La Suprema Corte de Justicia escuchó esta semana el caso de un joven adolescente mexicano muerto a balazos a manos de un agente fronterizo que le disparó desde Estados Unidos. El joven de 15 años de edad, Sergio Hernández, murió en el 2010 mientras jugaba con sus amigos en un canal del Rio Bravo, que divide las fronteras de El Paso con Ciudad Juárez, México. El veredicto del máximo tribunal podría impactar al debate sobre los derechos constitucionales de los extranjeros o no ciudadanos que resulten afectados fuera del territorio nacional. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Foto: José López Zamorano
Casi siete años después de que Sergio Hernández sucumbió por un balazo en el cabeza disparado por el agente Jesús Mesa Jr. su caso llegó al máximo tribunal judicial del país.
Sonido de la sala judicial.
Su equipo legal pidió a los 8 magistrados dictaminar que el joven queda protegido por la Cuarta Enmienda Constitucional, que prohíbe el uso irracional de fuerza letal y además porque su crimen ocurrió cerca de la línea limítrofe, sobre un canal administrado por los dos países y controlado por el gobierno estadounidense. Uno de sus abogados es Cristóbal Galindo.
«Si Sergio hubiera sido americano este caso sería diferente. Como es mexicano que murió en México, el gobierno de Estados Unidos está diciendo que no tiene derechos de reclamar»
La defensa legal del patrullero y el abogado general adjunto de la nación Edwin Kneedler alegaron que ningún extranjero muerto fuera de Estados Unidos goza de las protecciones de la Constitución relacionadas con el uso de fuerza letal por parte de un agente federal.
Se escuchan comentarios en la sala
Los magistrados estuvieron divididos. Algunos se mostraron renuentes a emitir un dictamen que pudiera aplicarse a los ataques con drones en el extranjero, en tanto que otros consideraron necesario buscar un remedio a la injusticia. El juez Anthony Kennedy propuso que el desenlace lo decidan los dos gobiernos o el Congreso.
Abogado Robert Hilliard en conferencia de prensa afuera de la sede de la Suprema Corte de Justicia en Washington, D.C. Foto: José López Zamorano
Pero Robert Hilliard, otro de los miembros del equipo legal de Sergio, sostuvo que el medio más apropiado para que se haga justicia es a través de los tribunales en Estados Unidos, toda vez que el agente fue acusado en México, pero el gobierno estadounidense rechazó extraditarlo para que enfrentara la justicia mexicana.
“No creo que eso sea un remedio alternativo… si esperamos para que el Congreso actúe… nuestra frontera está activa, nuestros agentes fronterizos están armados, interactúan con mexicanos todos los días”
Al final de la audiencia, Randolph Ortega, el abogado del agente, advirtió efectos negativos si se autorizan demandas por uso de la fuerza contra extranjeros fuera del país.
«Creo que crearía un efecto escalofriante para quienes protegen la frontera y nuestra seguridad nacional en una era de incidentes críticos sobre cuándo actuar y cuándo protegerse en esta época del terrorismo» (inglés)
Aunque los padres de Sergio no pudieron viajar a Washington, su madre María Guadalupe Guereca, se mostró triste pero esperanzada de ganar ante las cortes de Estados Unidos, según declaró a la televisión mexicana.
“Quiero que se haga justicia, se esclareció que él no era ‘pollero’, se esclareció que no era sicario, que no era drogadicto. Todo eso yo les comprobé que él no era; yo lo que quiero es que esa persona pague por lo que hizo”
A raíz de que una corte de apelaciones falló en contra de la familia, si hay empate, se mantiene el fallo previo que dio inmunidad al agente. Pero si su familia gana, tendrá lugar un juicio civil por indemnización económica en una corte de El Paso, Texas. Se espera que la Suprema Corte emita un dictamen en el caso de Sergio Hernández en junio.
Para la Edición Semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano
