De La Redacción
En una decisión unánime la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos confirmó el lunes el sistema de reparto por distrito electoral de Texas, asegurando que todas las personas que viven en el estado sean contadas en su respectivo distrito, independientemente de su edad o de dónde nacieron. El tribunal Supremo rechazó una demanda interpuesta por dos votantes de la raza blanca, que buscaba que sólo las personas con derecho a voto debieran ser contadas.
Y es que el año pasado dos votantes de Texas, Sue Evenwel de Mount Pleasant y Edward Pfenninger del Condado de Montgomery, al norte de Houston, presentaron una demanda ante el Tribunal Supremo alegando que Texas debería dividir sus distritos por el número de votantes, no por la población total. Argumentaron que el poder de voto de Pfenninger fue disminuido comparativamente porque tenía una mayor proporción de posibles votantes en su distrito.
Pero la corte señaló que la diferencia en el tamaño de la población entre el mayor y el menor distrito senatorial en el estado de Texas era inferior al 10 por ciento, mientras que la diferencia entre los votantes elegibles entre los mayores y los menores distritos electorales era del 40%, argumentando que se trataba de algo inadmisible.
El rechazo de la Suprema Corte a cambiar las líneas que definen los distritos electorales en el estado de Texas y sus municipios pone fin a un esfuerzo de los conservadores, que sin embargo a estas alturas podrían haber aumentado sustancialmente ya el número de distritos rurales, en su mayoría blancos, a expensas de zonas urbanas pobladas en su mayoría por latinos, reporta el periódico USA Today.
Este conflicto se enmarca en un contexto político nacional en el que los republicanos además han venido aumentando las formas de supresión del voto, imponiendo cada vez mayores requisitos, como la presentación de una identificación con fotografía a la hora de votar y hasta la presentación de comprobación de ciudadanía para registrarse como elector, además de suprimir votaciones tempranas.
Estas y otras medidas dificultan seriamente –y hasta inhiben- el registro y el sufragio principalmente de los inmigrantes, los afro estadunidenses y los pobres, como sucedió la semana pasada en las primarias del martes en el condado de Maricopa en Arizona, que cuenta con una muy extensa población, los votantes enfadados y desconcertados ignoraban que el gobierno republicano de esa entidad aduciendo problemas presupuestales redujeron el número de casillas o centros de votación hasta en un ¡70 por ciento!
Como se sabe, de 200 centros de votación abiertos en la última elección presidencial en Phoenix en 2012, este número de casillas se redujo a 60, lo que a su vez se tradujo en que a cada casilla electoral se destinaran 108 mil electores, en una ciudad donde la mayoría de la población son las minorías, mayormente latinas, y cuyo electorado tuvo un participación excepcional en esas elecciones primarias demócratas y republicanas del martes pasado donde los votantes tuvieron que hacer filas para sufragar hasta de cinco horas de duración, muchas veces de pie y bajo el rigoroso sol del desierto, para llegar a las urnas y enterarse de que la casilla había sido cerrada mientras hacían la fila para votar, causando por lo menos muchísima frustración. La indignación fue nacional, pues los electores se resisten a pensar que así funciona la democracia, y el desprestigio fue internacional.
La decisión del tribunal supremo de ayer ha sido una victoria para legisladores -mayormente demócratas-, que representan distritos con poblaciones donde la mayoría de la gente no es elegibles para votar, principalmente niños y no ciudadanos estadunidenses.
El fallo del lunes representó uno de los dos casos de Texas que llegaron recientemente a la Corte Suprema de Estados Unidos a través de los esfuerzos del proyecto de ‘representación justa’, contenido en la referida queja de Evenwel y Pfenninger. El grupo sin fines de lucro que los representó se dedica a la lucha contra la consideración de la raza en cualquier acción del gobierno, y también está detrás de Fisher v. Universidad de Texas, el caso de acción afirmativa de alto perfil que los jueces escucharon en diciembre, apunta el periódico Texas Tribune.
Por su parte, la directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), Marielena Hincapié elogió la decisión del máximo tribunal, y se unió a una coalición de organizaciones de derechos civiles en la presentación de un escrito de ‘amigos de la corte’ (amicus curiae), en apoyo al sistema electoral de Texas en el caso ‘Evenwel v Abbott’:
«El Tribunal Supremo emitió hoy un poderoso recordatorio de que nuestros funcionarios elegidos representan a todos nosotros, independientemente de si podemos votar. Esta decisión unánime echa por tierra las afirmaciones de los ideólogos conservadores, que ha sido de ataque durante años contra los miembros más vulnerables de nuestra comunidad, que merece ser contada incluso si no pueden votar”.
Y agrega: “La decisión de hoy reconoce correctamente que contar a cada persona concuerda con los objetivos democráticos plasmados en la Constitución. Esta es una gran victoria para niños demasiado jóvenes como para votar, los inmigrantes que contribuyen a nuestras comunidades pero que no pueden unirse a nosotros en las urnas, o los que injustamente son despojados de su derecho al voto, y permitirá que estas personas tengan una representación apropiada. Una persona, un voto es el núcleo de nuestra democracia», sostuvo Hincapié■
