Campesinos en los campos agrícolas de Arizona, bajo temperaturas a veces de casi 120 grados Fahrenheit. Llevan años esperando una reforma migratoria. Foto: http://news.unm.edu.

Marco Vinicio González

El llamado Título 42, una oscura medida de salud pública que data de 1944 y que otorga a los funcionarios federales de salud la autoridad durante una pandemia para rechazar a los solicitantes de asilo a fin de limitar “la introducción de enfermedades transmisibles”, iba a terminar hoy, pero un juez federal en Luisiana impidió el viernes que la administración Biden reabriera las fronteras a los migrantes y solicitantes de asilo.

El juez -designado por Trump- Robert Summerhays emitió una orden judicial preliminar, tomando el lado de 24 estados gobernados por republicanos que expresaron “preocupación” por los costos de la inmigración indocumentada ante una supuesta propagación del covid-19 en Estados Unidos, que no sólo cuenta con el mayor número de casos de covid en el mundo sino que vive un repunte peligroso.

Muchos esperan que la administración Biden apele el fallo judicial, pues afirman que se está pisoteando este histórico derecho internacional, y que dicho interdicto judicial se ha convertido a su vez en un alivio para algunos demócratas que enfrentan la reelección o buscan un puesto de elección popular y temen que un aumento ampliamente anticipado en los cruces no autorizados los ponga a la defensiva.

Pero los críticos de la medida afirma que las decisiones de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, CDC, que levantaron restricciones en muchas partes del país –aunque algunos estados están dando marcha atrás- sostienen que la decisión del juez no tiene nada que ver con la pandemia y más bien está motivada por razones políticas.

Pues existen medidas como las vacunas, las cuarentenas y los tratamientos para evitar la propagación del virus. Y que dicho fallo judicial también ofrece un respiro a la Casa Blanca, de las presiones políticas relacionadas con la frontera antes de las elecciones legislativas de noviembre, cuando los demócratas corren el riesgo de perder su estrecho control sobre la Cámara y el Senado.

Con todo, el fallo de la corte para mantener el Título 42 extiende el trato desigual para los solicitantes de asilo en México, que aceptó recibir a los a migrantes rechazados que buscaban asilo, provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador y hasta del propio México.

Otros jueces sin embargo han descubierto que la aplicación del Título 42 restringe ilegalmente el acceso a las leyes de asilo, o que no hay evidencia de que la medida evite la propagación del coronavirus; como el juez Emmet G. Sullivan, del Distrito de Columbia y que incluso fue designado por Trump, que dictaminó en demandas separadas que era ilegal expulsar a menores no acompañados y familias migrantes■