“En promedio los refugiados pagan al fisco 20 mil dólares más por persona de lo que reciben en beneficios. Tras establecerse en el país, es más probable que sean empleados que los nacidos en este país con similar educación, y menos probable que reciban asistencia pública”.

El muro, un ataque frontal a las ciudades santuario, E-Verify y particularmente la cruel propuesta de deportar de forma expedita a niños y menores no acompañados en busca de asilo, son sólo algunas de las medidas que incluye el documento que la Casa Blanca envió al Congreso este domingo.

La perspectiva de limitar las admisiones de refugiados por debajo de 50 mil personas ha causado alarma dentro y fuera de la administración, dada la crisis de refugiados que se está desarrollando en todo el mundo y la historia de Estados Unidos de asumir una posición de liderazgo en esta materia.

La acción de Trump es políticamente cobarde y económicamente contraproducente. Y, claro está, totalmente inhumana. Se trata de 800 mil almas que no arribaron sin documentos por cuenta propia, que sólo conocen a este país como su único hogar, que estudian, trabajan y contribuyen.

Además, el plan busca reducir la capacidad de ciudadanos y residentes legales para traer a miembros de sus familias a este país; la medida promulgaría también “los cambios más profundos en el sistema de inmigración legal de las últimas décadas para detener el flujo de recién llegados a EEUU”, declaró Steve Miller.

Lo más preocupante de todo este cuadro es que ante la parálisis legislativa y los reveses legislativos, ahora más que nunca Trump parece echar mano de su agenda antinmigrante como su tabla de salvación y el único rubro donde puede evidenciar resultados.

Una nueva encuesta encontró que el 74 por ciento de los estadunidenses apoya la ciudadanía (63%), o la legalización sin ciudadanía (11%) para los inmigrantes indocumentados, mientras que sólo el 23% respalda la deportación.