El policía de Minneapolis, Derek Chaivin a la hora de estar asesinando con su rodilla fuertemente presionando el cuello del afroestadunidense George Floyd, quien yacía boca abajo en el pavimento con las manos esposadas en la espalda. Foto: https://www.change.org.

De la redacción

En Minneapolis, Minesota la jefa de policía municipal, Medaria Arradondo se retira de las negociaciones contractuales con el sindicato policial, al que acusó de restringir la reforma. Pero la Federación de Oficiales de Policía de Minneapolis instó al jefe de la policía y a la ciudad a regresar a las negociaciones contractuales. En esa ciudad de Minnesota una supermayoría a prueba de veto del ayuntamiento está considerando el desmantelamiento del Departamento de Policía.

En la ciudad de Los Ángeles el alcalde Eric Garcetti acordó recortar entre 100 y 150 millones de dólares en fondos del Departamento de Policía (LAPD), propuestos después de que los californianos denunciaron un proyecto para aumentar dicho presupuesto a mil 86 millones de dólares. La Coalición del Presupuesto Popular de Los Ángeles calificó la promesa de Garcetti como «un comienzo», pero dijo que un recorte de 150 millones de dólares «todavía dejaría a LAPD con el 51% de los ingresos irrestrictos de la Ciudad».

Por su parte la alcalde de San Francisco, London Breed propone que los policías de la ciudad dejen de responder a cuestiones como disputas entre vecinos, informes sobre personas sin hogar e intervenciones de disciplina escolar.

Apenas una semana después de que arrancaran las protestas contra la brutalidad policial y la injusticia racial detonadas en todo el estado de California por el asesinato del afrtoestadunidense George Floyd, a manos -o rodilla- del policia blanco Darek Chauvin, el gobernador Gavin Newsom pidió nuevas restricciones a las técnicas de control de multitudes y al uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden público; e incluyó la prohibición de las llamadas «retenciones carotídeas», como la propiciada por Chauvin a Floyd.

Por otro lado el viernes el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo firmó un paquete legislativo de reforma policial, destinado a responsabilizar más a los policías. Una medida que incluye el paquete es la Sección 50-a de la Ley de Derechos Civiles del Estado de Nueva York, que enfrenta la fuerte oposición de una coalición de sindicatos policiales bajo el argumento de que dicha medida revelará el secreto sobre la conducta de los policías y sus registros disciplinarios, que una ley de 1976 le proporcionó al personal policial y que se promulgó para eximir a los agentes de policía de ser interrogados durante los procesos penales.

Cuomo también designo a la Procuradora General de Nueva York, Letitia James, como Fiscal Independiente para supervisar las quejas de policías que tengan que ver con la muerte de civiles.

El alcalde de Bill de Blasio anunció la transferencia de fondos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), la mayor corporación policial del país, a servicios sociales y juveniles. Mientras, un grupo de miembros del Consejo Municipal propone recortar mil millones de dólares del referido presupuesto del  NYPD, que es de casi 6 mil millones de dólares. Pero de Blasio duda que esta sea la mejor manera de salir hacia adelante.

Por parte del Congreso

Además de la propuesta Ley de Confianza e Integridad en la Aplicación de la Ley de George Floyd, un proyecto legislativo contra la brutalidad policial y la injusticia racial impulsado por los demócratas, que incluye la prohibición del estrangulamientos y la creación de un Registro Nacional de Mala Conducta de la Policía, otra propuesta demócrata es la de poner fin a la inmunidad calificada. Sin embargo, ésta enfrenta una fuerte oposición de los republicanos en el Senado.

En un pasaje televisivo pudo verse al líder de la mayoría republicana en la cámara alta, Mitch McConnell, declarar que ese proyecto no iba a ningún lado. “No estamos interesados en eso”, dijo lacónico.

Pero la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi respondió diciendo que poner fin a la inmunidad calificada es una prioridad para los demócratas en cualquier conversación bipartidista que pueda ocurrir.

Hay también una propuesta del Senado republicano que convertiría el linchamiento en un delito federal, incentivaría a los departamentos de policía a denunciar el uso serio de la fuerza y aumentaría los fondos para cámaras corporales.

Por su parte la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que si ‘milagrosamente’ llega y pasa en el Senado, afirmó que el presidente Trump, quien tiene la facultad de vetar o aprobar la medida, considera que poner fin a la inmunidad calificada “no inicia bien”.

Una propuesta alternativa de líderes políticos y activistas civiles es organizar la vigilancia comunitaria, poniendo énfasis en el establecimiento de los contactos entre los oficiales de policía y la comunidad; para fomentar la buena voluntad y compartir los deberes de seguridad pública. Este ha sido un concepto de reforma durante décadas pero a partir de 2016, mientras que el 87.4% de los departamentos grandes tenían personal dedicado al enlace con la comunidad, sólo el 28.5% de los departamentos pequeños lo tenían.

Sin embargo, algunos creen que más personas ahora entienden que se trata de reducir el poder policial, quitar la rodilla de la policía sobre el cuello de la población civil, particularmente de negros latinos y otras minorías, y ofrecer soluciones reales a los problemas sociales para elevar a las personas y elevar a las comunidades■