Ilustración de Ariel Davis / The Appeal.
By Melissa Gira Grant and
El presidente está aprovechando dos décadas de apoyo bipartidista a la represión de los traficantes para asegurar el apoyo a su agenda en la frontera.
En noviembre (2018) unos 6 mil hombres, mujeres y niños centroamericanos empobrecidos terminaron una caminata de 3 mil millas a través de Guatemala y México hasta llegar a Tijuana, en la frontera con California. Habían pasado semanas viajando por carretera, huyendo de la pobreza y la violencia homicida en sus países, y habían viajado en grandes grupos para mantener a salvo al grupo. No era la primera caminata masiva hacia el norte desde América Central. Los viajeros de «caravanas» en el pasado han buscado asilo en Estados Unidos. Y muchos de ellos lo estaban haciendo de nuevo.
Mientras tanto, en Estados Unidos se avecinaban las elecciones de medio término. Los republicanos enfrentaron una dura competencia electoral por muchos escaños en el Congreso, y se hallaban preocupados por la posibilidad de perder sus mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado. Buscando crear un fuerte problema que sirviera para apuntalar a su base, el presidente Trump comenzó a insistir en los supuestos peligros de la caravana. Comenzó a arengar en octubre, cuando los migrantes estaban en camino. Y cuando llegaron a Tijuana las elecciones habían terminado y los demócratas habían ganado la mayoría de la Cámara de Representantes. Pero las advertencias del gobierno sobre la amenaza de la caravana eran tan imparables como una avalancha. El Ejército llenó entonces la frontera de Texas a California con vehículos militares tipo Humvee, y los agentes de la Patrulla Fronteriza en el sur de San Diego lanzaron gases lacrimógenos a través de la línea internacional.
Este fue realmente un «momento diferente» en la historia, dijo Trump en octubre; un momento en el que se pide un muro fronterizo en el sur. El vicepresidente Mike Pence agregó por su parte que se estaba utilizando el engaño para «atraer a las familias vulnerables a hacer el largo y peligroso viaje» a Estados Unidos, y que los engañadores eran «traficantes de personas que no tenían en cuenta la vida humana».
No es la primera vez que la administración federal usa la palabra ‘traficantes’. Desde el primer momento en que bajó su escalera eléctrica en la ‘Torre Trump’ en Manhattan para anunciar su candidatura a la presidencia, Trump ha estado juntando apoyo para su ofensiva contra los inmigrantes. No sólo ha acusado a los mexicanos de ser violadores, sino que ha afirmado que los inmigrantes de América Central son niños «traficantes».
Por lo general, cuando el presidente usa el término «trata de personas», aunque a menudo parece que habla sólo de una forma de la trata sexual, como lo hizo en sus comentarios de noviembre, lo hace para promover una agenda antinmigrante al pintar un cuadro de delincuentes viciosos. Y millones de estadunidenses le creen.
La retórica de la trata de personas transforma a los migrantes, que a menudo huyen por sus vidas, en personas a las que los estadunidenses no deben proteger ni preocuparse por ellas. Los solicitantes de asilo, según Trump -sin ningún fundamento, como hizo en noviembre-, son entrenados por contrabandistas y “traficantes profesionales». Porque es más fácil justificar la represión contra los traficantes peligrosos, o que guían a los migrantes hasta donde quieran ir, que contra las personas hambrientas y en apuros que son realmente estos migrantes. Si queremos entender cómo se ha convertido el lenguaje de la trata en el centro de la política antinmigrante en 2018, debe entenderse la extraña historia bipartidista del término.
En Estados Unidos la retórica contra el tráfico tiene una historia de dos décadas. En los últimos días de la presidencia de Clinton, un apretado círculo de conservadores en Washington y en el Congreso buscó nuevas formas de impulsar a su base. Y se encontraron con una oportunidad: cada vez más personas emigraban por necesidad económica o simplemente para buscar una vida mejor, y cruzaban las fronteras internacionales a veces ilegalmente.
Para poder cruzar, muchos inmigrantes recurrieron a otros en busca de ayuda, y quienes los ayudaron a veces se aprovecharon de ellos. Aquellos que explotaron a quienes cruzaban, para su propio beneficio económico a través de la fuerza, el fraude o la coerción, fueron conocidos como «traficantes de personas».
Al mismo tiempo, los grupos defensores de los derechos de las mujeres exigieron acciones para proteger de la trata a las personas, en particular a las mujeres y las niñas obligadas a someterse al comercio sexual. La idea de que los hombres podrían convertir a mujeres y niñas en esclavas sexuales capturó la imaginación de la derecha. Y a fines de la década de 1990, los conservadores como Michael Horowitz, del Instituto Hudson, trabajaron con Gloria Steinem y el grupo feminista de la Organización Nacional para Mujeres, para impulsar un grupo bipartidista de legisladores federales a que aprobaran la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas (TVPA), que criminalizó la trata de personas. Entonces el presidente Clinton promulgó la ley TVPA en octubre de 2000, y luego el Congreso redactó regulaciones para que las agencias locales y federales de aplicación de la ley investigaran y procesaran a los perpetradores; estos enfrentaron penas de hasta 20 años en prisión, en casos de trata que involucran “abuso sexual agravado” o intentos de secuestrar o matar a la víctima.
Millones de dólares se invirtieron entonces en agencias policiales, reforzadas por campañas de sensibilización pública que advirtieron (falsamente, como más tarde se hizo evidente), que cientos de miles de niños en Estados Unidos son víctimas anualmente de los traficantes. La policía no ha encontrado en ningún lugar, el número de víctimas que afirma que existen. Sin embargo, la lucha contra la trata de personas continúa entusiasmando a los legisladores, tanto a los republicanos como a los demócratas. Algunos fiscales ahora hacen campañas muy duras contra la trata. Los sheriffs también han usado el tema para avanzar sus carreras políticas.
Lo que comenzó bajo Bill Clinton, se expandió bajo George W. Bush y prevaleció bajo Barack Obama, ahora es explotado por Trump. Ha vinculado la lucha contra la trata a sus dos principales temas de conversación: la afirmación de que los inmigrantes suelen ser delincuentes, y la proposición de que ponen en peligro a las mujeres y los niños.
Sólo hay un problema: la mayoría de las personas que facilitan los cruces fronterizos no son traficantes. En cambio, generalmente son contrabandistas, apodados «coyotes». La diferencia entre los dos términos, traficantes y contrabandistas, es importante; porque no están necesariamente conectados y cada uno de ellos está definido claramente en la ley de Estados Unidos. Un traficante usa la fuerza, el fraude y la coerción para obligar a los trabajadores a obtener ganancias financieras, mientras que un contrabandista traslada a personas que están dispuestas, a través de las fronteras; o las ayuda a eludir a las autoridades de Inmigración, para obtener ganancias financieras.
A veces, las agencias gubernamentales y la policía hacen una distinción firme entre las personas que son víctimas de la trata y las personas que son objeto de contrabando. El Departamento de Estado distingue según el consentimiento en relación con las personas que son víctimas de la trata de personas. Las personas que son víctimas de la trata también tienen derecho a los mismos beneficios del gobierno de Estados Unidos que los refugiados, incluida una visa especial, que algunas agencias citan como una razón para distinguir claramente a los dos grupos.
Sin embargo, estas agencias gubernamentales a veces tratan el tráfico y el contrabando de manera indistinta cuando se trata de la aplicación de la ley. En una página del sitio web del Departamento de Seguridad Nacional, titulada, “Los peligros del cruce ilegal de fronteras”, aparecen numerosos enlaces a historias debajo del encabezado, “Contrabandistas / Traficantes de Personas”. Una de estas historias describe a un hombre de El Salvador y su “intento de cruzar la frontera de Estados Unidos y México, con la asistencia de traficantes de personas profesionales»; como lo expresa la ley de seguridad nacional, que obligó a 70 inmigrantes ilegales a ocultarse en un «escondite» en Texas, donde privaron a los inmigrantes de alimentos y agua durante 36 horas». La historia del New York Times a la que se vincula el sitio, describe la aglomeración y el hambre en la casa de Estados Unidos donde se alojó el hombre. Pero también señala que el hombre contrabandeado sintió que la prueba «valió la pena», y que se estaba preparando para pagar para que sus familiares se sometieran al mismo cruce.
La antropóloga Gabriela Sánchez, del Centro de Políticas de Migración en Italia, entrevistó y examinó los registros de los tribunales penales de muchas personas atrapadas en el contrabando de migrantes en el lado estadunidense de la frontera sur. También ha hablado con los indocumentados que han sido clientes de los contrabandistas.
Sánchez cree que la mayoría de los traficantes de migrantes en el lado estadunidense de la frontera son personas comunes y corrientes, surgidas de la creciente militarización de las fronteras durante la última generación. En una era de restricciones cada vez más severas a la movilidad internacional de los pobres, los contrabandistas tienden a ser personas económicamente marginadas que trabajan como conductores, vigilantes, guías, coordinadores, reclutadores, cobradores de tarifas, caminantes a través de arbustos y del desierto, y vigías a través el río. También trabajan para los inmigrantes en los escondites, como cocineros, limpiadores de casas y transportistas de basura, que las personas necesitan cuando pasan días en lo que equivale a moteles improvisados y, a menudo, muy concurridos.
Ilustración de Ariel Davis / The Appeal.
Mientras que Sánchez ha visto evidencia de violencia extrema por parte de los contrabandistas contra sus clientes, ella piensa que las malas condiciones son mucho más comunes; como el hacinamiento en «casas de protección» y la falta de alimentos suficientes. Ninguno de los inmigrantes con los que ha hablado ha informado ser víctima, o testigo de tráfico.
Los hallazgos de Sánchez están respaldados por los datos de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, sobre las personas condenadas por «contrabando de extranjeros» como un cargo federal. Durante años, la comisión ha publicado datos anuales sobre dichas personas. Los datos más recientes, del año fiscal 2017, son consistentes con los datos anteriores: muestran que aproximadamente dos tercios de las personas procesadas por cargos federales de contrabando son ciudadanos estadunidenses; una cuarta parte son mujeres, más de la mitad tienen poco o ningún historial criminal previo, y en más de la mitad de los casos contrabandearon a menos de seis personas. Además, en el 97 por ciento de los casos no se usaron armas, y sólo el 1% de los casos involucró a personas detenidas involuntariamente por los contrabandistas.
La confluencia de migrantes con traficantes tiene consecuencias. Por ejemplo, los niños han sido «rescatados» de sus propios padres por la policía estadunidense. En 2017, una madre de 16 años y su novio también adolescente, conducían por la calle principal de Rio Grande City, una pequeña ciudad en el sur de Texas que colinda con la frontera con México. La joven era estudiante en una escuela pública local; el novio era camarero en un restaurante de cadena local. También en el coche estaba su bebé, de 11 meses. El policía estatal que los detuvo les dio una multa porque el bebé no estaba en un asiento seguro para automóvil. Luego llamó a la Patrulla Fronteriza, quien determinó que la jovencita estaba indocumentada. El agente de la Patrulla Fronteriza la detuvo, la separó de su bebé y no permitió que el padre se quedara con su hijo. Pasaron semanas antes de que la madre de la niña pudiera ir a la corte y recuperar a su bebé. Según los registros del DPS (Departamento de Seguridad Pública), la razón de la separación fue que «La Patrulla Fronteriza investiga el posible tráfico sexual de un menor».
En otro incidente en Texas, un soldado del DPS detuvo un auto a unas 45 millas al norte de la frontera de Texas con México. El soldado le dijo al conductor, un ciudadano latinoamericano de Estados Unidos, que una de sus luces traseras estaba funcionando mal. Él y otro soldado que llegó a la escena interrogaron luego a su pasajera, una mujer de 22 años de edad que hablaba sólo español. Ella dijo que era una ciudadana estadunidense. El conductor dijo que ella y su pasajero se dirigían al parque de diversiones Six Flags en San Antonio.
A los dos soldados les tomó casi una hora de interrogatorio y reproches, con la ayuda de dos agentes de la Patrulla Fronteriza para que la pasajera se desmintiera. Finalmente admitió que era indocumentada, recién llegada de El Salvador. «Me amenazaron de muerte en mi país», dijo ella, llorando.
El agente de la Patrulla Fronteriza arrestó al conductor por «contrabando de extranjeros». Hizo esto después de que uno de los soldados del DPS le dio una lección sobre cómo puso en peligro a la mujer salvadoreña. «¿Va a ser traficada?», regañó al conductor. «¿Van a hacer que ella haga cosas que no quiere hacer? … [No] no estás pensando en lo que podría pasarle a ella».
La mezcla retórica del contrabando y la trata de personas incluso ha dado forma a la ley. Un ejemplo de ello es la «Ley del Coyote», de Arizona, o el Proyecto de Ley del Senado SB 1372, que data de 2005.
Comenzó como un intento de procesar un problema de trata de personas en Arizona, y surgió de la colaboración legislativa entre los fundamentalistas religiosos de derecha y los defensores de los derechos de las mujeres. Una de las defensoras fue Peggy Bilsten, ex miembra del Concejo Municipal de Phoenix y fundadora de StreetLightUSA, una organización que se enfoca en la trata de niños. Según un documento del Senado del estado de Arizona de 2005, la sucursal de Arizona de la Organización Nacional de Mujeres también apoyó la aprobación de la SB 1372. Cuando se promulgó, fue una de las primeras leyes no federales contra la trata de personas en el país. Pero en su versión final se modificó con un lenguaje que la convirtió en un delito grave, «cuando una persona se involucra en el tráfico intencional de seres humanos con fines de lucro o con fines comerciales». La intención era castigar a los traficantes. Andrew Thomas, que entonces era el Abogado del Condado para el condado de Maricopa, que abarca Phoenix, tomó el proyecto de ley. Conocido por su declarada hostilidad ante la presencia de inmigrantes indocumentados en Arizona, Thomas argumentó que los inmigrantes que pagaron para ser traficados estaban conspirando para trazar sus propios cruces fronterizos. Es decir, eran contrabandistas de sí mismos.
La «Ley del Coyote» condujo a procesamientos y condenas de cientos de inmigrantes indocumentados que no tenían nada que ver con la trata. Y lanzó la carrera de Joe Arpaio, el exalguacil notoriamente racista del condado de Maricopa. Con la SB 1372 como herramienta, Arpaio comenzó a arrestar a inmigrantes que habían «conspirado» para contrabandearse a sí mismos.
Un tribunal federal anuló la SB 1372 a fines de 2014. Para entonces, alrededor de mil personas habían sido condenadas y cientos más acusadas, según la antropóloga Sánchez. Y aunque la ley fue revocada, las condenas no fueron anuladas.
Parece que las agencias de aplicación de la ley han aceptado la idea de que los contrabandistas de personas están invariablemente conectados con los traficantes de personas. Según esa lógica, las personas de contrabando son las víctimas de los contrabandistas, especialmente cuando son niños. Eso significa que las madres y los padres de los niños, que pagaron a los traficantes, son cómplices de los traficantes.
Un día antes de que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva que ponía fin a la separación de los niños y las familias bajo su política de «cero tolerancia» en la frontera sur, el entonces fiscal general, Jeff Sessions dio a entender que las separaciones eran necesarias; porque como le dijo a Tony Perkins, presidente del conservador Consejo de Investigación del grupo Familia Cristiana, en el programa de radio de Perkins, «Washington Watch», “cualquier adulto que lleve niños no está relacionado con ellos. Podrían ser contrabandistas, podrían ser traficantes de personas. Es una cosa muy poco saludable y peligrosa».
Un día antes, en una reunión que anunciaba la orden ejecutiva, Trump afirmó que los padres migrantes estaban entregando a sus hijos a adultos para que los usaran «como un pase para ingresar al país, con algunas personas realmente horribles». Emplea lo que se ha convertido en su letanía: “Tienes a los coyotes, tienes a los traficantes, a los traficantes de personas. No sólo los narcotraficantes, sino los traficantes de personas. Utilizan a estos niños como pasaportes para ingresar al país».
Ilustración de Ariel Davis / The Appeal.
Al día siguiente, Trump usó una reunión del gabinete para advertir de una inexistente «industria masiva de tráfico de niños» con la participación de migrantes, a través de la cual alegaba que «los traficantes de personas están haciendo una fortuna». Defendió sus políticas contra la inmigración afirmando que los niños migrantes, al entrar a Estados Unidos, «realmente vienen con los coyotes… ¿Saben lo que es un coyote?», continuó Trump. Más tarde, regresó a su letanía: «son narcotraficantes, son traficantes de personas, son coyotes».
La administración Trump también se presenta a sí misma como la respuesta humanitaria a este supuesto horror. En junio, cuando Kirstjen Nielsen, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue llamada a responder por la separación de las familias en la frontera por parte del gobierno, ella dijo que el gobierno estaba cumpliendo con su «responsabilidad» de «proteger a los niños extranjeros del contrabando humano, la trata y otras acciones criminales”. Los miembros republicanos del Congreso usan la misma retórica para impulsar más represión contra los inmigrantes. «Les aseguro que hay más delitos de los que jamás hubiera imaginado al cruzar nuestras fronteras. Y una gran parte de esto es el tráfico sexual”, dijo Bill Posey, el representante de La Florida en un simposio sobre tráfico de personas en agosto pasado. El senador Tom Cotton, de Arkansas, dijo en Twitter: «Los niños serán secuestrados en la frontera, y vendidos a los cárteles de la droga y a los traficantes de esclavos como boleto gratis (para ingresar) a Estados Unidos». Y refiriéndose a la trata de personas, el representante de Texas John Carter dijo a los reporteros en abril: «Créanme, muchos de los niños atractivos no llegan a la frontera».
Los medios conservadores se hacen eco del mito de que «no se puede distinguir a los inmigrantes de los traficantes». La mañana de la conferencia de prensa de Nielsen, el periodista Sharyl Attkisson le dijo a sus más de 200 mil seguidores en Twitter: «Qué triste es el número de niños pequeños que son traficados a Estados Unidos, bajo el pretexto de que son los “hijos» de los traficantes, o son liberados a sus ‘padres’ que ya están en Estados Unidos, para que los usen como esclavos laborales o como esclavos sexuales”. Tomi Lahren, de Fox Nation, elevó el drama ese mismo día y tuiteó: “No acepten el chantaje emocional de la izquierda. Estas unidades familiares separadas de ‘sus hijos’, a menudo están compuestos de traficantes de personas, traficantes de drogas y cárteles».
“No aceptes el chantaje emocional de la izquierda. Estas ‘unidades familiares separados de ‘sus hijos’, a menudo son traficantes de personas, traficantes de drogas y cárteles»
Tomi Lahren, Fox Nation
Incluso los miembros del público que apoyan enérgicamente los derechos de los inmigrantes se han calmado por esta retórica. En Oakland, California, una «ciudad santuario», en agosto de 2017 los residentes enfurecidos documentaron una redada de Inmigración en la que los policías de la ciudad ayudaron a ICE a bloquear el tráfico. En respuesta a la indignación de la comunidad el jefe de policía dijo que su agencia estaba ayudando a ICE y a Homeland Security (DHS) a realizar una investigación de «tráfico sexual». Como se mostró más adelante en los documentos de ICE, nadie fue acusado en la redada, de tráfico de personas; en cambio, ICE buscó deportar a una persona por una violación de inmigración civil.
En cuanto a los niños inmigrantes arrancados de sus propias madres y padres que buscan asilo después de que el presidente Trump asumió el cargo, el gobierno comenzó a citar la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas (TVPA) como una justificación para las separaciones.
La TVPA fue reautorizada en 2008 y establece que cuando un menor ingresa a Estados Unidos sin ser acompañado por un padre, el gobierno debe examinar cuidadosamente a los adultos que acuden para apadrinar al niño.
En 2017, el gobierno comenzó a arrestar a algunos padres migrantes, en su mayoría centroamericanos que ingresaban a Estados Unidos con sus hijos por la frontera sur, y luego procesaban a los padres por la entrada ilegal, un delito federal menor. Los procesamientos implicaron primero, separar de sus hijos a los criminales acusados. En el tribunal penal federal, prácticamente todos los padres se declararon culpables rápidamente y se les dio tiempo de trabajo comunitario o, a lo sumo, unas pocas semanas de cárcel. Pero después de cumplir su sentencia, no fueron liberados ni se reunieron con sus hijos. Fueron puestos en detención migratoria por tiempo indefinido, mientras que sus hijos languidecían en refugios y hogares de adopción patrocinados por el gobierno.
El gobierno justificó estas separaciones en parte al citar la TVPA. Un abogado del Departamento de Justicia explicó las acciones en mayo de un juez que preside una demanda con que ACLU los impugnó. Los niños no podían reunirse con sus padres, dijo el abogado, porque cuando un padre está encerrado en un centro de detención de inmigrantes, según la TVPA, él o ella «no va a ser un custodio demandado».
Ese argumento fracasó en el tribunal de la opinión pública. En junio, en medio de la cobertura de los medios de comunicación sobre los niños migrantes con dificultades y sus madres y padres llorando, el país explotó de indignación. En respuesta, el presidente Trump continuó citando a la TVPA, pero ahora como un problema, no como una solución: «Los demócratas forzaron esa ley sobre nuestra nación», dijo. «Lo odio. Odio ver la separación de padres e hijos».
En el otoño, el presidente comenzó a promover la idea de rescatar de la explotación a los niños y niñas centroamericanos en peligro de extinción, para defender sus políticas contra la inmigración. «En muchos casos, hay personas realmente malas que entran y usan niños», afirmó Trump a los reporteros en octubre. «Ni siquiera conocen a los niños», dijo, sobre los migrantes adultos con menores de edad; prácticamente todos los que, de hecho, son miembros de la familia o vecinos. «Y agarran a los niños y los usan para venir a nuestro país».
La retórica de Trump ha sido tan efectiva que ha recurrido a ella al sugerir que una vez más separará a las familias migrantes para evitar que los adultos sometan a los niños a «las horrendas acciones del tráfico de niños», como lo expresó un portavoz de la Casa Blanca. La administración de Trump lanzó esta idea, incluso cuando Trump habló de negar la ciudadanía a los bebés nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados.
La retórica del presidente continúa a medida que aprovecha las oportunidades para elegir a los padres migrantes como mercenarios de sus propios hijos e hijas. A fines de noviembre, después de que los agentes de la Patrulla Fronteriza en California arrojaran gases lacrimógenos a los miembros de la caravana, incluso a los niños pequeños, Trump dijo que esos niños también habían sido puestos en peligro deliberadamente por «enganchadores». Al caracterizar el acto del cruce de fronteras con los niños como «tráfico», un lenguaje político casi inmune al desafío, continúa su guerra contra los inmigrantes■
