Protestan Dreamers por la cancelación de DACA. Foto: MyAJC.
Maribel Hastings
Mientras vuelven a sonar tambores legislativos para revivir planes de regularizar la situación migratoria de los Dreamers, no pasa desapercibido que el presidente Donald Trump ha ido moldeando su propia reforma antinmigrante al son de órdenes ejecutivas y cambios administrativos.
Varias de esas propuestas han sido bloqueadas en los tribunales, pero exponen las prioridades de un presidente antinmigrante y aislacionista con claros objetivos en mente: levantar un muro en la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña; imponer un veto musulmán; cerrar las puertas de Estados Unidos a refugiados y asilados; reducir los niveles de inmigración documentada a este país; desatar una fuerte ofensiva contra los indocumentados radicados en Estados Unidos mediante una agresiva fuerza de deportación que opera sin discreción procesal y arrastra incluso a personas sin historial delictivo o incluso personas con discapacidades, como el joven Juan Gaspar García, quien sufre con Síndrome de Down, detenido y luego liberado en La Florida.
A lo anterior se suma su guerra sin cuartel contra las ciudades santuario o ciudades seguras; su plan de deportaciones sumarias; poner fin a la práctica de detención y liberación; separar de sus padres a menores detenidos; separar matrimonios detenidos; aterrorizar a padres, madres y niños con redadas que van tras trabajadores necesarios en diversas industrias del país.
Trump canceló DACA (el programa de acción diferida) en 2017 y bloqueó todos los planes para legalizar a los Dreamers porque no cumplían con los requisitos de su agenda antinmigrante. Incluso rechazó DACA cuando se le ofrecieron 25 mil millones de dólares para su muro.
Es evidente que la única intención de Trump es perseguir indocumentados o hacerles la vida tan imposible que se vayan por su propia cuenta, el famoso concepto de autodeportación esgrimido por políticos republicanos en diversas oportunidades.
A todo esto, el liderazgo republicano de ambas cámaras se hace de la vista larga y el disminuido presidente de la cámara baja, Paul Ryan, republicano de Wisconsin, sólo dice que llevará al pleno cameral medidas que Trump promulgue, de manera que ya sabemos en qué consistirán.
Es en este contexto que un par de republicanos que enfrentan duras campañas de reelección en sus respectivos distritos, Jeff Denham, de California, y Will Hurd, de Texas, desempolvan la regla, Queen of the Hill, que consiste en someter varios proyectos de ley y el que más votos obtenga es el que prevalece. Se ofrecerían cuatro proyectos de ley, dos de los cuales legalizan a los Dreamers; otro es el antinmigrante proyecto republicano de Bob Goodlatte; y el cuarto es el que Ryan proponga. Denham y Ward aseguran tener 240 votos para forzar una votación en caso de que Ryan no actúe.
En la cámara baja se requiere una simple mayoría de 218 votos para aprobar una medida. Pero, ¿lo harán? Y en el supuesto caso de que avance una medida de legalización de los Dreamers, ¿qué hará el Senado? Y en caso de que el proyecto salga del Congreso, ¿lo promulgará Trump si no incluye su lista de medidas antinmigrantes?
Quizá poco le importe porque finalmente está moldeando la política migratoria a su antojo, aunque en diversos frentes la pelea se esté dando en los tribunales, como el caso de DACA y las ciudades santuario, por nombrar dos.
Lo curioso es que los mismos republicanos que acusaban al expresidente demócrata, Barack Obama, de gobernar por decreto o de creerse un “rey” por girar órdenes ejecutivas, como DACA ante la inacción del Congreso, ahora las aplauden si avanzan su troglodita agenda en materia migratoria o del medio ambiente.
Lo indignante es que sea un presidente de dudosos antecedentes —investigado por serios asuntos como potencial obstrucción de justicia, rodeado de asesores, algunos de los cuales han sido ya acusados y otros se han declarado culpables de mentirle al FBI, como su exasesor de seguridad nacional, Michael Flynn— el que se autoproclame defensor de “la ley y el orden” y la emprenda contra inmigrantes ‘sin papeles’, cuyo único norte es buscar una mejor vida o huir de la violencia y la corrupción.
Pero lo irónico es que han sido las cortes y en algunos casos jueces nombrados por el propio Trump los que han puesto freno a algunos de los excesos de las órdenes ejecutivas migratorias del presidente.
El martes, en un fallo contra la deportación expedita de extranjeros convictos de ciertos crímenes estatales, fue el juez Neil Gorsuch, nombrado por Trump, quien votó con los cuatro jueces liberales del máximo tribunal en una decisión 5-4. Gorsuch argumentó que la definición de “crimen de violencia” para fines de deportación es “constitucionalmente difusa”. Y Gorsuch escribió que “un gobierno de leyes y no de hombres nunca podrá tolerar ese poder arbitrario”.
Que alguien, por favor, se lo explique a Trump, el Rey de la Arbitrariedad■
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice
