Javier Aparisi
Noticiero Latino, Miami, Florida
La Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade explicó el miércoles a la prensa su reciente decisión de no seguir sufragando los costos de detención de personas señaladas por las autoridades migratorias federales como inmigrantes indocumentados sujetos a deportación.
La decisión aprobada través de una resolución el pasado 3 diciembre le ahorrará dinero a los contribuyentes, pero también tiene un componente humanitario.
«Esto no solamente tiene que ver con ahorrar dinero, esto también tiene que ver con salvar a las personas», de las órdenes de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE), señaló la comisionada, Sally Heyman.
En los años fiscales de 2011 y 2012, el condado gastó más de 1.5 millones de dólares para recluir a individuos con órdenes de detención de ICE, según un análisis llevado a cabo por Eduardo Ramos, abogado del bufete Kurzban, Kurzban, Weinger, Tetzeli y Pratt.
La antipatía hacia las deportaciones es algo real en un condado en el que más de la mitad de la población nació fuera del país. Sin embargo el dinero también anda escaso. El ejecutivo del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez vetó esta semana una resolución del Consejo local que hubiera reintegrado el 5 por ciento del sueldo de los funcionarios locales que se ha estado reteniendo para pagar el costo de su seguro médico.
