De la redacción
Durante los diez años pasados republicanos en el congreso no han cesado en su intento de derogar la Ley del Cuidado de Salud Costeable, también conocida como Obamacare. Y sin tener todavía un plan para reemplazarla, el Departamento de Justicia de la administración Trump pidió a una corte federal de apelaciones desmantelar este derecho. En un primer corte de caja sobre los efectos que tendría la medida, de consumarse dicha petición, se dejaría sin cobertura médica a 21 millones de personas, y las compañías de seguro podrían rechazar la cobertura a unos 123 millones de estadunidenses con condiciones preexistentes de salud.
La idea del presidente para reemplazar la Ley de Salud Costeable (ACA) actualmente vigente es retomar su propuesta de brindar a los usuarios un plan de salud con cobertura más amplia, más barata, más bonita y mejor, que los entendidos denominan “plan chatarra” y que el propio presidente ofreció en agosto para –según él- ampliar considerablemente el mercado de ventas de estos planes de seguro a corto plazo.
Como se sabe, estos planes no tienen que cubrir medicamentos recetados, atención de maternidad, tratamiento de abuso de drogas o condiciones preexistentes. Y presuntamente aumentarían los dos principales tipos de asistencia financiera que proporciona ACA: créditos fiscales para ayudar a las personas de bajos y medianos ingresos a pagar primas, y reducciones de costos compartidos para aminorar los deducibles, copagos y otros costos de bolsillo según Trump.
Además, expertos en el tema prevén que si Trump logra salirse con la suya se estaría abriendo la puerta al proyecto largamente acariciado por los republicanos para desmantelar el Medicare y el Medicaid, el Seguro Social y otros programas, como los cuidados de salud reproductiva para las mujeres, los exámenes prenatales y de anticonceptivos, o las diálisis para diabéticos y otros tratamientos similares, así como las campañas de vacunación, entre otras bondades.
Pero hay quienes señalan también que el plan de esta administración para derogar Obamacare le ha brindado inesperadamente a los demócratas de la Cámara de Representantes un valioso regalo. Una nueva oportunidad para perseguir su exitosa estrategia político-electoral que les ha rendido tantos frutos. Y es que como han demostrado las encuestas, el tema número uno que a nivel nacional movilizó a los electores en noviembre de 2018 fue la cobertura de salud, con lo que los demócratas propinaron la mayor paliza electoral a los republicanos en varias décadas, enviando al 116vo Congreso a 101 nuevos miembros de su partido con los que arrebató a sus contrincantes republicanos el control de la cámara baja.
Con todo, la notificación al tribunal presentada el lunes por el Departamento de Justicia no pudo haber llegado en un momento más oportuno para los demócratas, dicen algunos. Cuando muchos demócratas habían perdido ya las esperanzas de que la Cámara de Representantes acusara al presidente de colusión con los rusos, con “los hallazgos” que el Procurador General de Justicia, William Barr dice que el Fiscal Especial Robert Mueller encontró tras dos años de intensas investigaciones.
Es decir, según Barr, Muller no encontró suficiente evidencia de una conspiración criminal entre la campaña de Trump y Rusia. Y aunque el propio Procurador dijera en su interpretación del informe de Mueller que dichos hallazgos tampoco exoneran al presidente de posibles cargos sobre obstrucción de justicia, Trump miente de nuevo y dice que ha quedado totalmente exonerado.
De hecho, según trascendió en la prensa los demócratas ya estaban previendo cambiar el eje de su narrativa política, de cara a las elecciones del 2020, acerca de la posibilidad de acusar legalmente al presidente Trump y eventualmente destituirlo, por el exitoso discurso de los demócratas de extender el plan de atención médica costeable y reforzarlo, mientras cuajan las ideas de un plan de salud universal que impulsan los congresistas demócratas principalmente de nuevo ingreso.
Y en una ágil maniobra de la experimentada líder de la cámara baja, cuando la Casa Blanca apenas insinuaba sus aviesas intenciones de irse de nuevo contra el Obamacare, Pelosi propuso un proyecto legislativo para reducir las primas de los seguros de salud; fortalecer las protecciones para las personas con afecciones médicas preexistentes, y prohibir la venta de lo que los demócratas llaman «seguro basura», del presidente Trump. Algo que ni republicanos ni demócratas entienden muy bien todavía es este movimiento del Departamento de Justicia, que le da a los demócratas un anticipado regalo que no imaginaban hace un par de días.
Vale anotar que tanto Trump como los republicanos no se han cansado de prometer que protegerían a los pacientes con condiciones preexistentes, que no tocarían los programas sociales que han sido tan exitosos -con todo y sus limitaciones- durante 7 décadas, como el Medicare, Medicaid y el Seguro Social.
Y también es pertinente resaltar que nunca un experimento fallido que se repite y se repite de manera idéntica va a arrojar resultados diferentes. Además, conviene recrdar que dólar por dólar, lo que la administración Trump pretende arrebatarle a los estadunidenses privatizando la salud es aproximadamente el millón de millones de dólares que esta administración y los republicanos le regalaron a las corporaciones y al 1 por ciento más rico de la población con la pasada reforma fiscal. Reforma que por cierto los estadunidenses verán reflejarse pronto en aumentos de sus impuestos y en las exenciones tributarias para los poderosos.
Los dados están tirados, y dependerá de los demócratas defender lo que es defendible y sacarle provecho a este inesperado regalo del presidente Trump, que no obstante, de consumarse, golpearía a los más vunerables, inclidos sus propios votantes. Veremos■