Campesinos mexicanos y centroamericanos en los campos agrícolas de Yakima, Washington, con dificultad para guardar los 6 pies de distancia. Foto: https://yakimadiocese.org/.

De la redacción

A pesar de las declaraciones de Trump, de que el coronavirus “se irá por sí solo”, y que hemos llegado aquí porque “es lo que es”, Estados Unidos rebasó ya los 5 millones de casos y 165 mil muertes. Sin embargo, como hemos dicho repetidas veces aquí, los estragos del virus no golpean a todos por igual, pues la situación socioeconómica –es decir, ser pobre- es un factor que ha determinado quienes se enferman y quienes mueren más.

Los trabajadores agrícolas son una fuerza laboral compuesta mayormente por inmigrantes que viajan dentro del país persiguiendo las temporadas de cosecha. Y estados como California, Washington, La Florida, Michigan y Tennessee, por ejemplo, han reportado importantes brotes de coronavirus entre estos trabajadores.

El gobierno federal no ha establecido ninguna regla aplicable ni para proteger a los trabajadores agrícolas del coronavirus ni para instruir a los empleadores sobre qué hacer cuando sus trabajadores se enferman, “esto permite que los granjeros se aprovechen de sus empleados sin importarles aumentar el riesgo de exposición al coronavirus”, dice un estudio de Kaiser Health News. De ahí que este trabajo de protección y orientación sobre las medidas preventivas y paliativas haya recaído en los grupos de defensa de los trabajadores migrantes.

Sin embargo, no todos los granjeros se comportan así, pero es difícil saber quién sí y quién no, por la opacidad que prevalece sobre el tema, dijo a la fuente Alexis Guild, director de políticas y programas de salud, del grupo de defensa, Farmworker Justice.

Y es que “después de dar positivo por COVID-19, los trabajadores todavía debían laborar o fueron enviados de regreso a sus países, una amenaza económica que crea un fuerte incentivo para que los trabajadores no informen síntomas leves”.

De acuerdo con la fuente, la directora de seguridad alimentaria de la granja Jones & Church Farms, en el condado de Tennessee, Renea Jones Rogers declaró que «Esto fue lo más aterrador que pudo pasar». Es decir, dejar la solución de este gravísimo problema en manos de los granjeros.

Información recopilada en diversos medios por el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas, señala que “A nivel nacional, ha habido al menos 3 mil 600 casos de trabajadores agrícolas que dieron positivo por COVID-19”.

Y es que la naturaleza del trabajo agrícola hace muy difícil cumplir con las medidas de prevención más básicas, como el distanciamiento físico y el uso de máscaras cubre boca, medidas que “a menudo no son factibles, especialmente en las altas temperaturas”.

De hecho, Jones & Church Farms implementó sus propios protocolos de seguridad para los trabajadores al comienzo de la temporada. “Examinándolos todos los días para detectar síntomas de COVID-19 y para que aquellos que enfermaran tuvieran su propio espacio para recuperarse separados de los demás”. Pero no contaban con los que eran asintomáticos, quienes también siguieron trabajando en los campos de cultivo y propiciaron que en junio 10 de los 80 trabajadores de esa granja contrajeron el coronavirus.

El Departamento del Trabajo (DOL), que “no ha ofrecido estándares de seguridad federales exigibles para COVID-19, aunque sí colaboró con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en publicar un conjunto de pautas específicas para la agricultura”, dejó sin embargo la aplicación de dichas medidas a la voluntad de los empleadores.

Tanto los CDC como el DOL elaboraron otra serie de medidas para las fábricas de procesamiento de alimentos, como las plantas empacadoras de tomates, donde “incluyeron la instalación de protectores o separadores de plástico aunque no una distancia de 6 pies entre los trabajadores”. También instalaron “estaciones para lavarse las manos y proporcionaron personal y equipo de protección o cubiertas faciales de tela”. Sólo que la aplicación de estas medidas -otra vez- fue voluntaria.

El DOL pasó la pelota a los empleadores: «Los empleadores son y seguirán siendo responsables de proporcionar un lugar de trabajo libre de peligros conocidos para la salud y la seguridad».

También están las dificultades de los trabajadores que han sido infectados para acceder a la atención médica. “A pesar de ocupar un eslabón esencial en la cadena de suministro de alimentos del país, a menudo los trabajadores agrícolas migrantes no reciben beneficios en el lugar de trabajo”, como seguro médico o licencia por enfermedad pagada, dice la fuente.

Como se sabe tal vez, muchas granjas emplean principalmente a trabajadores latinos, y los datos de los CDC muestran que “es mucho más probable que las personas hispanas o latinas se infecten, sean hospitalizadas o mueran por complicaciones de COVID que las personas blancas”. Y debido a que la pandemia de Coovid-19 está afectando de manera desproporcionada a las personas de color, “esto podría ampliar las disparidades de salud preexistentes”, dicen expertos.

Además, buscar atención médica puede resultar riesgoso para los trabajadores agrícolas migrantes.

“Los trabajadores indocumentados pueden preocuparse por ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que los trabajadores que tienen tarjetas de residencia pueden estar preocupados por la «regla de carga pública» de la administración Trump”, dice Kaiser Health News. Sin embargo, el gobierno federal ha dicho que “buscar tratamiento para COVID-19 no estaría sujeto a la regla”. Pero del dicho al hecho, hay un trecho.

Aunque el rastreo de contactos es importante para detener la propagación del COVID-19 entre los trabajadores agrícolas, “muchos departamentos de salud no tienen traductores en el personal que hable español o idiomas indígenas centroamericanos; ni ha habido un rastreo nacional sistemático de los brotes de trabajadores agrícolas hasta ahora”, sostiene un despacho de Farmworker Justice. Entonces, «es realmente difícil entender cuántos trabajadores agrícolas específicamente dan positivo».

Y si más trabajadores contraen la enfermedad, no habrá suficientes viviendas para mantener separados a los enfermos de los demás, “o suficientes trabajadores sanos para cosechar los cultivos… Los tomates no esperan hasta que todos se sientan bien para ser cosechados», dice Renea Jones Rogers, directora de seguridad alimentaria de la granja, Jones & Church Farms en Tennessee.