Corte de Inmigración. Foto: immigrationimpact.com.
De la redacción
El presidente Trump utiliza su autoridad a través de su Departamento de Justicia para atacar a los solicitantes de asilo e inmigrantes de color, dice un extenso informe del Centro Legal para la Pobreza del Sur. Uno de los resultados que está teniendo dicho suceso, es que decenas de jueces de Inmigración han renunciado a sus cargos en medio de la crisis migratoria en la frontera que generaron las políticas antinmigrantes de este gobierno federal.
Aunque muchos admiten que los tribunales de Inmigración han sido disfuncionales desde su creación en este país, un informe del Centro Legal para la Pobreza del Sur (SPLC) examina algunos de los desafíos que enfrenta el sistema de Tribunales de Inmigración, cada vez más bajo la influencia del Departamento de Justicia (DOJ); analiza “el colapso del sistema”, y explica por qué “no se puede recuperar así como está en su forma actual… se ha derrumbado efectivamente”, dice.
“Décadas de experiencia demuestran incontrovertiblemente que los tribunales de Inmigración nunca han funcionado y que nunca lo harán, como dice el presidente del tribunal superior, John Roberts (que actualmente preside el juicio de destitución de Trump): «Nunca nunca podrán otorgar el mismo derecho a quienes comparecen ante esos tribunales”. Porque la estructura del sistema de Inmigración, sostiene, “es fundamentalmente defectuosa”.
Como se sabe tal vez, a diferencia del sistema judicial, en el que las decisiones de los jueces son independientes o no están bajo el control del DOJ, desde el inicio las cortes de Inmigración han estado sujetas a las políticas del Fiscal General. Pero los jueces de Inmigración son empleados del Departamento de Justicia y tienen la responsabilidad de seguir las políticas establecidas por cada administración.
Bajo este gobierno, los fiscales generales “han utilizado su autoridad sobre las cortes de Inmigración para convertirlas en armas de deportación… contra solicitantes de asilo y los inmigrantes de color”, dice por su parte la publicación electrónica, PolíticaYa. En respuesta, “decenas de jueces de Inmigración han renunciado a sus cargos en medio de la crisis migratoria en la frontera que generaron las políticas antinmigrantes de la administración Trump”.
Solamente en 2019, dice la fuente, “45 jueces se cambiaron a otros puestos en el sistema de las cortes de Inmigración, o murieron”; casi el doble que en 2017 y 2018, de acuerdo a cifras suministradas por el DOJ. Los jueces dan varias razones detrás de sus renuncias, pero la gran mayoría señala que “obedecen al gran número de cambios en la política del DOJ, que les han restado autoridad”.
Y en contravención de todas las normas conocidas que respetan la imparcialidad, los fiscales estatales han enfrentado a los jueces de Inmigración contra el debido proceso, «al amenazar con castigarlos e incluso despedirlos por no cumplir con las cada vez mayores cuota, inmensos volúmenes de casos con la expresa indicación de deportar por la vía del fast track.
Al hablar con profesionales de inmigración en todo el país, los autores de este informe dicen haber escuchado relatos de primera mano sobre cómo «el poder unitario del Fiscal General de la nación da forma a prácticas de adjudicación sesgadas, inconsistentes e impulsadas por la política». Los jueces, sostienen los autores del informe, «no aplican estándares legales vinculantes, sino decisiones basadas en reglas inventadas ilegalmente, y participan en el trato abusivo de los no ciudadanos y sus abogados, e incluso decididen casos antes de celebrar audiencias».
Nadie en el sistema unitario responsabiliza a estos jueces, continúa el informe. El control normal en un sistema judicial efectivo —el proceso de apelaciones— «no garantiza la uniformidad y la responsabilidad porque está igualmente infectado por la influencia politizada del Fiscal General».
Al mismo tiempo, los fiscales estatales «han abusado de su poder al permitir que las prioridades de aplicación usurpen un proceso judicial que se supone imparcial y justo». Bajo la administración Trump, señalan, «los jueces de Inmigración son vistos como representantes del Fiscal General de la nación para hacer cumplir las deportaciones, no como jueces independientes caso por caso».
Segun el SPLC, en los últimos dos años los fiscales generales «han alentado claramente la toma de decisiones parciales, incluso fomentando la desconfianza de los jueces hacia los solicitantes de asilo y sus abogados». Así mismo, «han interferido con el control de los jueces de Inmigración sobre sus salas de justicia, al reasignar los expedientes de los casos para alinearse con las prioridades de aplicación y atacar las herramientas cruciales de gestión de casos».
Además, «contraviniendo todas las normas conocidas que respetan la imparcialidad», los fiscales generales «han enfrentado a los jueces de Inmigración contra el debido proceso al amenazar con castigarlos, e incluso despedirlos por no cumplir con las cuotas» de los casos impulsados por el DOJ.
Evidencia abrumadora, concluye el informe del SPLC, muestra que «la Oficina del Fiscal General ha permitido durante mucho tiempo que los jueces de Inmigración violen los derechos de los no ciudadanos de una manera generalizada y sistemática que socava la integridad del sistema judicial»■
