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De la redacción

Todos recordarán que poco antes de la partida del ex Fiscal General, Jeff Sessions del Departamento de Justicia, la administración Trump solicitó a la Oficina del Censo que en el nuevo registro de esta década en 2020 se incluyera la pregunta sobre la ciudanía, lo que ayudará a determinar las referidas elecciones estadunidenses de 2018, ante la infortunada acusación fallida de la existencia de un fraude masivo presuntamente cometido por inmigrantes indocumentados.

La solicitud hecha por el Departamento de Comercio para que se incluyera en el censo la pregunta sobre la ciudadanía fue por lo menos controversial, e inició posteriormente un proceso de escrutinio y litigio que hoy concluye, desterrando por el momento los peligros que se preveían a cerca de que dicha pregunta desincentivaría a millones de habitantes para llenar la planilla, con lo que las comunidades de todo el país perderían fondos económicos y representación política.

Pues bien, hoy esta pregunta sobre la ciudadanía en el censo 2020 ha sido bloqueada por un tribunal. Resulta que después de un juicio de dos semanas, este martes un juez federal bloqueó dicho plan de la administración Trump, reporta Prensa Asociada (AP).

Por el momento, los escaños en el Congreso y las decisiones de financiamiento federal durante una década que se avecina no se verán influídos por un censo mutilado. El fallo se produce después de un juicio que duró unos 15 días en Manhattan, y que el que el gobierno federal buscó descarrillar más de una docena de veces.

Ahora, se espera que la pelota pase a la cancha de la Corte Suprema, que puede tener la última palabra. El máximo tribunal está escuchando una apelación relacionada con el juicio en febrero (2018), con la esperanza de emitir una decisión antes de que la Oficina del Censo tenga que completar su cuestionario.

«Cientos de miles, si no es que millones de personas no serán contados en el censo sí incluye la pregunta sobre la ciudadanía», dijo el juez de distrito de Estados Unidos, Jesse Furman, en una opinión de 277 páginas, reporta Los Angeles Times.

«Al llegar a su decisión como lo hizo, el Secretario [de Comercio] [Wilbur] Ross violó la ley», dijo Furman, y agregó que el secretario «violó la confianza pública» al hacerlo con respecto al Censo.

Y es que la Ley de Procedimientos Administrativos requiere que una agencia «considere todos los aspectos importantes de un problema», estudie las pruebas pertinentes y llegue a una conclusión respaldada por ella; que cumpla con los procedimientos y leyes y explique los hechos y las razones de la decisión, dijo Furman.

La decisión del Secretario Ross «se quedó corta en todos estos frentes», dijo el juez Furman, quien llevó a cabo el juicio sin un jurado, según AP, y se ocupó de la primera de varias demandas presentadas por docenas de estados y ciudades para bloquear la pregunta de la encuesta, que se realiza una vez por década, y que no había aparecido desde 1950.

Se cree que este primer fallo judicial alentará a los demandantes en el caso de Nueva York, así como a aquellos en juicios similares en California y Maryland que probablemente irán a juicio a principios del próximo año, dijo a la fuente Margo Anderson, profesora jubilada de historia y estudios urbanos en la Universidad de Wisconsin, quien se opone a la pregunta.

El fallo ignora tanto la ley como la historia del censo, agregaría Hans von Spakovsky, un miembro legal de la Fundación Conservadora del Patrimonio en Washington, DC, que administra el Instituto para el Gobierno Constitucional en ese grupo. La ley federal le otorga al secretario de Comercio la autoridad total para determinar qué preguntas se utilizarán en la encuesta, dijo no obstante Hans.

Pero afirmó que la referida pregunta de ciudadanía se hizo por primera vez en 1820, y que actualmente se incluye en la Encuesta de la Comunidad Estadunidense anual, “que corresponde a aproximadamente uno de cada 36 hogares”.

El miembro de la Fundación Conservadora afirmó que la pregunta sobre ciudadanía “También evitará que obtengamos datos censales precisos sobre ciudadanos y no ciudadanos de todo el país…, lo cual es vital para hacer cumplir la Ley de Derechos de Votación, la distribución de fondos federales y tener un debate informado sobre la política de inmigración», concluyó.