Rubén Tapia
Después de más de cinco años de incontables manifestaciones y visitas al capitolio estatal, finalmente el gobernador Brown de California firmó una nueva ley que agrega protecciones contra el robo salarial. Pese a leyes en vigor que castigan el delito, en el estado se estima que los empleadores roban más de mil 200 millones de dólares al año a sus trabajadores, al no pagarles el salario mínimo, horas extras, o descansos obligatorios. Trabajadores y líderes comunitarios celebraron el triunfo junto con el presidente del senado estatal Kevin de León, en Los Ángeles, llamada la capital del robo de salarios en el país. Desde allí reporta nuestro corresponsal Rubén Tapia.
Más de un centenar de trabajadores jubilosos celebran la firma de la ley SB 588 contra el robo salarial en el local sindical que encabezo la lucha.
“Tenía confianza de que sí se iba lograr”, dice Elsa Castañeda, quien limpia aviones en el aeropuerto de Los Ángeles. “A mí me robaron alrededor de 7 mil dólares y espero que sí me los pague la compañía”.
Otro trabajador estafado es José Cazares, quien dice, “Para nosotros es algo maravilloso, que se haya resuelto algo de nuestro problema”.
“Gracias por esa ley que se dio, se va a hacer justicia”, agrega su esposa, Marina Torres.
Cázares y Torres trabajaron durante 4 años para la compañía de limpieza Coast to Coast, de 10 a 12 horas diarias, sin descansos, sin pago de horas extra, ni vacaciones y sin otras prestaciones. Cázares dice que les deben «más o menos 32 mil dólares. Aparte no nos pagaron mes y medio que trabajamos al último, no nos dieron esos cheques”.
Según el Centro Laboral de UCLA, la nueva legislación es pionera en el país porque asigna recursos específicos al estado para que pueda recuperar los salarios robados a los trabajadores, y porque comparte la responsabilidad más allá de los contratistas. Por ejemplo, establece que los dueños de edificios que contratan compañías de limpieza son responsables si este contratista no les paga a los trabajadores.
“Ahora las compañías no van a poder irse nada más, sino que tienen que pagar», dice la trabajadora Verónica Lagunes. «Porque muchas de ellas lo que hacen es que se van, ponen el nombre de otra compañía y son los mismos dueños, se van a la bancarrota y la gente que tenía antes de empleados se quedan si una indemnización, se quedan sin trabajo, sin nada”.
Bajo la nueva ley, las compañías con antecedentes de robo salarial, y que no han pagado lo que la corte les exigió, deben de pagar una fianza de 150 mil dólares, para seguir operando en California.
El líder sindical David Huerta, del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio – Trabajadores de Servicios del Oeste Unidos, dice que aún hay trabajo que hacer: «Con las organizaciones comunitarias como con las uniones, para asegurar que esto se puede defender, en la forma que se hizo esta ley».
A la fiesta de la victoria, fue invitado el presidente del senado estatal y autor de la ley, Kevin de León, hijo de una trabajadora de la limpieza en la zona exclusiva de La Joya.
“Con esta ley que entrará en vigor el primero de enero del 2016, queremos mandar un mensaje bastante duro y bastante directo a las corporaciones, que vamos a castigar de una manera muy firme si siguen robando los salarios de las familias trabajadoras”, dice De León.
Agradecidos los trabajadores, así despiden al legislador: “ ¡Gracias, Kevin!»
Luchas contra el robo de salarios también están llevándose a cabo en Chicago, donde aprobaron recientemente una ordenanza municipal, y en la ciudad de Nueva York, según el Centro Laboral de UCLA.