Parte de una campaña contra la regla de carga pública. Foto: https://cfpa.net.
De la redacción
La decisión del juez George B. Daniels:
“Mucho ha cambiado significativamente desde el 27 de enero. Hoy, el mundo está en medio de una pandemia devastadora, desencadenada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. En seis meses, aproximadamente 16.5 millones de personas en todo el mundo han sido afectadas por la enfermedad causada por este virus de Covid-19, que ha cobrado más de 650 mil vidas en todo el mundo. Sólo en Estados Unidos el COVID-19 se ha extendido rápidamente, infectando a más de cuatro millones de personas… 150 mil residentes estadunidenses han muerto. Todos estos números asombrosos continúan aumentando a diario… Miles continúan muriendo indiscriminadamente. Intentar combatir eficazmente esta plaga ha entrado inmediatamente en conflicto con la nueva política de ‘carga pública’ del gobierno federal, una política que tiene la intención de disuadir a los inmigrantes de utilizar los beneficios del gobierno y los penaliza por recibir asistencia financiera y médica”.
Representantes de algunas de las organizaciones demandantes
Javier H. Valdés, codirector ejecutivo de Make the Road NY la dijo en comunicado que “La regla de carga pública ha causado un daño inmenso a nuestras comunidades, un daño que se intensificó, ya que nuestro país se encuentra en medio de una crisis de salud… la regla, tanto del DHS como del Departamento de Estado (DOS) atacaron a nuestros seres queridos al imponer una prueba de riqueza racista en el sistema de Inmigración, dejando a los inmigrantes trabajadores elegir entre servicios vitales o permanecer juntos con sus familias”.
Susan Welber, abogada de la Unidad de Reforma de Derecho Civil de The Legal Aid Society, dijo: «Las decisiones de hoy son una gran victoria para nuestros demandantes y las comunidades de inmigrantes que se han visto desproporcionadamente afectadas por la salud pública y los impactos económicos de la pandemia. Los inmigrantes, especialmente las personas que laboran como trabajadores esenciales que luchan contra la propagación del coronavirus, necesitan acceso a servicios de salud, asistencia alimentaria y otros servicios esenciales que salven vidas para enfrentar la pandemia y proteger a sus familias sin temor a las consecuencias de inmigración. La orden judicial de la corte en todo el país contra la regla de carga pública del Departamento de Estado también protege a las familias inmigrantes en todo el país. Esperamos que las decisiones de la corte envíen un mensaje claro al gobierno para retirar estas reglas ilegales, racistas y antifamiliares, y si no lo hacen, continuaremos luchando contra ellas en la corte».
Brittany Thomas, becaria del Centro de Justicia, del Centro de Derechos Constitucionales, señaló: “En momentos como este, las decisiones de hoy significan grandes victorias para los demandantes y las comunidades de inmigrantes, quienes ahora pueden acceder a beneficios que salvan vidas sin temor. La emisión por la corte de una orden judicial a nivel nacional que detiene la regla de carga pública emitida por el Departamento de Estado significa un rechazo de la posición radical de esta administración de que están por encima de la ley. Nos complace que el tribunal reconozca las reglas de la carga pública como otro intento más de esta administración para socavar la autoridad del Congreso y dañar a las comunidades inmigrantes de color en el proceso. Hoy, las comunidades de inmigrantes en todo el país están protegidas y pueden centrarse en mantenerse saludables y seguras».
Joanna E. Cuevas-Ingram, abogada del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo: “Al implementar estas regulaciones, la administración Trump ha mostrado un desprecio flagrante por el estado de derecho y la salud de la comunidad en medio de una pandemia. La decisión del tribunal reconoce que todos los miembros de nuestras comunidades, incluidos los inmigrantes, deben poder acceder a las herramientas que necesitan para mantenerse saludables y seguros. Esta es una gran victoria y no descansaremos hasta que estas regulaciones odiosas, ilegales y discriminatorias hayan desaparecido para siempre”.
Antecedentes de las organizaciones demandantes
Make the Road New York v. Cuccinelli desafió los cambios a las disposiciones de carga pública implementadas por el Departamento de Seguridad Nacional, desafío que fue presentado por The Legal Aid Society, Center for Constitutional Rights, y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, a nombre de Make the Road New York (MRNY), Comité de Servicios Africanos (ASC), Federación Asiática Americana, Catholic Community Charities Community Services (CCCS) y Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC).
Make the Road New York v. Pompeo desafía los cambios a las disposiciones de carga pública del Manual de Asuntos Exteriores (FAM) del Departamento de Estado (DOS) y una Regla Final Provisional de DOS que modificó las regulaciones de carga pública que afectan a los inmigrantes que deben someterse a un proceso consular entrando al país■
