‘Soñadores’ de Arizona. Foto: Cortesía de newlaborforum, cuny – edu
Procuradores Generales de 24 estados enviaron una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para que preserven y fortalezcan la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y formalicen finalmente las regulaciones que fortalecen al programa, asegurando que los estados puedan continuar beneficiándose de la póliza y brindar alivio a todos los Dreamers que temen la deportación.
De la redacción
Como se recordará, el 16 de julio de 2021 un juez de Texas emitió un fallo que puso fin parcialmente a DACA, decisión que ha sido apelada desde entonces. En una carta enviada al Departamento de Seguridad nacional (DHS), Fiscales Generales de 24 estados destacan las contribuciones críticas de cientos de miles de ‘Soñadores’, entre otros rubros en la salud pública y también en las economías de distintas comunidades en todo el país.
Desde 2012, cuando fue instaurado el programa bajo la administración Obama, DACA ha protegido de la deportación a aproximadamente 825 mil personas que crecieron en este país, y les ha permitido trabajar sin miedo a ser deportados.
“El hogar está aquí para cientos de miles de Dreamers que no conocen otro hogar que Estados Unidos”, dijo la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, a nombre de la coalición de una coalición de 24 Fiscales estales que enviaron una carta al DHS: “Estados Unidos es donde estos jóvenes han ido a la escuela, donde han trabajado, donde han pagado impuestos, donde han criado familias y donde han seguido siendo miembros vitales de nuestras comunidades”.
Los fiscales argumentan además que durante la pandemia de Covid-19 los ‘dacamentados’ ariesgaron sus vidas para proteger y salvar a otros.
En ocasiones similares los trabajadores inmigrantes ha enfrentado “amenazas inhumanas e inmorales” de deportación, pero el gobierno federal ahora tiene la oportunidad de dar un paso adelante y finalmente fortalecer a DACA en el futuro, dicen los fiscales.
Tanto propios como extraños saben que “DACA ha permitido a los beneficiarios inscribirse en colegios y universidades, completar su educación, iniciar negocios que ayudan a mejorar la economía de Estados Unidos y retribuyen a las comunidades como maestros, profesionales médicos, ingenieros y empresarios”. Especialmente a medida que la pandemia del COVID-19 comenzó a arrasar en todo el país, cuando pudo detenerse pero no se hizo, bajo la administración Trump en 2019. Entonces, miles de beneficiarios de DACA se pusieron en la primera línea del combate al virus, como trabajadores esenciales.
Se estima que actualmente 27 mil trabajadores de la salud y personal de apoyo dependen de DACA para trabajar en este país, dice la carta de los fiscales, incluidos enfermeros, dentistas, farmacéuticos, asistentes médicos, asistentes de salud en el hogar, técnicos y otros.
“DACA también ha promovido la salud pública y los intereses sociales al brindar a sus beneficiarios la oportunidad de adquirir un seguro médico proporcionado por el empleador, lo que ha sido particularmente crítico a medida que los estados luchan contra COVID-19”.
Y esto es lo que ha devuelto a la sociedad el programa:
- DACA brinda beneficios de seguridad pública y salud pública para los estados
- Los estados se benefician económicamente de los beneficiarios de DACA
- Los beneficiarios de DACA son importantes para instituciones de educación superior de los estados
- Los estados han adoptado leyes, reglamentos y programas en base a DACA
- Y quienes se oponen a DACA no pueden justificar los supuestos daños que le atribuyen al prgrama
¿Qué ha pasado con DACA?:
Después de que Trump ordenara terminar DACA en 2017, se desató una batalla legal prolongada en septiembre de ese año, que “Se abrió paso a través de múltiples tribunales antes de aterrizar en la Corte Suprema de Estados Unidos en noviembre de 2019; en junio de 2020 la Suprema dictaminó que el intento de Trump de cancelar el programa era ilegal. Después de que la Suprema falló, se suponía que la política se reanudaría pero la Administración Trump anunció que no se otorgarían nuevas solicitudes de DACA”.
Luego, como publicamos en este espacio informativo, en agosto de 2020 la Fiscal James codirigió una coalición de 17 procuradores generales en una demanda que buscaba anular, como ilegal, un memorando del DHS que intentaba hacer cambios a DACA.
“Y en noviembre de 2020, un tribunal de distrito federal emitió una orden concediendo la solicitud de la coalición de fiscales generales, por un juicio sumario parcial, y en diciembre de 2020 ese mismo tribunal federal emitió una orden de reparación aprobando la referida solicitud para que el DHS reabriera DACA a los solicitantes por primera vez, restableciera las protecciones a un período de dos años en lugar de un año, y pusiera la libertad condicional avanzada -el parole– a disposición de los solicitantes de DACA por primera vez, nuevamente sin restricciones”.
De acuerdo con el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) las personas que son elegibles para DACA pero que no se les ha otorgado, esto es lo que la orden permite a los beneficiarios del programa:
USCIS debe continuar aceptando solicitudes por primera vez, pero prohíbe al gobierno federal aprobar a cualquiera de estos soliscitantes después del 16 de julio de 2021 (la fecha de la decisión del tribunal).
El gobierno federal anunció que apelará esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.
NILC continúa evaluando la decisión y planificando los próximos pasos en la lucha que sigue para proteger DACA.
Consulte esta página web para obtener información actualizada.
Si es elegible, tenga o no DACA, hay más información relevante para usted disponible en dacaclassaction.org.
