Casillas electorales contenciosas. Foto: thinkprogress.org
De la Redación
En una decisión de 2 a 1 dichos jueces señalaron como violatorios de la ley a varios Distritos Electorales: el 23, que se extiende desde San Antonio hasta El Paso, ocupando la mayor parte de la frontera entre Texas y México; el Distrito 27, representado por Blake Farenthold, y el distrito 35, un distrito central de Texas representado por Lloyd Doggett, demócrata de Austin.
Desde que la Suprema Corte de justicia eliminó en Texas partes centrales de la Ley de Derecho al Voto en 2003, en lo sucesivo las autoridades electorales texanas “parecen no haberse mantenido con las manos limpias” en el manejo de esta ley, dijo recientemente la Junta Editorial de The New York Times. E indicó que Texas “necesita lecciones sobre cómo remediar los malos manejos de esa ley”, convertidos en “el arte de violar los derechos al votante de las minorías”.
En un ámbito más local, The Texas Tribune señaló que en una sentencia que se había retrasado por largo tiempo, un panel de jueces federales invalidó este 10 de marzo el mapa electoral que los legisladores de Texas dibujaron en 2011 con la aviesa intención de diluir el poder político de los afroestadunidenses y de los latinos.
Pues bien, el viernes trascendió que los jueces de una corte federal dictaminaron que “algunos de los 36 distritos electorales del Congreso de Texas violaban la Constitución de Estados Unidos”. Más concretamente, la Ley de Derechos del Votante.
En una decisión de 2 a 1 dichos jueces señalaron como violatorios de la ley a varios Distritos Electorales: el 23, que se extiende desde San Antonio hasta El Paso, ocupando la mayor parte de la frontera entre Texas y México, y que está representado por el republicano, Will Hurd, de Helotes; el Distrito 27, representado por Blake Farenthold, un republicano de Corpus Christi; y el Distrito 35, un distrito central de Texas representado por Lloyd Doggett, demócrata de Austin.
Volviendo al Times, la fuente informa que en dos de esos distritos el tribunal encontró que los cartografistas usaron diversos métodos para dibujar –manipular- las líneas distritales, en violación a la Constitución; o más específicamente a la referida la Ley de Derechos del Voto.
“En el primero, un distrito de mayoría latina, rompieron cohesionadas áreas latinas atrayendo dentro de sus demarcaciones a los votantes latinos con tasas de participación electoral más bajas, y excluyeron a aquellos otros latinos con mayores tasas de participación política; así mismo incluyeron más votantes blancos de alta participación electoral dentro de las nuevas líneas que modificaron para conformar ha doc los distritos”, sostiene la fuente.
Ya en 2012 estos mapas habían sido bloqueados por un tribunal federal en Washington, DC, “porque Texas, junto con varios otros estados y jurisdicciones tenían largas historias de discriminación racial en la votación”. El estado de Texas tenía entonces que obtener una aprobación federal antes de efectuar cualquier cambio a sus leyes o prácticas de votación.
Pero el estado había bloqueado también este requisito de autorización previa de la ley federal para votar en Texas. Luego, en 2013 la Corte Suprema invalidó esta disposición de la Ley de Derechos del Voto, que determinaba quién estaba sujeto a pedir permiso antes de modificar la ley electoral.
“Los legisladores texanos aprovecharon entonces la oportunidad para restaurar la ley de identificación de votantes, ley que fue derogada el verano pasado por un tribunal federal de apelaciones, por discriminar a los votantes negros y latinos”.
Entonces los funcionarios locales “se envalentonaron”, sostiene la fuente.
Por ejemplo, en la ciudad de Pasadena, “donde los latinos son la mayoría”, el alcalde Johnny Isbell se movió ágilmente para cambiar el sistema electoral de la ciudad, de forma tal que “el control del Ayuntamiento quedó en manos blancas”. Cuando se le preguntó “¿por qué lo hizo?”, Isbell respondió al periódico neoyorquino: «Porque el Departamento de Justicia ya no puede decirnos qué tenemos que hacer».
En enero de este año un juez federal colocó a Pasadena de nuevo bajo la supervisión federal, sancionada raramente por la Sección 3 de la Ley de Derechos del Voto, que permite a un tribunal federal requerir una aprobación judicial previa a los funcionarios electorales locales para realizar cambios en la ley del ramo, si se halla evidencia de discriminación racial intencional”, como se ha hallado hasta la fecha en Texas, afirma la fuente.
“Si el tribunal federal opta por usar la Sección 3 del al ley electoral de la nación, para imponer esta sanción, tendría amplio poder para dar forma a sus términos -incluyendo cuánto tiempo necesita para monitorear al estado y qué tipos de prácticas de votación necesitarían ser pre-aprobadas”.
Pero la supervisión federal en 2017 no significa sin embqrgo lo mismo que lo que significaba el año pasado. “No con un Departamento de Justicia dirigido por el Fiscal General, Jeff Sessions, quien a lo largo de su carrera ha mostrado más interés en procesar a las minorías por falsos casos de fraude electoral que en proteger los derechos del voto de las minorías”.
Hay muchas razones para que el tribunal pueda adoptar un enfoque agresivo aquí. “Y si hay un estado que debe ser monitoreado por sus prácticas de votación racialmente discriminatorias, es precisamente Texas”, concluye la fuente■
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