De la redacción
Como se recordará, la semana pasada la Corte Suprema suspendió un interdicto judicial preliminar contra la regla de asilo de «tercer país seguro», dando como resultado la negación del asilo a un número significativo de personas en la frontera sur. Vale anotar que de los cuatro jueces liberales sólo Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg estuvieron en desacuerdo o disintieron de dicho fallo. Los otros dos jueces liberales, Stephen Breyer y Elena Kagan pueden haber sido influenciados por los méritos de los argumentos del gobierno, o por las preocupaciones quizás de que los demandantes no tenían legitimación para desafiar legalmente la regla.
Pero el peso de esa privación también puede reforzar los fuertes argumentos estatutarios hechos por los retadores de la regla. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, por ejemplo, escuchará argumentos en diciembre sobre la apelación del gobierno de la medida cautelar preliminar. Quien pierda en el Noveno Circuito probablemente buscará turnar la medida a la Corte Suprema, a tiempo posiblemente para una decisión posterior en este mismo período o, en su defecto, durante el período de octubre de 2020, lo que resulta menos probable por ser apenas un mes antes de las elecciones presidenciales.
Además, como se dijo oportunamente en Línea Abierta, la administración Trump amplío la definición de Carga Pública, que entraría en vigor el 15 de octubre “si sobrevive a los desafíos legales del estado de California, y otros estados”. La nueva regla, que amplía la definición oficial de “carga pública”, un concepto aplicado sólo a aquellas personas que dependen del gobierno para subsistir, tiene en la mira a millones de inmigrantes legales inscritos en programas sociales.
Escuche:
Línea Abierta señaló además que “desde 1999 los oficiales de Inmigración se han guiado por el principio de que carga pública es alguien que depende principalmente del gobierno para subsistir”. Que solicita el Medicaid o cupones de alimentos (SNAP) y subsidios para la vivienda y otros beneficios públicos. Bajo esta política, a muy pocos residentes se les ha negado la tarjeta de residencia permanente por considerarlos carga pública, por dos razones principales, dice Chelis López, conductor de esta edición de Línea Abierta:
“Primero, el Congreso ya a ha bloqueado a la mayoría de los inmigrantes el uso de asistencia temporal para familias necesitadas. Por lo que el uso previo de estos beneficios está fuera de discusión. Segundo, el Congreso requiere que la mayoría de los solicitantes de tarjetas de residencia tengan un patrocinador financiero. Normalmente un cónyuge o familiar que sea ciudadano estadunidense”, y que pueda demostrar solvencia económica como para prevenir cualquier futura dependencia del gobierno.
La descabellada medida se basa incluso tan sólo en la posibilidad de que pudiera existir propensión a la dependencia de programas públicos de beneficencia social. Y como hemos dicho antes, la consecuencia de este anuncio ya infundió un extendido temor en la población inmigrante.
Jackie Vimo, analista de políticas del Centro Nacional de Leyes de Inmigración explicó los pormenores legales de la medida de carga pública, que en su opinión tiene un trasfondo racista. También aborda aquí el aspecto legal la abogada Allison Davenport, del Immigrant Legal Resource Center (ILRC) en San Francisco, California. Del mismo modo, la educadora de salud comunitaria en la Clínica de La Raza, en Oakland, María Reyes opina también sobre el tema.
Escuche:
En la protesta contra ICE en la ciudad de Nueva York, manifestantes piden que se arreste al presidente. Foto: www.dreamstime.com.
Entre tanto, este jueves en el Concejo Municipal de Nueva York, como parte de un paquete legislativo más amplio, anunció que requeriría a las escuelas públicas brindar a los estudiantes materiales educativos sobre la nueva regla de carga pública federal.
Y como una de las expresiones más acabadas de la crueldad de esta administración federal, ya sea con fines electoreros o pedazos de carne roja arrojados a las fauces de los fanáticos seguidores de Trump, para que sigan confiando en las promesas de campaña y lo apoyen en su intento de reelección, la semana pasada se anunció también una medida para terminar abruptamente las visas de personas con enfermedades terminales que están legalmente en este país de forma temporal y que su vida depende de los tratamientos médicos que reciben y que no podrían recibir si regresan a sus países de origen como desea Trump. Es decir, que regresarían a su muerte segura.
Vale anotar que dichos inmigrantes enfermos viven legalmente en Estados Unidos, invitados por miembros la comunidad científica para experimentar en ellos posibles curas a las diversas enfermedades que afectan también a otros niños estadunidenses. O sea, de un gran valor científico su estancia en este país, como publicamos aquí en su oportunidad.
El tema ciertamente es complicad, y sin embargo el jefe interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Ken Cuccinelli elogió la decisión de la Corte Suprema en el programa de CBS, «Face the Nation:
También CNN abordó el tema:
#NoBusinessWithICE #ClosetheCamps #5thAve
Y por último, Inmigración y Control de Aduanas, ICE, arrestó la semana pasada a 76 personas que cerraron céntricas calles de Manhattan en protesta a las políticas de la administración Trump.
Los manifestantes lanzaron recientemente la campaña Cerrar los Campo de Inmigración de Nueva York.
