Marco Vinicio González
Noticiero Latino, Nueva York
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Bob Goodlate apoya la asignación de fondos que pidió Obama para atender la crisis humanitaria en la frontera, pero la condiciona al reforzamiento policíaco. Obama por su parte ha pedido caśi seis mil millones de dólares (el segundo y más reciente pedido lo hizo por tres mil 700), para volver más eficiente la vigilancia aérea en la frontera (con drones), mejorar los albergues para indocumentados, acelerar los trámites de deportación contratando nuevos jueces, y apoyar una campaña de publicidad en los países centroamericanos de donde proceden estos menores sin compañía de un adulto mayormente, reportan diversas agencias.
Goodlate aseguró que el Presidente pude tomar medias ejecutivas sin necesitar la aprobación del Congreso, lo que se antoja una contradicción considerando la postura al respecto de los republicanos. Como se recordará, John Boehner continúa sus planes de demandar al mandatario por tomar “demasiadas” acciones ejecutivas, a pesar de que el ex presidente republicano, George W. Bush utilizó mas veces este recurso que les confiere a los mandatarios la Constitución.
El hostigamiento de los republicanos a Obama por su intensión de tomar medidas ejecutivas si el Congreso no actúa en este tema y otros, motivó que el Fiscal General de la Nación, Eric Holder declarara que hay un elemento racial en las críticas contra del Presidente:
«Me parece que cuando la gente habla de reclamar su país existe cierto componente racial para algunas personas. No creo que ello sea el principal motor, pero pienso que existe cierta animosidad racial», reportaron Ap, Afp y Notimex.
Como era de esperarse, el apoyo de Goodlate creó malestar al interior del Partido Republicano. Entre otros muchos otros, el Senador John McCain se mostró escéptico en días pasados ante el pedido de Obama, y sugirió que el Presidente más bien debe deportar de inmediato a los menores; porque dice que en el 90 por ciento de las veces, estos no acuden a las citas del juzgado y se quedan como indocumentados. Además, agrega que “el país no pude seguir aceptando el flujo de menores de todas partes del mundo, y mucho menos de Centroamérica”.
En tanto, la senadora demócrata, Dianne Feinstein sostuvo que un cambio administrativo en los reglamentos y no en la ley agilizaría dichas repatriaciones. Ella es autora de una provisión de ley contra el tráfico de menores. Sus declaraciones fueron usadas por la prensa corporativa y los políticos republicanos como una evidencia del malestar que suscita el tema de los niños centroamericanos aun en las filas demócratas.
