De la Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la nación rechazó la petición de la administración Obama para escuchar una vez más los argumentos de un importante caso sobre la inmigración, sin hacer comentario alguno.
Y es que esta mañana se supo por todos los medios que la Suprema Corte se negó a oír los argumentos del caso, ‘Estados Unidos v. Texas’, que suspende indefinidamente la implementación de las acciones ejecutivas emitidas por el presidente Obama en 2014 sobre la inmigración: ACA, o la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, y la extensión de esta Acción Diferida para los padres de estadunidenses y residentes legales permanentes, DAPA.
Estas iniciativas de alivio migratorio han sido catalogadas por expertos como programas de sentido común, legales y constitucionales, e incluso de acuerdo a un veredicto de la propia Suprema Corte en junio, se hallan en consonancia con décadas de acciones adoptada por los presidentes de ambos partidos, dice un comunicado de la agrupación comunitaria de Nueva York, Se Hace Camino.
Como se recordará, en lugar de proporcionar claridad y orientación a la nación dicha decisión de la Suprema Corte de junio pasado no pudo proporcionar este servicio al pueblo estadunidense. Ahora, la Corte se ha vuelto a anegare a escuchar el caso, lo que significa que las comunidades de inmigrantes continuarán sufriendo como resultado de ello.
José Rosales, un residente de Staten Island y padre de cinco ciudadanos de Estados Unidos que se beneficiaría de DAPA, a nombre de 19 mil otros miembros de la referida organización comunitaria declaró sentirse muy frustrado por la reciente decisión de la Suprema:
“… El Tribunal Supremo, que tiene el poder para hacer frente a este problema y mantener a las familias como la mía juntas, está haciéndose de la vista gorda ante las necesidades de nuestra comunidad. Merecemos que este caso sea escuchado por la Corte en pleno, y aclare lo que los expertos legales han estado diciendo desde 2014 hasta ahora, que las acciones ejecutivas del presidente son constitucionales y apropiadas”.
Rosales dijo también que la comunidad sabe que esta lucha no ha terminado aún: “Las elecciones de noviembre son más importantes que nunca para asegurarse de que estamos protegidos, y los inmigrantes como yo, a través de Nueva York y de la nación, tenemos que seguir luchando por el respeto y la dignidad mediante el registro al voto, a la educación política y a la movilización social de los votantes en nuestra comunidad».
Uno de los problemas que se señalan en amabas oportunidades en que el caso ha llegado a la Suprema para ser escuchado, es que la decisión ha quedado empatada 4 contra 4 y las cosas han quedado igual, por la falta del noveno juez que destrabaría el empate. Y de ahí que el reclamo de la comunidad inmigrante, y sobre todo su llamado al registro al voto es tan importante, en este momento que se avecinan las elecciones de noviembre■