De la redacción
Como dijimos oportunamente en este mismo espacio informativo, la Legislatura estatal de Georgia, controlada por los republicanos pasó una ley que permite manipular las elecciones con detrimento principalmente para las minorías en el país. Se trata de una ley que aprobaron ambas cámaras estatales y que inmediatamente firmó el gobernador Brian Kemp, que despoja de autoridad al Secretario de Estado electo y otorga a los funcionarios estatales de la Junta Electoral amplios derechos, incluida la capacidad de reemplazar a los funcionarios de dichas juntas locales o de condado, desechar boletas e impedir el recuento de los votoso la certificación de la elección. Exactamente lo que quería hacer Trump tras su estruendosa derrota.
Un modelo antidemocrático avanza en las Legislaturas de 43 estados del país donde los republicanos tienen control, según un rastreo que el Brennan Center for Justice hizo en febrero, pero que a la fecha ha crecido sumando además de Arizona, Iowa, La Florida, Michigan y Texas, a Carolina del Norte, Michigan y Wisconsin más recientemente.
Controlar el poder de las juntgas electorales sería sin duda la parte más peligrosa de dicha ley, pero se suma a otras restricciones igualmente antidemocráticas. Establece por ejemplo nuevos requisitos de identificación de votantes; disminuye el número de casillas y urnas para depositar el voto anticipado y por correo; reduce los días para sufragar por adelantado, algunos de larga tradición como la de votar los domingos después de misa para la comunidad afroestadunidense, una costumbre conocida como “Souls to the Polls”; y penaliza con multas y cárcel asistir con agua o comida a las personas que hacen las largas filas para poder votar, que los mismos republicanos provocan y que pudimos ver en noviembre hasta de 11 horas de espera.
Se trata del más descarado y desaseado –por decir lo menos- asalto a la democracia por parte de los republicanos; o la restricción más extensa y perniciosa que Estados Unidos haya experimentado en generaciones para restringir el voto, principalmente de las minorías, que hicieron mucho más tiempo de espera para votar que los electores en los vecindarios blancos. Y recuérdese que fue la copiosa participación electoral de las minorías, negra principalmente pero también los latinos, quienes en Georgia enviaron dos senadores demócratas al Senado federal y esto allanó el arribo de la administración Biden a la Casa Blanca.
Por su parte Cliff Albright, cofundador del Black Voters Matter Fund, dijo a la televisión el domingo que «Los cambios recientes no son más que ponerle un poco de maquillaje y perfume a Jim Crow». Y como parte de una semana de acción planificada, este grupo, que cobró fuerza a nivel nacional sobre todo durante el último año y a partir del asesinato policial de George Floyd, cuyo juicio quizás hoy emitirá un veredicto, planea una manifestación hoy mismo en la sede de la Cámara de Comercio de Georgia, en Atlanta, para presionar a las corporaciones como Coca Cola, Walmart, Target, etcétera, para que se opongan a la referida ley antidemocrática.
Al cambiar sus leyes electorales, «Georgia dará otro paso para garantizar que nuestras elecciones sean seguras, accesibles y justas», dijo sin pudor el gobernador Kemp a la prensa.
Hasta las organizaciones de perfil nacional conservadoras, como la Heritage Foundation han dicho que la nueva ley de Georgia hace que «el estado sea un modelo para el resto del país». Y es que los cambios demográficos del estado habían convertido al antiguo bastión republicano en un campo de batalla político clave el año pasado, que hoy tiende hacia el color político azul.
La nueva ley también prohíbe a la oficina del Secretario de Estado enviar solicitudes de boleta de voto ausente no solicitadas, como lo hizo antes de las primarias de 2020 debido a la pandemia de coronavirus, entre otras perlas de la legislación. Pero lo más peligroso para la frágil democracia estadunidense es sin duda el derecho a suspender tanto a los superintendentes electorales locales como a las juntas electorales locales y nombrar a un nuevo funcionario para que intervenga como árbitro temporal con poderes plenos.
Grupos de derechos de voto argumentan que otorgarle al estado nuevos poderes sobre las elecciones del condado contradice la tradición del control local y podría conducir a un escenario en el que los funcionarios estatales intervengan para evitar que un condado certifique sus resultados electorales.
Se trata, dicen analistas, de una oscura camarilla de republicanos, pues no son todo, y casi un 70 por ciento del electorado, que incluye a posibles votantes republicanos se opoenen a dichas restricciones. Vale recordar que el propio Secretario de Estado de Georgia, de filiación republicana, Brad Raffensperger se opuso en su momento a la treta política de Trump. Ahora ya no.
Por lo pronto, pasar la Ley del Pueblo o The People Act (HR1) que aprobó la Cámara de Representantes y ahora va al Senado es el más efectivo antídoto para detener la embestida antidemocrática republicana y evitar la transición hacia el autoritarismo, dicen expertos. Pero el Senado se levanta como el principal obstáculo para que pase esta ley y la ley del extinto congresista John Lewis, o la Voting Rights Advancement Act (HR4). Lo que lleva definitivamente al tema del filibusterismo en el Senado■
