La declaración de emergencia de Trump muestra cuán lejos quiere llegar para obtener lo que desea, y su falta consideración hasta con los fundamentos más básicos de esta democracia. Incluso algunos republicanos están alarmados por el precedente que establece la declaración de «emergencia» nacional.

Por segunda ocasión la administración Trump no envió esta vez una delegación para responder a las presuntas violaciones de derechos humanos de ICE, y responder preguntas de la CIDH.

Defensores de los inmigrantes afirman que la actual administración tiene la autoridad para crear regulaciones que reemplacen el Acuerdo Flores, y que los funcionarios ignoran sus protecciones sustantivas, en su voraz intento de deportar inmigrantes.

“133 trabajadores ‘ilegales’ fueron arrestados administrativamente por violaciones a la ley de inmigración”. Algunos recibirán avisos para comparecer ante un juez federal de Inmigración y serán liberados de la custodia; el resto permanecerá con ICE…

El llamado de las personas conscientes en este país -y aun desde el extranjero- es a no descansar hasta que las familias se reúnan y tengan un debido proceso en sus solicitudes de asilo. E “ir más allá del momento actual y lidiar con la amenaza estructural”.

La abogada Sarah Fabián le habría dicho al juez Sabraw que “necesitaba consultar con sus colegas para asegurarse de que el cese temporal de las deportaciones no afecte de manera adversa las reunificaciones ni provoque una desaceleración”.

«Nuestro informe expone la excusa de la administración Trump para detener a los solicitantes de asilo por lo que es, una excusa para poner más obstáculos en el camino de las madres y los niños que buscan asilo».