De La Redacción
La Suprema Corte de Justicia ratificó una iniciativa de los votantes de Michigan que prohibía las preferencias raciales en las admisiones a las universidades públicas del estado, reporta The New York Times.
En una opinión mayoritaria, el juez Anthony M. Kennedy apoyado por el Presidente de ese máximo tribunal estadunidense, John G. Roberts Jr., y el juez Samuel Alito Jr. A., escribió:
«Este caso no es acerca de cómo se debe resolver el debate sobre las preferencias raciales… Se trata de quién puede resolverlo. No hay autoridad en la Constitución de Estados Unidos o en los precedentes de esta corte para que el poder judicial deje de lado las leyes de Michigan que emiten esta determinación política para los votantes».
El voto fue emitido sobre el caso, “Schuette v Coalición”, para Defender la Acción Afirmativa, en una votación de 6 contra 2.
La jueza Sonia Sotomayor disintió apasionadamente desde su asiento en la corte, dice la fuente. Sostuvo que la iniciativa añade una carga más sobre las minorías, una carga que no enfrentan los otros aspirantes a la universidad.
«La Constitución no protege a las minorías raciales de la derrota política», escribió Sotomayor. «Pero tampoco le dan rienda suelta a la mayoría, para erigir barreras selectivas contra las minorías raciales».
Por su parte, la jueza Ruth Bader Ginsburg se unió a la disidencia. Mientras que la jueza Elena Kagan se aparto de dicha votación, arguyendo que había trabajado en este caso como procuradora general de Estados Unidos.
La iniciativa de Michigan, conocida como la Proposición 2, fue una respuesta al sonado caso, “Grutter contra Bollinger”, una decisión del Tribunal Supremo en 2003, que confirmó el uso de la raza como un factor entre muchos otros en las admisiones al colegio de abogados, para garantizar la diversidad educativa.
La Propuesta 2 fue aprobada en 2006 por un 58 por ciento de los votantes de Michigan, y modificó la Constitución estatal para prohibir la discriminación o un trato preferencial en la educación pública, la contratación estatal y el empleo gubernamental. Grupos que favorecen la acción afirmativa demandaron bloquear la parte de la ley relativa a la educación superior.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, en San Francisco, había confirmado la prohibición sobre las preferencias raciales en California, en 1997, argumentando que «sería paradójico» gobernar de otra manera. El tribunal reafirmó tal decisión en 2010, sostiene el Times.
