Protestan ante la decisión de la Suprema corte que falla en favor de arbitraje individual vs demanda colectiva. Foto: www.coloradoan.com.

De la redacción

Lo que tal vez muchos esperaban que sucedería con el juez Neil M. Gorsuch al ser propuesto por el presidente Trump para ocupar el puesto que dejó vacante en la Suprema Corte de Justicia el fallecido súbitamente, Antonin Scalia, comienza a verse con claridad.

Cuando hoy la Suprema Corte de Justicia, en una votación de 5 a 4 dictaminó que las empresas pueden exigir que los trabajadores acepten arbitraje individual para disputas salariales y de otro tipo laboral, en lugar de agruparse en demandas colectivas, este fallo abre la puerta para que las corporaciones induzcan a un arbitraje individual en lugar de un litigio colectivo las disputas salariales y probablemente otras acciones tales como reclamos por discriminación en el trabajo.

La pregunta que elevó el juez Gorsuch fue si “¿Se debería permitir que los empleadores insistan en que las disputas con los trabajadores se manejen en un arbitraje individual, o por el contrario, que se les otorgue a los empleados capacidad para llevar sus reclamos en una demanda colectiva?”, e inclinó la balanza hacia el lado conservador.

«En términos políticos, estas preguntas seguramente son discutibles», escribió Gorsuch. «Pero como una cuestión de derecho, la respuesta es clara. En la Ley Federal de Arbitraje el Congreso ha ordenado a los tribunales federales que hagan cumplir los acuerdos de arbitraje de acuerdo con sus términos, incluidos los que prevén procedimientos individualizados», reporta hoy The Washington Post.

Gorsuch votó con el president de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., y con los jueces Anthony M. Kennedy, Clarence Thomas y Samuel A. Alito Jr.

Este caso ha sido considerado como el caso comercial más importante actualmente, y podría afectar hasta 25 millones de contratos laborales, dice la fuente.

Los trabajadores habían sostenido que otra ley federal, la Ley Nacional de Relaciones Laborales, vuelve ilegal cualquier contrato que niega a los empleados el derecho a participar en «actividades concertadas», o litigios colectivos, con el propósito de facilitar la «ayuda y protección mutua». Eso significa que algún tipo de acción colectiva no puede estar prohibido, dicen los trabajadores.

Ese fue el impulso de “una contundente disidencia de la jueza Ruth Bader Ginsburg”, quien subrayó sus objeciones al leer parte de su disentimiento desde el tribunal.

El fallo siguió a varias decisiones de la Corte Suprema que respaldan disposiciones similares, generalmente en contratos con consumidores. La cuestión para los jueces en los nuevos casos es si los mismos principios se aplican a los contratos de trabajo.

En 2011, en en el caso ‘AT & T Mobility v. Concepcion’, el Tribunal Supremo dictaminó que la Ley Federal de Arbitraje, que favorece el arbitraje individual, permitía a las empresas evitar acciones colectivas en sus contratos con los consumidores.

Por un voto de 5 a 4, el tribunal dijo que a una pareja de California que se oponía a un cargo de 30 dólares por lo que se había anunciado como un teléfono celular gratis se le prohibió unirse con otros clientes insatisfechos.

Las cláusulas de arbitraje con exenciones de clase ahora son un lugar común en los contratos para cosas como teléfonos celulares, tarjetas de crédito, alquiler de autos y cuidado en hogares de ancianos.

En un desacuerdo de 2015, afirma el Times, la jueza Ruth Bader Ginsburg, escribió que la decisión de 2011 y las posteriores «han resultado en la privación de los derechos de los consumidores para buscar reparación por las pérdidas y, volteando la tortilla, han exentado a los poderosos intereses económicos de la responsabilidad por violaciones de las leyes de protección del consumidor».

Pero en los casos más recientes los trabajadores argumentaron que los contratos de trabajo son diferentes. Dijeron que una segunda ley, la Ley Nacional de Relaciones Laborales, prohíbe las exenciones de clase, o el derecho a dedmndar colectivamente. La ley laboral protege los derechos de los trabajadores a participar en «actividades concertadas».

De esta suerte, dos tribunales federales de apelaciones, en Chicago (IL) y San Francisco (CA), aceptaron este argumento, aunque un tercer tribunal, en Nueva Orleans lo rechazó.

Con todo, la Corte Suprema aceptó apelaciones en los tres casos: ‘Epic Systems Corp. v. Lewis, No. 16-258’; ‘Ernst & Young v. Morris, No. 16-300’; y ‘National Labor Relations Board v. Murphy Oil USA, No. 16-307’, sostiene el Times.

Tratar de arbitrar tales reclamos individualmente sería demasiado costoso para valer la pena, escribió, Gorsuch, y «los riesgos de represalias del empleador probablemente disuadirían a la mayoría de los trabajadores de buscar reparación».

The Washington Post señala por su parte que a los argumentos de la jueza Ruth Bader Ginsburg se unieron los jueces Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

Sin embargo, no les alcanzó para evitar el fallo de la Suprema, que refleja la rotación política en Washington. La Junta Nacional de Relaciones Laborales, una agencia gubernamental independiente, estuvo de acuerdo con los trabajadores. Pero después de que el presidente Trump asumió el cargo en 2017, el Departamento de Justicia cambió de bando y presentó un breve informe en apoyo a las compañías.

Esa era la experiencia ejercida en la práctica legal del juez Gorsuch antes de su designación como el noveno juez del máximo tribunal. Y esta decisión con los otro cuatro jueces más conservadores no es mas que la confirmación de la regla. Nadie debería sentirse engañado.