Manifestación contra decisión del tribunal federal que desacredita la creación de la Comisión de la Verdad. Foto: www.reporteindigo.com.
De la redacción
“Imposible cumplir las sentencias que ordenaron la creación de la Comisión de la Verdad para la investigación del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero”, dice hoy un fallo del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, dice el periódico La Jornada.
El fallo del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito daría la razón a la Procuraduría General de la República (PGR) y propone que “existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión”, relacionados con el apartado donde se ordenó la constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso de Iguala.
Con este fallo el referido tribunal federal declaró «la imposibilidad real, jurídica y material para cumplir la sentencia en la cual se ordena crear dicha comisión”, dictada en los juicios de amparo en los que se concedió la protección de la justicia federal a los presuntos sicarios o halcones del cártel de Guerreros Unidos que presuntamente incineraron los cuerpos de los 43 estudiantes en el Río San Juan, sostiene la fuente.
Pero el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Noveno Circuito desechó los recursos de “revisión extraordinaria” que habían presentado las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Salud y de Hacienda; la Policía Federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Órgano de Prevención y Readaptación Social y nuevamente la PGR, que “desacreditan las versiones oficiales presentadas por el gobierno federal en el sentido de que los jóvenes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y las cenizas arrojadas al río San Juan”, lo que en su momento las autoridades federales “se empeñaron en llamar la Verdad Histórica”.
La resolución del primer tribunal colegiado del decimo noveno circuito del 4 de junio, había ordenado además “crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala”. Como se recordará, esta comisión estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación, “encargados de resolver las líneas de investigación que se deben seguir así como las pruebas a desahogar, además de que podrán validar la incorporación de más organizaciones, tanto nacionales como internacionales”.
Pero “los procuradores y fiscales de todo el país, por conducto de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se pronunciaron en contra de la resolución” del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, también con sede en Tamaulipas, “e incluso indicaron que dicho tribunal no tenía esas facultades”.
Señalaron que la resolución de este último tribunal, “es una clara contravención al texto constitucional, pues vulnera el principio de Supremacía Constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes, y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo, trastocando la esencia del Ministerio Público”.
Ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien «resolverá si atrae los recursos de revisión extraordinaria promovidos por el gobierno federal contra las sentencias que ordenaron la creación de la comisión de la verdad para la investigación del caso Iguala”, señala la fuente.
Sin embargo, en el fallo de este miércoles el tercer tribunal resolvió que “se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión, en relación con el apartado donde se ordenó la constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas, en la investigación de delitos a dicha comisión”, dice La Jornada.
Diversas organizaciones de derechos humanos lamentaron el fallo de este tribunal unitario que le da la razón a la PGR, sobre la supuesta “imposibilidad jurídica” de crear una comisión de la verdad en el caso Ayotzinapa, como había ordenado antes un tribunal colegiado.
Los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, además de la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, firmaron un pronunciamiento conjunto en el que los colectivos lamentaron “la decisión tomada este miércoles por el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial.
Consideraron que dicha resolución “es consecuencia de una acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto al interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos” en contra de la Comisión de la Verdad, “presentados por la Presidencia de la República, diversas secretarías de Estado e incluso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas e incluso la Cámara de Diputados”.
Deploran que “Toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”.
Los colectivos alertaron y lamentaron que el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito “sucumbió a esta inusitada presión del gobierno federal y, aunque su resolución no se ha notificado a las víctimas, su acuerdo indica que el cumplimiento de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado es imposible”.
Para concluir, subrayaron que “los familiares de las víctimas del caso Iguala y las organizaciones que les representamos lamentamos profundamente esta decisión, que lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso que había sido recuperada con la valiente sentencia del Primer Tribunal Colegiado”■
