Plan de recortes de la Administración Trump. Foto: Thedailycoin.org
De la redacción
En la guerra desatada por la administración Trump contra los inmigrantes y las llamadas ciudades o leyes santuario, California vuelve a ser blanco de los ataques – si es que alguna vez ha dejado de serlo- del Departamento de Justicia que amenaza nuevamente con suspender millonarios fondos federales del programa Byrn, que exige a cambio a las entidades federativas cooperar con las autoridades federal de Inmigración, dice el periódico La Opinión de Los Ángeles.
Como se recordará, recientemente el gobernador demócrata de California, Jerry Brown promulgó la Ley SB54, conocida también como Ley Santuario, que acaba de entrar en vigor y que precisamente elimina la cooperación con dichas autoridades de Inmigración; léase ICE, la Patrulla Fronteriza y otros agentes migratorios, en la retención de presos tras ser liberados de las cárceles donde sirvieron alguna condena, hasta que lleguen los agentes del servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, y los sometan bajo su custodia para ponerlos en procesos de deportación.
Hay que aclarar sin embargo que la cooperación de las fuerzas policiales del estado no se le niega a los agentes federales reteniendo los datos personales de los inmigrantes detenidos, o negándose a entregarlos para su custodia si los agentes federales, siempre y cuando estos agentes cuenten con una orden de aprensión emitida por un juez.
Y es que en días recientes el sub-fiscal general interino, Alan Hanson, envió una carta a la directora ejecutiva de la Junta de Correcciones Estatal y Comunitaria de California, Kathleen Howard, “recordándole que los fondos que recibió la entidad en 2016 bajo el programa “Byrne”, exigen el cumplimiento de las leyes federales que establecen dicha cooperación con las autoridades de Inmigración”, dice la fuente.
Como se sabe, la Ley Santuario brinda protección en las escuelas, lugares de trabajo y sitios públicos a los inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales, o que tan sólo han violado una ley administrativa al ingresar al país sin documentos de migración. Inmigrantes que por lo general mantienen un buen carácter moral, son padres muchas veces de hijos ciudadanos, trabajan y pagan impuestos y contribuyen con la grandeza económica y cultural de este país.
No obstante el gobierno federal afirma –sin brindar pruebas que lo sustenten-, que estos inmigrantes representan un peligro para la seguridad nacional, y acusan a las autoridades, de California en este caso, de brindar protección a los “criminales” indocumentados.
En la referida misiva Hanson pide a Kathleen Howard, la directora ejecutiva de la Junta de Correcciones Estatal y Comunitaria de California, que el estado debe cumplir con los requisitos de un estatuto del código penal (8USC 1373), para compartir información personal de los inmigrantes detenidos (estatus migratorio, domicilio, y fecha de liberación, entre otros), o perdería los referidos fondos federales; y le dio a Howard hasta el 13 de este mes para certificar que el estado está cumpliendo con dichos reglamentos que la administración Trump exige a las entidades federativas a fin de recibir los fondos Byrn, que durante el año fiscal 2016 ascendieron a 18 millones de dólares para California.
Entre tanto, en su ruta hacia la reforma tributaria, el Senado federal debate una medida presupuestaria que impondría severos recortes a programas sociales, mismos que perjudicarán a latinos y personas de bajos ingresos, y a la cada vez más indefinida clase media.
Se trata de “una vía rápida” hacia la aprobación de recortes de impuestos, de mil 500 trillones de dólares para los próximos diez años, que beneficiaría a las personas de mayores ingresos y a las corporaciones, dice un análisis del Centro para las Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP).
Por su parte, el Centro para Política Tributaria (TPC) estima que dentro de una década, “cuando buena parte del propuesto plan tributario esté en marcha, las personas que ganan más de 912 mil 100 dólares al año –el 1% de la población- obtendrían el 80 por ciento de los recortes de impuestos netos, o un promedio de más de 200 mil dólares anuales”, sostiene la fuente.
Es decir que el gasto fiscal en los próximos diez años, al que el Senado propone recortar 5.8 trillones de dólares, mismos que destina al presupuesto de El Pentágono, afectaría principalmente a una amplia gama de servicios sociales básicos, como la asistencia pública para ancianos y discapacitados con Medicaid y Medicare, entre otros programas.
La medida, que pasó en una votación de 50 a 47, contiene numerosas enmiendas propuestas por varios senadores, dice la fuente. Entre quienes la apoyaron se halla el senador republicano por Arizona, John McCain, y entre sus detractores está el senador demócrata de ascendencia cubana y nacido en Nueva York, Bob Menéndez.
“Ya sea su falta de enfoque en inversiones para la educación, para el cuidado de salud, o las comunidades marginadas, es evidente que este presupuesto es un vehículo de los republicanos para dar enormes recortes de impuestos al 1% de los más ricos del país, mientras ignoran las urgentes necesidades de familias trabajadoras y de clase media en toda la nación”, declaró Menéndez, quien dijo que piensa votar en contra, dice La Opinión■
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