Los trabajadores agrícolas en los campos de cultivo de California son la fuerza laboral compuesta en su mayoría de inmigrantes indocumentados que garantizan la producción de trabajadores agrícolas en los campos de cultivo del estado. Foto: www.motherjones.com

De la redacción

California tiene una industria agrícola que produce 47 mil millones de dólares al año. Le llaman la Ensalera del Mundo por el volumen y el tipo de su producción agrícola, que produce casi dos veces lo que produce esta industria en cualquier otro estado del país. Pero en 2016, en California se usaron unos 209 millones de libras de pesticidas. Algunos grupos comunitarios que ha conseguido que la EPA dictamine que no se puede rociar pesticida a menos de un cuarto de milla de escuelas y viviendas, reporta The New York Times.

En Salinas, una hora al sur de San José, los mayores empleadores son granjas a gran escala, con comunidades que se desplazan en una mezcla de vida rural y a la vez urbana, con sembradíos cercanos a los patios escolares y las viviendas de los vecindarios circundantes.

Grupos que defienden la salud humana y del medio ambiente luchan por que se regule y controle el uso de pesticidas tóxicos. A partir del primer día de enero de 2018 entró efecto una regulación de la Agencia de Protección al Ambiente, EPA, que limita a un cuarto de milla los pesticidas que se rocían en las cercanías de escuelas y centros de cuidado escolar infantil, durante las horas hábiles, “subrayando la necesidad de estudiar más el impacto humano de los productos químicos industriales”.

La Universidad de California en Berkeley mantiene el ‘Proyecto Chamacos”, que durante casi dos décadas ha estado estudiando los efectos de los pesticidas en los niños hijos de trabajadores agrícolas del área de Salinas, sostiene el Times.

Estudios como Chamacos, “parten del campo de la epidemiología y examinan las tendencias de las enfermedades en las personas”. Estos análisis son a menudo complejos, “porque requieren ajustes para los diferentes productos químicos y contaminantes a los que las personas están expuestas”.

José Camacho, quien una vez trabajó en los campos en Salinas y que ahora trabaja para el Proyecto Chamacos, declaró a la fuente: «Estábamos pidiendo una zona de una milla de amortiguación (o distancia entre la zona irrigada y la vivienda o la escuela), pero nos dieron sólo un cuarto de milla».

La fuente afirma además que “fue sólo bajo la administración de Obama que E.P.A. comenzó a incorporar más seriamente a la epidemiología junto con las pruebas de laboratorio sobre cómo los pesticidas impactan a las ratas y otros animales”.

La administración Trump impulsa a través de la EPA una guerra que llama «ciencia secreta», que a instancias de las empresas de agroquímicos proponen que se formen estudios, como el Proyecto Chamacos, “para hacer pública la información de los participantes de su estudio, a fin de que los reguladores continúen siendo considerados”.

Pero académicos y exfuncionarios de la EPA -bajo Obama-, ven la medida como “una violación de las garantías de privacidad”, y señalan que la propuesta quiere hacerse eco de lo que intentó hacer la industria tabacalera una vez “para frustrar la ciencia que destacó los peligros de fumar”. La industria, sostiene la fuente, “mantiene gran parte de su propia investigación secreta”. Dice que es “un esfuerzo legítimo para mejorar la transparencia”.