Con la escalada en las redadas de ICE, los centros de recursos legales para inmigrantes se duplican. Foto: www. truthout.org.

De la redacción

Con información de Los Angeles Times:

La Legislatura estatal adoptó la Ley de Valores de California en 2017 después de que la administración Trump intensificó la aplicación de la ley contra los inmigrantes que viven sin autorización legal en este país, bajo el argumento de que “el enredo local en la aplicación de la ley federal de Inmigración amenaza la confianza entre la comunidad inmigrante de California y las agencias estatales y locales de aplicación de la ley». De ser así, los inmigrantes «temerán acercarse a la policía cuando sean víctimas y testigos de delitos, poniendo en peligro la seguridad pública de todos los californianos”.

La administración Trump, dirigida entonces por Jeff Sessions presentó una demanda contra California buscando que la ley estatal de corte Santuario fuera declarada inválida. Pero un juez federal en Sacramento y la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco rechazaron esta petición, y dictaminaron que los funcionarios estatales y locales no estaban obstruyendo a los agentes federales. «Negarse a ayudar no es lo mismo que obstaculizar», dijo en su oportunidad el juez federal de distrito, John Mendez.

El Abogado General de Estados Unidos en la administración Trump, Noel Francisco presentó una apelación para que la Suprema Corte escuchara el desafío legal “Estados Unidos v California”. Los extranjeros están presentes y pueden permanecer en Estados Unidos sólo según lo previsto bajo los auspicios de la ley federal de Inmigración, dijo.

«Por lo tanto, son los Estados Unidos, no California, los que retienen el derecho de establecer las condiciones bajo las cuales los extranjeros en este país pueden ser detenidos, liberados y retirados”.

Como resultado de la SB 54, “los extranjeros criminales han evadido la detención y expulsión que el Congreso prescribió, y en cambio han regresado a la población civil, donde es desproporcionadamente probable que cometan crímenes adicionales», argumentó Francisco.

Si bien los abogados de California confían en precedentes conservadores que defienden los derechos de los estados, los abogados de Trump confiaron en un fallo de la Corte Suprema en 2012, que se puso del lado de la administración Obama y anuló gran parte de una ley de Arizona que habría facultado a la policía local para arrestar y detener a inmigrantes indocumentados.

En “Arizona vs. Estados Unidos” el tribunal superior enfatizó que la aplicación de la ley de Inmigración es un asunto federal. Citando esa opinión, Francisco dijo que la «supremacía del poder nacional» en la aplicación de la ley de inmigración estaba «aclarada por la Constitución».

En respuesta, los abogados de California argumentaron que la Décima Enmienda de la Constitución deja en claro que los funcionarios estatales no necesitan hacer cumplir una ley federal. Se basaron en parte en una opinión de 1997 escrita por el difunto juez Antonin Scalia que sostenía que las autoridades federales no pueden «comandar» a funcionarios estatales o locales para llevar a cabo una ley federal.

El mismo principio se aplica al hacer cumplir la ley federal de Inmigración, dijo Xavier Becerra, Fiscal General de California, en defensa de la ley SB 54. “La SB 54 regula el uso de los recursos propios del estado. Establece las condiciones bajo las cuales las agencias policiales estatales y locales pueden desplegar fondos públicos y personal para ayudar con la aplicación de la ley federal de Inmigración”.

Los abogados de California también enfatizaron que el estado coopera con agentes federales si tienen una orden judicial o si los inmigrantes están detenidos por delitos graves o violentos, incluidos los presos que están cumpliendo condena en el sistema estatal.