“La confusión e incertidumbre de la regla de ‘carga pública’ en el presente clima migratorio podría provocar que muchos inmigrantes que viven aquí legalmente se den de baja de programas de beneficio públicos o no los utilicen de ahora en adelante”.

Claudia Cubas, de la Coalición CAIR dijo que “la demanda apunta a permitir que los refugiados soliciten asilo de acuerdo con lo que dicen nuestras leyes, no en la forma en que el Fiscal General –William Barr- intenta reescribirlas».

“Los inmigrantes son un blanco muy fácil de atacar, pero como las últimas elecciones han comprobado, si atacas mucho a los hispanos, a los inmigrantes, esa comunidad se despierta”.

Stephen Yale-Loehr, de la Universidad de Cornell, dijo que el fallo del juez Tigar, “es un golpe importante a los esfuerzos de Trump por cambiar unilateralmente la ley de asilo… esto puede tener que ir a la Corte Suprema para una decisión final”.

Andrew Graham, funcionario del ICE en Boston declaró a AP que ICE trabaja con USCIS para programar entrevistas de tal manera que sus agentes “puedan estar presentes para realizar arrestos… Estamos en el negocio de la deportación y es nuestro trabajo localizarlos y arrestarlos”, dijo.

Quienes defienden a los inmigrantes y a la figura legal del asilo, dicen que la gran mayoría de las solicitudes de asilo son legítimas y que “tratar de ‘marcar las cartas’ contra los inmigrantes que huyen de situaciones peligrosas es inmoral y contrario a la ley internacional”..

“Desde 1999 se ha entendido el principio de carga pública como alguien que depende del gobierno para subsistir”, Medicaid, cupones de comida, subsidios de vivienda y otros beneficios.