De Alonso Yáñez, Reporting on Health Collaborative
Un detenido en Adelanto. Foto: Alonso Yáñez /La Opinión.
Juana López apretó las manos de su hijo y acarició su frente.
“Aquí estoy mi’jo, aquí está tu mamá”, dijo. “Reacciona, ponle ganas”.
Era la primera vez que Doña Juana lo veía en más de tres meses. Ese día, inconsciente y con los tubos del respirador artificial dentro de él, fue también el último día que vio a Fernando con vida.
Fernando Domínguez Valdivia, residente angelino de 58 años de edad, murió el 4 de marzo de 2012, ocho días después que lo visitó su madre en el Victor Valley Community Hospital, por un cuadro de bronconeumonía que desarrolló durante los 100 días que estuvo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).
“Fue negligencia, fue falta de atención médica”, dijo Doña Juana. “Si eso le pasó a mi hijo, le va a seguir pasando a todos los que caigan ahí, que no les dan el trato que deben de darles”.
Domínguez Valdivia estuvo detenido dos meses y medio en el Centro de Inmigración de Adelanto, un complejo de detención para hombres construido en el Desierto de Mojave, a unas 90 millas al noreste de Los Ángeles. Fue construido en 1991 y utilizado por varios años para alojar convictos hasta que el Grupo GEO, una corporación privada internacional de centros de detención, la compró en 2010. Para mayo de 2011 se firmó un contrato con ICE para albergar inmigrantes en sus dos alas, este y oeste.
Una celda en Adelanto. Foto: Alonso Yáñez/La Opinión.
Adelanto tiene nuevas instalaciones en el ala oeste, pero nuestros entrevistados dijeron que el ala este está descuidada, con tuberías rotas y goteras. En ese lugar estuvo Domínguez Valdivia mientras combatía una bronconeumonía sin recibir la atención médica adecuada. Una vez en el hospital, la infección se esparció a la sangre, lo que eventualmente resultó en falla múltiple de órganos.
La Oficina de Supervisión de Detención concluyó en un reporte que la muerte de Domínguez Valdivia pudo haber sido prevenida y que el centro no cumplió con los estándares de detención establecidos por ICE.
Si bien el fallecimiento de Domínguez Valdivia ha sido el único ocurrido en Adelanto, se han registrado más de 130 otras muertes desde 2003 en los 250 centros de detención que hay para inmigrantes en el país. Por esta red de centros de detención pasan aproximadamente unas 400,000 personas cada año.
ICE tiene ocho centros de detención propios. Además, también hace contratos para albergar inmigrantes con compañías privadas, como el Grupo GEO, Corrections Corporation of America y Management & Training Corporation, y con gobiernos estatales o del condado. La población de inmigrantes detenidos está repartida equitativamente 50% en centros de detención privados y 50% en públicos.
Catalina Nieto, directora de campo de Detention Watch Network, dijo que en general no hay mucha diferencia entre las condiciones de centros de detención privados o públicos, ya que los dos tipos presentan los mismos problemas: esperas de semanas y hasta meses para recibir atención médica, poca y mala calidad de comida y agua, pocas horas al aire libre o con acceso a luz del sol y una distancia demasiado grande entre estos centros y alguna zona urbana.
De acuerdo a una investigación nacional publicada por Detention Watch Network a fines de 2013, de los 250 centros de detención de inmigrantes no hay ninguno donde ICE asegure a los detenidos atención médica básica, los proteja adecuadamente de abusos físicos y sexuales y les dé suficiente contacto con el mundo exterior para preparar su defensa legal y preservar la integridad de su familia. Dos de los principales problemas en el sistema, indicó Nieto, son la falta de supervisión independiente y el hecho que no se aplican los mismos estándares en todos los centros por diferencias contractuales.
Los inmigrantes en custodia de ICE están técnicamente bajo detención civil, lo que no significa necesariamente que hayan cometido un delito, sino que deben estar detenidos hasta que un juez decida su caso. Ese mandato de detención ocurrió por la aprobación del Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRIRA por sus siglas en inglés) de 1996, en el cual también se amplió la definición de felonías agravados, haciendo que un delito menor en la ley de justicia criminal pueda ser considerado una felonía en el marco migratorio.
Vea la primera parte del reportaje:
II. Guerra contra el terrorismo y el encierro de inmigrantes
Un grupo de detenidos esperan comer en la cafetería. Foto: Alonso Yáñez/La Opinión.
En 1995 había 6,785 inmigrantes detenidos en centros de detención del país. En las siguientes dos décadas, la cifra se multiplicó hasta llegar a 34,000 en 2013.
El boom de la red de detención tiene origen en las dos tragedias más grandes causadas por terrorismo en territorio estadounidense continental y el impacto de una serie de legislaciones promulgadas posteriormente. Dos leyes federales fueron aprobadas como respuesta del ataque terrorista doméstico de Timothy McVeigh a un edificio federal del centro de Oklahoma el 19 de abril de 1995. El ataque ocurrió dos años después de un ataque al World Trade Center en Nueva York por un grupo de hombres de Kuwait, Jordania y Pakistán. Si bien McVeigh era un ciudadano estadounidense, el ataque generó un clima de miedo e incertidumbre en el país. Las nuevas leyes federales, entre otras cosas, crearon el programa 287g, el cual permite a policías locales aplicar leyes migratorias, y la expande el alcance de la detención obligatoria.
“Aproximadamente el 70% de las personas detenidas en este momento es por esa ley de detención mandatoria”, comentó Nieto.
Luego vinieron los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Ellos revitalizaron sentimientos anti-inmigrantes en EE.UU. y también causaron la modificación del sistema de inmigración para que quede bajo el control y responsabilidad de del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).
En 2005, el congreso instituyó lo que se ha conocido como el “mandato de camas”, el cual obliga a ICE a tener siempre detenidos a 34,000 inmigrantes. Janet Napolitano, ex secretaria de DHS, le dijo a un comité de la Casa de Representantes que el mandato es “artificial” y que previene que ICE sea tan eficiente como puede, pero el congreso ha continuado elevando el mínimo de camas, hasta llegar a 34,000 en 2011.
Las circunstancias parecían cambiar para los inmigrantes indocumentados cuando el presidente Barack Obama comenzó su segundo término, apoyado por el voto Latino. Es ahora una política oficial para agentes del DHS enfocarse en deportar criminales, atrapar infractores migratorios reincidentes y detener cruces fronterizos. Oficiales de DHS reportaron que 98% de los deportados en el año fiscal 2013 encajaban en esas categorías.
La comida que se sirve en Adelanto. Dos pedazos de pan, cebolla cruda, frijoles, ensalada, y una naranja. Foto: Alonso Yáñez/La Opinión.
Pero defensores de los derechos de inmigrantes disputan las cifras oficiales, argumentando que el mandato del congreso de detener a 34,000 en centros de detención pone presión a oficiales de DHS para detener gente, especialmente en tiempos en que los cruces fronterizos están disminuyendo. Un reporte de 2010 de Immigration Policy Center concluyó que 10% de los deportados son inmigrantes legales y que una mayoría de ellos (68%) cometieron crímenes menores no violentos. De los más de 400 mil inmigrantes, unos 151,835 no tenían convicciones criminales o infracciones de tráfico, de acuerdo a ICE. El costo anual de detener inmigrantes es de $2 mil millones, según National Immigration Forum.
De acuerdo a un fallo de la Corte Suprema en 2001, los inmigrantes deben ser deportados o puestos en libertad dentro de un plazo de seis meses. Sin embargo, muchos languidecen encerrados incluso por más de un año.
“En una situación normal que entran y ven al juez, el promedio es de 45 a 60 días”, explicó Roberto Naranjo, director auxiliar de campo de ICE. “Pero eso es relativo porque hay muchos individuos que eligen pelear su caso y deciden apelar y están en el centro de detención hasta que esa decisión se termine. Entonces puede ser de seis meses a año y medio. Pero depende a qué punto el individuo que está detenido quiera parar la apelación”.
Actualmente, con todo y un declive agudo en inmigración, el déficit fiscal y la decisión anunciada del gobierno de Barack Obama de enfocarse primordialmente en criminales que representen un peligro para su comunidad, EEUU tiene la infraestructura de detención de inmigrantes más grande del mundo y hay planes para seguir expandiéndola. Paulatinamente, esa enorme red para inmigrantes se ha vuelto una fracción cada vez mayor de un sistema de prisiones estadounidense aún más inmenso, el cual priva de libertad a aproximadamente 2.3 millones personas.
Vea la segunda parte del reportaje:
Así como la red de centros de detención ha crecido, también lo hizo la industria de prisiones privadas. El primer centro de detención privado para inmigrantes fue abierto por CCA en 1984 en Houston, y no fue hasta después de los ataques del 9/11 en que la industria de prisiones privadas despegó.
De 2002 al 2010 hubo un incremento de 206% de detenidos de ICE en centros de empresas privadas, de acuerdo a la agencia. Las ganancias y gastos de cabildeo también subieron.
Tanto CCA como GEO tuvieron ganancias de más de $1,200 millones en 2010 y sus presidentes ejecutivos, Damon Hininger y George Zoley, respectivamente, reportaron ganancias de más de $3.4 millones el mismo año. CCA gastó más de $19 millones en cabildeo desde 2013, de acuerdo a la Fundación Sunglight.
El sector privado ha cosechado ganancias del boom de centros de detención de inmigrantes. Pero el crecimiento de ese sistema ha sido acompañado por casos preocupantes de abusos y negligencia a inmigrantes, quejas, críticas, demandas y decenas de muertes.
Un detenido camina con un guarida. Foto: Alonso Yáñez/La Opinión.
Carmen Iguina, abogada de la ACLU en el Sur de California, dice que ha escuchado quejas frecuentes en sus años trabajando en el campo migratorio acerca de demoras de semanas y hasta meses para que un detenido logre ver a un doctor. Al ser consultado sobre este tema, Naranjo dijo que los detenidos son vistos por un doctor entre 24 y 48 horas luego de que hacen el pedido. No obstante, detenidos y defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que los retrasos son habituales.
«No es que no son competentes sino que no hay suficiente equipos médicos», dijo Carmen Iguina abogada de la ACLU del Sur de California. «Y muchas veces las decisiones que se toman están basadas en el ahorro económico y no la necesidad médica».
Para Cristina Fialho — abogada y co-fundadora de Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement, una red nacional con programas que hacen más de 15,000 visitas anualmente — la creciente influencia de corporaciones privadas en la red de detención de inmigrantes crea un obstáculo adicional a la vigilancia que existe. Las empresas privadas de detención no están sujetas a leyes que fomentan la transparencia, como el Freedom of Information Act, el cual requiere que agencias federales faciliten archivos sobre investigaciones de mala conducta o cuidado inadecuado, así como también memorándums sobre decisiones internas.
“Creo que tiene que ver con nuestros ideales de americanos”, dijo Fialho. “Si somos un país que se enorgullece de libertad, justicia y un debido proceso, pero no estamos dando a la gente más vulnerable de nuestras comunidades ese nivel de justicia, de libertad, de cuidado médico, ¿entonces qué tipo de país somos? ¿Acaso estamos honrando nuestros ideales?”
Algunos detenidos hacen ejercicio en Adelanto. Foto: Alonso Yáñez/La Opinión.
Si bien los estándares de detención para inmigrantes han sido actualizados para proveer mejores condiciones y servicios, actualmente los 250 centros del país operan bajo tres distintas versiones de reglas de detención de ICE. El motivo de esta discrepancia son los acuerdos contractuales que se han hecho a través de los años con condados y estados del país, algunos de los cuales son vinculantes a versiones antiguas de los estándares e incluso se renuevan automáticamente. Mientras que la versión de 2000 y de 2008, explica Fialho, solamente garantizaban atención médica en caso de emergencias, la implementada en 2011 asegura servicios médicos por “condiciones serias”.
“La idea de lo que es una condición médica seria en realidad queda abierta a interpretación”, dijo Fialho.
Pese a que el cuadro médico que Domínguez Valdivia, por ejemplo, presentó en Adelanto fue tan serio que resultó en su muerte, a él no se le dio atención médica adecuada. Por el contrario, solo le dieron pastillas y le negaron mejor cuidado hasta que fue demasiado tarde, según sus familiares.
De acuerdo a un detenido de Adelanto con VIH, cuya identidad mantendremos bajo anonimato para su seguridad, la atención provista en el centro no es apropiada. Él dijo que sus pedidos para ver a un doctor fueron ignorados y que no recibe ayuda psicológica. Ariel Alejandro Zeledón, otro detenido diagnosticado con desorden bipolar, dijo que ve un psiquiatra una vez al mes y que nunca ve a un psicólogo.
“Solo quieren saber si necesitas medicamentos”, dijo Zeledón.
Al ser cuestionados sobre estas acusaciones, ICE respondió que los dos detenidos recibieron cuidado médico adecuado desde que están en su custodia. El historial médico indica que el detenido con VIH tuvo más de 25 citas con personal médico en 2013 y además que profesionales de salud mental han trabajado cercanamente con Zeledón acerca de sus preocupaciones por las dosis de sus medicamentos psiquiátricos.
III. Impacto de la detención para EE.UU. y sus ciudadanos
El costo por albergar un inmigrante fluctúa actualmente entre $122 y $164 diarios, de acuerdo a ICE.
Entre algunas de las alternativas que activistas de los derechos humanos y derechos de los inmigrantes proponen a la red de detención están los localizadores electrónicos, visitas en persona o visitas en casa. Estas opciones a la detención masiva costarían mucho menos que la práctica actual, oscilando entre los 70 centavos y los $17 diarios, de acuerdo a un reporte del Center for Victims of Torture.
Una familia entra al centro de detención de Adelanto, tal vez de visita. Foto: Alonso Yáñez/La Opinión.
El cambio a tener menos gente detenida también disminuiría el impacto en las familias, incluyendo familias con hijos que son ciudadanos estadounidenses, dijo Hiro Yoshikawa, profesor de globalización y educación en la Universidad de Nueva York Steinhardt y autor del libro “Inmigrantes criando ciudadanos: Padres indocumentados y sus hijos”.
“Diría que el impacto económico es inmediato”, dijo Yoshikawa. “Cuando un padre es detenido o deportado, el hogar pierde sus ingresos y eso puede significar todos los ingresos o una proporción enorme, así que eso crea inmediatamente dificultades económicas. Además, también crea estrés y trauma psicológico inmediato, lo que puede afectar a todos los adultos y menores en la familia”.
Desde agosto de 2009, ICE inició una reforma a su sistema de detención de inmigrantes, intentando mejorar las condiciones y los servicios de cuidado médico y mental. Dos de los más importantes pasos para mejorar el sistema de detención fueron mejorar los servicios de traducción y comunicación para detenidos con bajo nivel de inglés y las evaluaciones médicas y de salud mental que los detenidos reciben a las 12 horas de ser admitidos.
Según dijo Virgina Kice, directora de comunicaciones de la región oeste de ICE, estas reformas intentan solucionar la gran mayoría de quejas acerca de la red de detención. Algunos otros logros de las reformas, por ejemplo, han sido simplificar el proceso para que detenidos reciban tratamientos médicos autorizados o desarrollar un sistema de clasificación para apoyar a detenidos con necesidades médicas y mentales particulares.
Wesley Lee y Roberto Naranjo platican con reportera Annabelle Sedano. Foto: Alonso Yáñez/La Opinión.
Roberto Naranjo, director auxiliar de campo de ICE, indicó que habían dos doctores, dos psiquiatras y dos psicólogos trabajando en el centro ocho horas al día, cinco días a la semana. En caso de emergencia, todos los centros para inmigrantes tienen acuerdos con hospitales cercanos.
Fialho apuntó que los cambios en los lineamientos de detención de inmigrantes tendrían un impacto mayor si los centros de detención ofrecieran cuidado preventivo y otros servicios médicos, y no solo para “condiciones serias”, como es requerido actualmente.
“Si les dieran un cuidado médico básico”, dijo Fialho, “proveyéndoles revisiones rutinarias, mejor cuidado mental, entonces no veríamos las muertes que hemos visto, no veríamos los suicidios que hemos visto, no veríamos las emergencias que hemos visto, que en realidad cuestan mucho más dinero que ofrecer un nivel básico de cuidado médico en primer lugar”.
Vea la parte final del reportaje.
Texto: Alonso Yáñez
Videoreportajes: Annabelle Sedano
Sobre Vivir en Las Sombras: Este proyecto es el resultado del Reporting On Health Collaborative (Informe en Colaboración sobre la Salud), en el que participan Mundo Hispánico en Atlanta, New America Media en California y Nueva York, Radio Bilingüe en Oakland, WESA Pittsburgh (afiliada de NPR) Univisión Los Ángeles (KMEX 34); Univisión Arizona (KTVW 33) y ReportingonHealth.org. Este proyecto en colaboración es una iniciativa de The California Endowment Health Journalism Fellowships de la Facultad Annenberg de Comunicación y Periodismo de la University of Southern California.
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