus aliados, se va ganado terreno y afianzándose logros que sedimentan el camino.
Esta semana en el orden legal se bloquearon disposiciones que criminalizarían no sólo a los inmigrantes indocumentados sino al resto de la comunidad en general en algunas localidades. Tal es la decisión de la Suprema Corte de justicia de Estados Unidos, por ejemplo, que declinó escuchar los argumentos de gobiernos locales que apelaron dictámenes de cortes menores, quienes mantienen congelada la ordenanza antinmigrante sobre el derecho a la vivienda de alquiler de los indocumentados en Hazleton, Pensilvania y Farmers Branch, Texas. La Suprema ha mantenido desde 2012 que los asuntos de inmigración son competencia federal, no de gobiernos locales. De hecho la decisión de este máximo tribunal agota las posibilidades de apelación para los impulsores de estas medidas antinmigrantes, les pone tope, les dice: No más.
Por otro lado una coalición pro derechos civiles logra importante acuerdo con el gobierno estatal de Carolina del Sur, para mantener vigente una protección y bloquear permanentemente disposiciones que criminalizan la interacción diaria con los inmigrantes indocumentados; evitará la aplicación de una disposición que habría impuesto sanciones penales a quienes no porten documentos de migración en la calle, y pone límite a la práctica conocida como perfil racial. El acuerdo tendrá que ser aprobado todavía por una corte.
Y como muestra del hastío y la indignación ante los futiles juegos políticos en Washington, que en la vida cotidiana de un inmigrante indocumentado en este país se traduce tantas veces en tragedia, un grupo de ‘soñadores’ decidieron lanzar su propio candidato al Congreso para llenar la vacante que deja luego de más de dos décadas el congresista por Arizona, Ed Pastor.
Hazleton y Farmers Branch
Las ordenanzas antinmigrantes en Hazleton y Farmers Branch han sido halladas inconstitucionales en repetidas ocasiones en juicios y tribunales federales de apelación. “Hoy, los partidarios de las ordenanzas fracasaron en su último intento final para resucitar a estas leyes, que han estado bloqueadas durante años y sin efecto. Esperamos que Farmers Branch y Hazleton se unan a ciudades de todo el país que están buscando la manera de hacer de sus ciudades lugares acogedores para los inmigrantes, en lugar de escribir la hostilidad y la discriminación en el derecho interno», declaró en comunicado Omar Jadwat, abogado supervisor del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes, de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, Aclu.
La Aclu de Pennsylvania, Latino Justice/PRLDEF, en Nueva York, el Proyecto de Justicia Comunitaria y la firma de abogados, Cozen O’Connor desafiaron las prohibiciones de vivienda contra los inmigrantes indocumentados y las ordenanzas laborales en nombre de los residentes de Hazleton desde hace años. La primera fue promulgada en agosto de 2006, pero ninguna de estas medidas ejecutivas ha sido puesta en práctica nunca. Dichas ordenanzas habrían impedido a los individuos, que la ciudad define como «extranjeros ilegales», obtener vivienda de alquiler, y habría castigado tanto a los residentes como a los negocios en Hazleton por participar en una amplia gama de interacciones comerciales con personas que no pudieran demostrar permiso federal de trabajo.
La ciudad apeló esa decisión en 2007 y volvió a perder en el tribunal federal de apelaciones en 2010. El caso llegó a la Corte de Apelaciones en agosto de 2012 para su revisión, a la luz de las sentencias del Tribunal Supremo sobre dos leyes de inmigración de Arizona en 2011 y 2012 (SB 1070 y SB 2162). Los grupos de derechos civiles argumentaron con éxito entonces que aquellos casos reafirmaron la opinión de que las ordenanzas de Hazleton eran inconstitucionales.
Terri Burke, director ejecutivo de la Aclu en Texas opinó por su parte tras la decisión de la Suprema, que “Texas le debe mucho a nuestros amigos inmigrantes, vecinos y miembros de la familia que contribuyen a nuestra continua prosperidad económica. Con la decisión de la corte hoy, por fin podemos cerrar el libro de los torpes intentos y discriminatorias ordenanzas de Farmers Branch para excluir a los inmigrantes que trabajan duro de nuestras comunidades. Sabemos que los residentes de Farmers Branch deben estar encantados de que esta costosa batalla legal financiada por el contribuyente haya por fin terminado».
Carolina del Sur
La coalición de derechos civiles que desafió a la ley antinmigrante de Carolina del Sur, la Ley 69, también conocida como SB 20, anunció ayer un acuerdo con ese Estado para bloquear permanentemente las disposiciones clave de dicha legislación, y proporcionar límites estrictos a las disposiciones de «perfiles raciales» de la ley. Asimismo el acuerdo, suscrito por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, puso fin a dos demandas consolidadas contra la Ley 69 en el estado, comunicó la referida coalición, compuesta entre otros por The National Immigration Law Center, El Southern Poverty Law Center, Aclu Nacional y The Mexican American Legal Defense and Education Fund, o Maldef.
Un componente clave del referido acuerdo de solución crea estrictas guías para la provisión de la Ley 20, que obliga a cesar la demanda de la policía, «papeles por favor» a quienes parezcan extranjeros (no caucásicos preferentemente). El acuerdo incluye una opinión formal del Fiscal General del estado para aclarar que la ley estatal no autoriza a la policía a detener a una persona durante ningún período de tiempo para determinar su estatus migratorio. Y deja claro que en Carolina del Sur, “con independencia de dónde haya uno nacido, se puede vivir sin temor a ser detenido por la policía simplemente para determinar si está uno en este país sin autorización. Otros estados pueden -y deben – hacer esas aclaraciones en sus propias leyes», declaró Karen Tumlin, del National Immigration Law Center.
Los Dreamers
Un grup de dreamers de Arizona está cansado de ser atacado por los republicanos e ignorado por algunos demócratas. Por eso decidieron participar en el proceso electoral para elegir representantes que realmente los represente en sus intereses, que todos conocemos ya, y se fueron por la libre; propusieron como candidato independiente al prominente abogado de inmigración, José Peñalosa, un exrepublicano de 52 años edad, para competir por el asiento que deja vacío en el Congreso el veteranos Ed Pastor, quien estuvo representando a Arizona por más de dos décadas y que acaba de anunciar su retiro a la vida privada. José Peñalosa es miembro de la Academia de Liderazgo Flinn-Brown Cívico, graduado de la Valle de Liderazgo, Liderazgo Scottsdale, y del Instituto de Liderazgo Hispano. El compromiso de Peñalosa con el servicio comunitario se inició cuando se desempeñó como abogado personal de inmigración en Friendly House, y luego como abogado voluntario para la Coalición de la Ley del Sueño de Arizona, Mi Familia Vota, UFW y Principios Americanos. José Peñalosa fue recientemente a Washington, DC con miembros de la comunidad y cabildeó en el Congreso por una reforma migratoria, dice un comunicado.
La carrera de este abogado va a ser polémica y difícil, pues la victoria en estos procesos suele estar marcada -como los dados- por el poder del dinero; pero los Dreamers se comprometen a agitar el establecimiento político demócrata para asegurar la rendición de cuentas, o especialmente cómo algunos demócratas han utilizado el tema de la inmigración para juegos y cálculos políticos, mientras que no han instando firmemente al Presidente a detener las deportaciones.
Hemos visto cómo las políticas oficiales de inmigración en estados con un creciente número de votantes latinos se ven franqueadas por diversos movimientos proinmigrantes. Además, corre por estos días la gira del autobús “Fast for Families” (Ayuno por las familias) a través de 75 distritos del Congreso de Estados Unidos, y siguen los llamados a la acción ejecutiva para detener las deportaciones. O sea, la lucha sigue.
Por otro lado, el reporte de un panel independiente que condena el uso de fuerza letal por parte de la Patrulla Fronteriza, quien en su lugar ratifica esta práctica, son temas de conversación pendiente. Con todo, estas victorias -modestas o no- para los indocumentados, que siguen estigmatizados y siendo atacados por los ultraconservadores, vienen a representar, como dice el dicho popular mexicano, una (paleada) de cal, por las (tantas) que van de arena.
