De la redacción
La amenaza de deportación de la administración Trump contra los indocumentados es cada vez mayor, y por eso la Universidad de California en Los Ángel (UCLA) hace una serie de ajustes en sus políticas internas para proteger a sus estudiantes sin estatus migratorio de la inminente deportación.
Entre dichas medidas de protección destaca el nuevo nombramiento que el rector de la UCLA ha tomado, al nombrar como asesor especial en esta área, a “uno de sus profesores más involucrado en temas migratorios”, dice el periódico la Opinión de Los Ángeles.
El catedrático de estudios chicanos y urbanismo, Abel Valenzuela fue nombrado por el rector, Glen Block como su principal asesor para el diseño de políticas relativas a la inmigración y asumirá “la implementación de una serie de recomendaciones realizadas por un equipo especial de profesores y expertos tras la elección de Donald Trump a la presidencia”.
Actualmente Valenzuela es director del Instituto para la Investigación en el Trabajo y el Empleo de esa universidad, “y ha sido una voz importante a nivel nacional en torno a la inmigración, los cambios demográficos y el mercado laboral inmigrante”, sostiene la fuente.
Además, en los próximos meses se ampliarán las fuentes de financiamiento para los estudiantes indocumentados, se reaccionará ante el arresto de estudiantes poniendo en acción una serie de medidas legales, y se facilitarán alternativas en materias que requieran viajes de los estudiantes; así mismo se ofrecerá asesoría legal, se coordinará la comunicación con las autoridades de Inmigración y se instruirá a la policía universitaria sobre prácticas para mantener la confianza del alumnado.
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UCLA se prepara para defender con todo tipo de medidas a sus estudiantes indocumentados
Y en un tema relacionado, activistas Dreamers o ‘Soñadores’ intensifican su movilización para presionar por la liberación de la niña mexicana, Rosa María Hernández, quien padece parálisis cerebral y está detenida “en un albergue de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) en San Antonio (Texas), desde que fue operada de la vesícula la semana pasada en un hospital de Corpus Christi, a la espera de su deportación.
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