De La Redacción
A pocos días de que el presidente Obama anuncie una serie de acciones ejecutivas que podrían incluir planes para diferir las deportaciones de millones de personas que viven sin estatus migratorio en el Estados Unidos, aumenta el cabildeo detrás de bambalinas, reporta The Washington Post.
Se espera que dichas acciones ejecutivas del mandatario podrían beneficiar mayormente a los inmigrantes latinos, por lo que la Casa Blanca está considerando las propuestas de empresarios y grupos de derechos laborales, así como de inmigrantes que están presionando al mandatario para que ofrezca cientos de miles de nuevas tarjetas de residencia a los trabajadores de alta tecnología y a los familiares de ciudadanos o residentes permanentes en el país.
Aunque se piensa que los esfuerzos de esta administración para aliviar la presión sobre algunos de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en la nación son la pieza central de la acción del presidente, el gobierno también está evaluando las medidas que tomaría para agilizar el sistema de inmigración legal mediante la reducción de enormes rezagos de los extranjeros que se hallan en la línea de espera para obtener su tarjetas de residencia permanente.
Las propuestas que han sido entregadas a la Casa Blanca rebasan el doble del número de personas actualmente permitidas en el país con tarjetas verdes en empleo, cuyo límite global anual es de 366 mil, según estimaciones de algunos de los grupos de defensa de los inmigrantes que el Post no identifica.
«Creemos que el tema para el paquete de cambios que se comprometen administrativamente debe centrarse en la apertura del sistema de inmigración legal para que más se beneficien», sostuvo una coalición de empresas y de grupos de derechos de los inmigrantes dirigidos por el ex congresista de Connecticut, Bruce Morrison, quien escribió una carta a la Casa Blanca esta semana.
Asesores de la Casa Blanca, que han dicho que Obama anunciará sus acciones para el final del verano, sostienen que la administración ha celebrado 20 reuniones en los últimos dos meses para solicitar la opinión de las partes interesadas. Pero insistieron en que no se han hecho aun decisiones finales al respecto.
