La jueza Elena Kagan durante una audiencia de la Corte Suprema de Estados Unidos. Foto: Diego M. Radzinschi / Law.com.
De la redacción
Tratando de evitar que en las elecciones presidenciales de noviembre los delegados electorales voten contra el voto popular, cuando éste gana en los estados, la Suprema Corte falla en favor de que los estados puedan requerir que el votante apoye al ganador del voto popular.
En un trascendente fallo judicial la Suprema Corte de la nación trata de evitar crear más incertidumbre en caso de que los resultados de las elecciones de noviembre sean lo suficientemente cerrados como para que un pequeño número de lo que a veces se denominan «electores sin fe», que representan el voto electoral, puedan determinar el resultado; como ocurrió en 2000, cuando 5 votos electorales decidieron la elección, y más tarde con el voto electoral en 2016 Trump ganara la Casa Blanca con esta fórmula.
Los casos en disputa, Chiafalo v. Washington, y Departamento de Estado de Colorado v. Baca llegaron a la suprema. El caso más reciente ocurrió el año pasado, cuando el Tribunal del Décimo Circuito en Denver sorprendió a los funcionarios electorales al dictaminar que la Constitución política de Estados Unidos, tal y como fue escrita en 1787, y aún como está hoy, asume que los electores de los estados pueden votar libremente por su candidato favorito, pero en concordancia con la voluntad del partido cuyo candidato presidencial ganó el voto del estado.
Los funcionarios electorales estatales temieron que si la Corte Suprema dictaminaba que los electores eran libres de desafiar al estado, esto podría desencadenar suficientes deserciones para alterar potencialmente el resultado en una competencia muy cerrada.
Y es que durante una discusión en mayo varios jueces dijeron temer que se podría crear «caos» en noviembre si los electores no estaban obligados por su estado o sus leyes. Como se ha visto en repetidas ocasiones, de manera velada, y a veces no tan velada, el presidente Trump ha dejado entrever que caos es lo que busca; sobre todo a partir de que su rival político, el presunto candidato demócrata Joe Biden aventaja al actual mandatario por 10 puntos en casi todas las encuestas, e incluso en las realizadas por la cadena Fox News.
Así que la Corte Suprema dictaminó por unanimidad que los estados pueden exigir a los electores presidenciales que apoyen al ganador del voto popular y castiguen o reemplacen a los funcionarios que no lo hagan, resolviendo un tema en disputa y anticipándose a las elecciones de noviembre.
“En esta práctica, que refleja una tradición de más de dos siglos de antigüedad, los electores no son agentes libres; deben votar por el candidato elegido por los votantes del estado», escribió la jueza Elena Kagan, según reporta hoy The Washington Post.
Pero el debate al interior de los tribunales se halla dividido acerca de este espinoso tema. Tanto los estados republicanos como los demócratas instaron a los jueces del máximo tribunal a resolver el asunto antes de las elecciones de 2020, sin duda las más importantes de los últimos tiempos.
Y es que se teme que un puñado de miembros independientes del Colegio Electoral decida otra vez al próximo presidente, contradiciendo el espíritu de la Constitución política de Estados Unidos, que a la letra dice que todos los estados, excepto dos, tienen un sistema para que el ganador se lo lleve todo.
Y dice también que otros 32 estados más el Distrito de Columbia requieren que los candidatos sean electores, para comprometerse a apoyar al ganador del estado. Los estados varían en cuanto a las sanciones a los miembros del Colegio Electoral que cambien de opinión o rompan su palabra, o en cuanto a si pueden ser reemplazados.
Los estados habían pedido a la Corte Suprema que resolviera el asunto, en caso de que las elecciones de noviembre estuvieran lo suficientemente apretadas como para que un pequeño número de lo que a veces se llama «electores sin fe» pudiera determinar el resultado.
«Cuando lanzamos estos casos, lo hicimos porque, independientemente del resultado era crítico resolver esta cuestión antes de que creara una crisis constitucional», dijo en un comunicado el profesor de derecho de Harvard, Lawrence Lessig, en representación de quienes afirman la independencia de los electores.
«Obviamente, no creemos que el tribunal haya interpretado la Constitución correctamente. Pero estamos contentos de haber logrado nuestro objetivo principal: esta incertidumbre ha sido eliminada. Eso es progreso», concluyó Lessing■
