De la redacción
El estado de Virginia se convierte en el primer estado que impone reglas oficiales que obligan a las empresas a respetar nuevas normas temporales de emergencia para proteger a los trabajadores de los efectos del coronavirus. Entre otras medidas está la que obliga a las empresas a entregar equipos de protección personal, impone pautas de distanciamiento social y establece planes de respuesta y capacitación a los trabajadores. Y las empresas corren el riesgo de recibir multas de hasta 130 mil dólares si violan dichas normas.
Ningún trabajador debería tener que sacrificar su salud y su seguridad para ganarse la vida, especialmente durante una pandemia, dijo el gobernador demócrata del estado, Ralph Northam en un comunicado el miércoles. «Ante la inacción federal –agregó-, Virginia ha dado un paso adelante para proteger del COVID-19 a los trabajadores, creando los primeros requisitos de la nación, que son exigibles para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo».
Acostumbrados a largas horas de labor en empleos que se hallan entre los más agotadores del país, estos trabajadores llegados a Estados Unidos desde Guatemala y México principalmente, por su condición de trabajadores esenciales están sin embargo más expuesto al contagio, en medio de esta rampante pandemia de coronavirus.
Luego de que las plantas avícolas en Virginia hubieran sido relacionadas con más de 260 casos de coronavirus, señala la fuente, según defensores de los derechos de los trabajadores «las compañías del ramo suelen dispensar pocas precauciones de seguridad ocupacional. Los trabajadores avícolas laboran en espacios reducidos que les dificultan guardar la distancia social en el sitio de trabajo”.
Por otro lado, de acuerdo con los Centros para el Control de la Enfermedades Infecciosas (CDC), estos empleados son en gran medida latinos o latinx que tienen hasta cuatro veces más probabilidades de contraer COVID-19 que los blancos no hispanos.
En general la cuota de infección, hospitalización y muerte por coronavirus ha sido muy alta para los más de 43.3 millones de no ciudadanos que viven en Estados Unidos, apunta la fuente. “Un grupo que incluye residentes permanentes legales (LPR), ‘no inmigrantes’ (visitantes, estudiantes y trabajadores temporales), e inmigrantes indocumentados”.
Todos esos trabajadores “son más propensos que los trabajadores nacidos en Estados Unidos a ser empleados en ocupaciones esenciales, como la atención médica y la cadena de servicio de la industria de alimentos, lo que puede exponerlos más al COVID-19”, afirma por su parte un despacho del Foro Nacional de Inmigración.
Jason Yarashes, quien dirige el Proyecto de Justicia de Virginia para Trabajadores Agrícolas e Inmigrantes, del Centro de Justicia Legal, dijo a NPR que “la aprobación de las nuevas normas fue ‘increíble’ porque no sólo se centró en las comunidades más vulnerables sino que también fue impulsada por su activismo”.
Y agregó que se cambió la narrativa sobre el tema, a manos de «líderes de coalición, trabajadores y defensores laborales en busca de una solución creativa a un problema difícil”. Y concluyó que “este tipo de organización y conquista comunitaria es difícil de lograr en medio de una pandemia nacional, lo que hizo que el éxito del movimiento fuera aún más emocionante■