De la redacción
En las elecciones de medio término recién concluidas en La Florida se acaba de dar un gigantesco e histórico paso hacia adelante en la reforma del sistema de justicia criminal, con la aprobación -vía referendo- de la Enmienda 4. La contundente respuesta del electorado, ¡arriba del 60%!, no dejó la menor duda sobre la voluntad popular para cambiar la situación de los ex prisioneros respecto a sus derechos políticos. Porque con el triunfo de la Enmienda 4 en las urnas este 6 de noviembre se restauraron los derechos plenos del voto para cerca de un millón y medio de ex prisioneros convictos por cualquier delito, excepto por homicidio y violación sexual, y de este amplísimo universo de potenciales electores podrán registrarse al padrón electoral de La Florida aquellos que estén en edad de votar.
Ahora, con un número desproporcionado de ex prisionero, cuya inmensa mayoría pertenece a las minorías o la gente de color, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué significa para La Florida, cuáles son los nuevos desafíos, las ramificaciones que sin duda tendrá en el nivel nacional esa nueva ley que entrará en vigor a partir del 8 de enero?
La medida cobra mayor estatura si se considera que hasta antes de la pasada elección y aún hasta hoy día La Florida prohíbe de por vida el voto a los ex prisioneros que incluso hayan cumplido sus sentencias, a menos que reciban indulto o clemencia de parte del gobierno. Pero por lo general estos indultos o perdones son procesos difíciles, llenos de candados. La Florida es uno de los únicos tres estados en la nación que priva para siempre de sus derechos de voto al ex prisionero. Los otros dos estados son Kentucky y Iwoa.
En este programa de Línea Abierta nuestra invitada, Yraida Guanipa, ex presa y destacada líder promotora de la triunfante Enmienda 4, y también fundadora y presidenta del YG Institute, una agrupación que sirve a las mujeres ex presas en su transición a la vida civil en La Florida. Desde su sede en Miami analiza el tema y aventura prometedores pronósticos electorales de cara al 2020, basada en la experiencia del enorme trabajo realizado para hacer triunfar a la Enmienda 4, sostiene, también considerada como Segunda oportunidad o Second Chances.
Al conocerse la noticia del triunfo de la Enmienda 4 en La Florida se desató un remolino de sensaciones y un profundo sentimientos de liberación, de una pesada carga que se llevó a la espalda durante mucho tiempo, nos dice aquí la activista Yraida Guanipa: “Fue una combinación de sentimientos de agradecimiento, de optimismo, de alegría, de futuro, de visión, de mejoras, ¡y luz al final del camino!”.
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Tras años de sacrificio y dolor hasta pagar la sentencia por el crimen cometido a la sociedad, ¿qué beneficios trae esta nueva ley votada en el referendo para los ex prisioneros amparados por la nueva ley que derivó de la aprobación de la Enmienda 4? ¿Qué debemos saber acerca de esta nueva ley, qué otros derechos restaura? De eso abunda Guanipa.
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Por su parte, la abogada Kira Romero-Craft, de LatinoJustice / Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y la Educación, PRLDEF, con sede en Orlando, Florida, explica aquí sobre el alcance de la Enmienda 4. Desde una perspectiva legal nos dice a quienes beneficia esta ley, y a quienes excluye del beneficio.
“Lo otro que tienen que tener en mente es que sólo el derecho de votar es el que se restaura automáticamente. No restaura otros derechos, como el derecho a tener armas, o el derecho de tener un puesto público en el gobierno del estado de La Florida, eso no lo hace automáticamente”.
Sin embargo, queda por verse, nos dice la abogada, “si el gobernador que entra en funciones en enero no tiene otro plan”. ¿Se pronostica turbulencia? Y en lo electoral, ¿se superarán los problemas con las urnas electrónicas obsoletas que se presentaron durante el proceso, o viejos problemas en el escrutinio y recuento de los votos como la experiencia de Al Gore y Bush?
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La nueva ley viene a echar abajo un viejo sistema que ha prevalecido en La Florida y que este año precisamente fue considerado por un juez como inconstitucional: privar de sus derechos políticos a ex prisioneros que hayan cumplido sus sentencias. Porque además de carecer de sentido, viola por lo menos dos enmiendas constitucionales, sostiene un juez respecto a un juicio muy sonado.
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Sobre el impacto que podrá llegar a tener esta nueva ley en las elecciones y en la vida de cientos de miles de personas en La Florida, y para el resto de Estados Unidos, Juan Cartagena, Presidente y Consejero Jurídico general de LatinoJustice / PRLDEF en Nueva York, opina que el impacto va a sentirse a nivel nacional.
“La Florida ha tomado un paso bien importante, para restaurar lo que yo diría, ¡la dignidad!, de la gente que ha sido excluida de nuestra democracia… muchas veces lanzamos guerras en el plano internacional para exigir principios democráticos, y no cumplimos con nuestros deberes, en cuando al voto en nuestro país”.
Más de 6 millones de votantes –la mayoría negros y latinos- no pudieron votar en las pasadas elecciones a nivel nacional, nos dice Cartagena, por leyes como la de La Florida, “de las peores en la nación… ¡algo bochornoso!”.
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En tanto, comunidades enteras de donde han emergido los ex prisioneros resultan también afectadas por la pérdida del derecho al voto de tantos cientos de miles, ¡un millón y medio! de habitantes en La Florida, sostiene Juan Cartagena.
Y es que las estrategias policiacas en La Florida “han concentrado la actividad -de persecución- de una manera selectiva, étnica y geográficamente; por lo que esto recae sobre todo en la gente de color ligada a crímenes menores relacionados con las drogas, nos dice Cartagena basándose en documentación archivada sobre decisiones y análisis de las cortes, revisada a través de los años por su organización.
“Con estadísticas que demuestran que la raza blanca americana tiene acceso y posesión, y vende más drogas que la raza latina en este país… Y que la policía actúa sólo en contra de un grupo y no en los otros… con esto se disminuye el poder político que tiene esa comunidad”, dice Cartagena. Lo que trae como consecuencia que las comunidades negra y latina carezcan de poder político «porque no tienen la capacidad de ejercer su derecho al voto».
Además, el Censo los cuenta como residentes de los lugares donde están presos, pequeñas poblaciones alejadas de sus lugares de origen, «que dificultan incluso las visitas de sus familiares por hallarse esas prisiones a muchas horas de camino». Con esto, alteran también «el reparto de la representación política y el poder económico» que se deriva del conteo del Censo cada década, y esos presos permanecen a veces en esas prisiones por periodos de tiempo muy prolongados.
«Un ‘plan con maña’ que sienta sus raíces en el viejo sistema segregacionista del sur, es el apartheid de Estados Unidos», nos dice por su parte Samuel Orozco, en el referido programa de Línea Abierta que él mismo conduce.
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Para seguir escuchando este interesante análisis con nuestros invitados, Juan Cartagena, Kira Romero-Craft y Yraira Guanipa, así como las intervenciones de nuestra radio audiencia, escuche el resto de Línea Abierta en el enlace de abajo: