De la redacción
Recientemente estudiantes y simpatizantes de la Coalición de Trabajadores Agrícolas de Immokalee, La Florida (CIW), se reunieron frente a un edificio administrativo de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde varios oradores, incluida la activista de derechos humanos, Kerry Kennedy (hija del desaparecido senador demócrata y excandidato presidencial, Robert F. Kennedy), antigua aliada de la coalición, pidió a esa escuela que expulsara a Wendy’s de su campus universitario. Pero funcionarios de la universidad afirman -equivocadamente- que Wendy obtiene sus tomates a través de la compañía Aramark, que participa en el Programa de Comida Justa.
Hemos publicado amplia y oportunamente en este espacio que los trabajadores de la CIW han sacado adelante novedosas y efectivas campañas o luchas contra poderosas agroindustrias y cadenas comerciales de este suministro, nacionales e internacionales, en busca de mejoras salariales y laborales, cobertura de salud y respeto a la dignidad de los y las trabajadoras, acosadas sexualmente en los remotos campos de cultivo y en sitios de trabajo.
Como se sabe, el Programa de Comida Justa de la CIW ha persuadido por ejemplo a grandes corporaciones como Walmart y McDonald’s, entre 11 de las más poderosas del ramo en este país, para que compren sus tomates sólo productores que respetan estrictas normas de ética laboral. Pero Wendys es sin embargo se resiste a adoptar uno código de conducta laboral, y amenaza con frenar el progreso de este esfuerzo organizativo.
El Programa de Comida Justa actualmente beneficia a unos 35 mil trabajadores, principalmente en La Florida. Pero durante la última década ha ayudado a transformar la industria del tomate en ese estado del sur, donde el robo de salarios y la violencia contra los y las trabajadoras eran rampantes. Hoy es quizás la mejor industria agrícola estadunidense.
Susan L. Marquis decana de la Escuela de Graduados Pardee RAND, en Santa Mónica, California, escribió recientemente que la lucha de la CIW en los campos de La Florida, «Ya ha tenido éxito de una manera mensurable, en la eliminación efectiva de la esclavitud y el asalto sexual de hoy en día, en gran medida reduciendo el acoso». Marquis ha escrito un libro sobre este programa, en el que exalta los avances en materia salarial: «La paga es sustancialmente mayor para estas personas». Sin embargo, según los organizadores de la CIW, sólo del 20 al 25 por ciento de los tomates en Estados Unidos se compran a productores que participan en el referido programa.
A fines de 2014, unos años después de que el programa estuviera funcionando, “Wendy’s había dejado de comprar tomates de invierno de La Florida, y trasladó sus operaciones agrícolas a granjas mexicanas, de donde extraía la mayor parte de ese suministro; y donde el trabajo forzoso y el abuso físico son comunes”, dicen sus organizadores. Para Wendy’s sin embargo, según declaraciones de la empresa, “el cambio no está relacionado con el Programa de Comida Justa”.
Heidi Schauer, una portavoz de Wendy dijo en un correo electrónico citado por The New York Times que “la compañía requiere de sus proveedores de tomate que presenten revisiones periódicas de terceros, sobre derechos humanos y prácticas laborales. Y agregó que la cadena Wendy’s “se ha comprometido recientemente a comprar todos sus tomates en granjas de invernadero del interior”, la mayoría en Estados Unidos y Canadá, lo que «fortalece nuestro compromiso de tratar a las personas con respeto».
Pero Gerardo Reyes Chávez, un ex trabajador agrícola y ahora líder de la CIW desmiente estas declaraciones. Sostiene que «Si así se comportan las grandes corporaciones… las marcas más pequeñas ven el ejemplo en la negativa de Wendy para tomar una decisión y unirse al programa».
No obstante Walmart y McDonald’s acordaron ya pagar entre 1 y 4 centavos más por libra de tomate pizcado. Los productores, a su vez transfieren esta prima al salario mínimo local de los trabajadores agrícolas, que se agrega a un bono, y se cumple además con una serie de estándares laborales; como proporcionar breves y periódicos descansos bajo la sombra, con agua potable para los trabajadores, y además se garantiza la erradicación del abuso físico y sexual. Algunas de las prácticas son exigidas por la ley, pero como todo mundo sabe, éstas se violan en muchas granjas ante la falta de efectiva supervisión en las áreas remotas o solitarias de los campos agrícolas donde se desempeñan las trabajadoras.
Si bien Wendy’s es el objetivo inmediato de la CIW, hay otras grandes empresas que rechazan las demandas del grupo de Immokalee, incluidas Costco y las cadenas de supermercados Publix y Kroger. Una declaración en el sitio web de Publix dice que la cadena considera la campaña como una disputa laboral entre sus proveedores y sus empleados, y que «no es nuestro lugar» involucrarse en ella.
Ha de saberse que los auditores del Programa de Comida Justa entrevistan a al menos la mitad de los trabajadores de una granja, a menudo cientos de ellos, que es mucho más de que los suelen entrevistar los auditores convencionales. En ese contexto, los productores que hayan violado el código de conducta laboral de la CIW pueden perder el acceso a los compradores.
Las campañas de estos trabajadores de la CIW van mucho más allá de los tomates y del estado de La Florida. En los próximos años, como hemos dicho, los trabajadores de Immokalee esperan llevar su modelo a una variedad de cultivos en muchos estados, donde decenas de miles de trabajadores aún son vulnerables ante los abusos de sus empleadores. Pero para hacerlo de manera efectiva, dijo James Brudney, un profesor de derecho en la Universidad de Fordham (NY), que ha estudiado la mano de obra agrícola, “es importante mostrar que a largo plazo los compradores y productores no pueden evitar participar en el Programa de Comida Justa”■