De La Redacción

En días recientes causó revuelo el editorial de The New York Times sobre los dos millones de deportados, cuya mayoría han sido expulsados por las autoridades migratorias de Estados Unidos sin haber cometido delitos graves. Sólo 20 por ciento de los inmigrantes expulsados en los últimos dos años resultaron con antecedentes criminales serios. Hasta el exgobernador de La Florida, Jeb Bush aventuró su propia definición sobre el acto de cruzar la frontera sin documentos migratorios: “Nos es una felonía, es un acto de amor…”, dijo.

“Dos tercios de los casi dos millones de deportados durante el gobierno de Obama eran acusados de infracciones menores, a pesar de las promesas de la Casa Blanca de que su enfoque es expulsar a los que cometan delitos graves, comenta en un extenso reportaje The New York Times.

La investigación periodística comprobó que existe un creciente coro de opinión en las cúpulas sindicales, religiosas, empresariales, estudiantiles, organizaciones defensoras de los inmigrantes, que demanda el cese de las deportaciones masivas e intensifica la presión por un cambio en las políticas antinmigrantes en este país. Buscan detener las deportaciones y la separación familiar, rebasando el momento para convertirse en un movimiento vigoroso, que entre otras cosas pide se extiena la acción diferida de las deportaciones, que otorgó la administración federal por dos años a los jóvenes ‘soñadores’, que por cierto sólo la mitad de este universo de casi dos millones también ha aprovechado el beneficio, y extenderlo a los padres y familiares de estos dreamers, usando el Presidente sus poderes ejecutivos que le otorga la ley.

En repetidas ocasiones el presidente Obama ha repetido que si el Congreso ni quiere trabajar, se hará política uncluso sin este cuerpo legislativo; o mejor, sin la porción que se resiste a toda inciativa que porvenga del gobierno, que son los republicanos. El coro que crece contra las deportaciones está pidiendo al Presidente que haga mucho más, con su poder ejecutivo para brindar alivio a más de 11 millones de indocumentados. Y advierten que los pretextos del Presidente para no actuar, son cada vez menos aceptables.