Presidente Donald J. Trump hace una pausa durante una reunión en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC. Foto: www.oneindia.com
De la redacción
Hoy, 273 organizaciones civiles y de derechos humanos, religiosas, medioambientales, laborales y de mujeres solicitaron al Congreso que reduzca el presupuesto de deportación de Trump, en lugar de darle más agentes y herramientas para llevar a cabo la expulsión masiva de inmigrantes.
La estructura que daba prioridad para su deportación a los inmigrantes indocumentados que, más allá de haber ingresado al país sin autorización legal hubieran cometido un crimen serio o violento, ha desaparecido. En su lugar, la maquinaria de deportación de la actual administración federal ha convertido en deportable a todo inmigrante indocumentado, aun sin récord criminal, dice un comunicado de prensa de un grupo de estrategia política con sede en Washington, DC.
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El propio Secretario de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly lo ha dicho: Se cumplirá con la ley –de inmigración-, que al calce dice que toda persona que se halle en el país sin permiso tendrá que ser deportadas.
En esta lista de depotables se incluye a inmigrantes que han vivido décadas enteras en el país sin violar la ley, con hijos ciudadanos, que han trabajado y reportado al fisco sus ingresos a fin de pagar los impuestos correspondientes; que han comprado propiedades, automóviles y son asiduos consumidores de mercancías y servicios; que han enviado a sus hijos, ciudadanos y no, a las universidades públicas y privadas; y en fin, que han creado empleos, etcétera.
De esta suerte y por las consecuencias extremas de las órdenes ejecutivas de Trump sobre la inmigración, 273 organizaciones civiles y de derechos humanos, religiosas, medioambientales, laborales y de mujeres, solicitaron al Congreso federal que reduzca el presupuesto de deportación de Trump, en lugar de darle más agentes y herramientas para llevar a cabo la expulsión masiva de los inmigrantes indocumentados. Pero se he han dado casos también en que aun tratándose de residentes legales y hasta de ciudadanos estadunidenses algunos inmigrantes han sido deportados, sólo por su apariencia física. Esto hace pensar que las detenciones de los agentes federales en el interior del país y en la frontera están basadas en el perfil racial o la discriminación, que es hermana menor del racismo.
Las organizaciones explican sus razones:
«Ya no podemos tratar de financiar la aplicación de la inmigración como un negocio normal. Es el objetivo declarado del presidente de Estados Unidos deportar a millones de inmigrantes. Trump y sus designados han eliminado toda priorización y discreción del sistema. No hay lugar para la consideración de las acciones de una persona, incluyendo la duración de tiempo que viven en Estados Unidos, los niños ciudadanos de este país, o los vínculos con sus comunidades”, señalan.
Agregan: “Mediante la expansión de los procesos de remoción acelerada y de trámite de asilo, el DHS está socavando el debido proceso y deportando a las personas con reclamos humanitarios. Al desencadenar esta fuerza prácticamente sin limitaciones, la administración Trump ha fomentado un clima de temor sin precedentes entre los inmigrantes, sus familias y sus comunidades».
Por eso y con esto en mente las organizaciones exhortan al Congreso a «reducir significativamente la financiación para la aplicación y la detención de inmigrantes en las cuentas de asignaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Departamento de Justicia (DOJ) del año fiscal 2018 hasta que la Administración pueda demostrar que hay priorización y responsabilidad en las agencias».
Y en una carta que envían al Congreso, firmada por decenas y decenas de diversas organizaciones se oponen a la solicitud de 4 mil 500 millones de dólares que el presidente Trump pide al Congreso para financiar sus órdenes ejecutivas, para la construcción de un muro divisorio, y para ampliar su fuerza de deportación y en menor escala de los agentes fronterizos, dicen. Por lo tanto, le instan a reducir significativamente dicho financiamiento para sus políticas de migración, “hasta que pueda demostrar que hay priorización y responsabilidad en las agencias”.
