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Marco vinicio González
Noticiero Latino, Nueva York
III
Stop-and-Frisk
El acelerado crecimiento de la población carcelaria en Estados Unidos alarma, y acusa entre otras cosas un patrón de discriminación y racismo; porque las detenciones, arrestos y encarcelamientos que implementan las autoridades suelen descansar en prácticas que ejercen el perfil racial, según denuncian organizaciones defensoras de los derechos civiles y humanos, y más elocuentemente la composición étnica de la población carcelaria, por cierto la mayor del planeta, que no corresponde a la manera como está distribuida la diversidad en la realidad social, ni a la comisión de delitos cometidos por los diferentes grupos. En esta tercer entrega ponemos el foco en la práctica policial, Stop and Frisk, que ha generado una profunda controversia entre instituciones, organizaciones sociales e individuos de la ciudad de Nueva York.
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Dos noticias recientes han puesto el foco en la existencia de un patrón discriminatorio en el comportamiento del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, el NYPD, hacia los grupos de las minorías: El fallo de una corte Federal en Manhattan sobre el carácter inconstitucional de la práctica policíaca, más bien la política y estrategia oficial en el combate al crimen conocida como Stop-and-Frisk (Deten y Registra). Y por otro lado el anuncio del gobernador, Andrew Cuomo de una iniciativa que impulsa para legalizar cantidades menores de mariguana en lugares públicos para uso individual.
La guerra contra las drogas sigue llenando cárceles de manera desproporcionada en términos de la diversidad étnica de la sociedad, ya sea con políticas punitivas como la Ley Rockefeller de los años 70, adoptada por el gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller, quien la promulgó el 8 de mayo de 1973 y que ha desatado una infatigable lucha de las familias de los presos contra condenas exageradas e injustas hacia sus hijos, mayormente negros y latinos con sentencias de 30, 40 años y más por problemas relacionados con uso y tráfico de drogas. O con programas como Cero Tolerancia, una política que impone el castigo automático para las infracciones de la ley, con la intención de eliminar conductas indeseables según reza su definición. Esta política, esbozada incipientemente en la época de Ronald Reagan pero implementada con todo rigor en Nueva York bajo el mandato del alcalde, Rudolph Giuliani a principios de los 90, da carta blanca a la policía para la represión inflexible de delitos menores, contra personas sin hogar y los trastornos asociados con ellos. Una crítica muy conocida hacia este enfoque es que se vuelven a definir los problemas sociales pero en el marco de la noción de seguridad, que considera a los pobres como delincuentes y se reduce sólo a los delitos denominados «crímenes de la calle», los cometidos por las clases sociales bajas, con exclusión de los delitos de cuello blanco.
Ambas políticas policiales derivan de la ‘guerra contra las drogas’ y operan bajo un enfoque racial. Más recientemente Stop-and-Frisk se convierte en la táctica favorita del NYPD, la corporación policíaca más grande de Estados Unidos, con unos 40 mil miembros, impulsada por el saliente alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg durante sus tres términos administrativos, con el argumento de que en la última década gracias a esta práctica los delitos disminuyeron en un 35 por ciento, así como el tráfico de drogas y de armas de fuego ilegales en la ciudad. Sin embargo estudios muestran que esto no es exactamente así, y que más bien dichas prácticas podrían estar denunciando políticas selectivas que discriminan a las minorías, lo que revelaría la existencia de un patrón de racismo institucional.
Una de las mayores y más vigiladas ciudades en Estados Unidos es Nueva York, considerada como la capital mundial de los arrestos por posesión y uso de cantidades menores de mariguana. En su implementación, en los últimos 11 años el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York gastó un millón de horas en 440 mil detenciones por posesión de mariguana; detenciones practicadas des proporcionadamente contra jóvenes latinos y afroestadunidenses, según un estudio comisionado por el Concejo Municipal y la Legislatura Estatal de Nueva York, que reveló recientemente la Alianza para la Política de las Drogas (DPA). Autor del referido estudio, el reconocido experto en el tema y catedrático de Queens College, Harry Levine calculó que a un oficial de policía una detención por posesión de mariguana le toma un mínimo de entre dos y tres horas.
Las detenciones en Nueva York por posesión de pequeñas cantidades de marihuana aumentaron de unas dos mil personas a principios de 1990, a más de ¡50 mil hoy día!, la mayoría de ellas en la capital del estado, la ciudad de Nueva York, que aglutina a Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island. Nada más en 2011, más de 50 mil personas fueron arrestadas por poseer cantidades mínimas de mariguana, el segundo nivel más alto de arrestos en la historia de Nueva York, de acuerdo con datos oficiales. De esto se infiere que la efectividad de la ‘guerra contra las drogas’, que por cierto son cada vez más diversas, más accesibles y más baratas, deja por lo menos mucho que desear.
Racismo en el sistema judicial
Estos datos son reveladores: 90 por ciento de los jóvenes negros y latinos que fueron detenidos en los últimos dos o tres años eran inocentes de cualquier infracción criminal; y a pesar de que un alto porcentaje de jóvenes blancos consume mariguana, más del 85% de las personas detenidas y encarceladas por posesión de mariguana son negros y latinos, precisa un estudio de The Sentencing Project, un centro de investigación y abogacía que busca reformar el sistema de justicia criminal con la intensión de volverlo más justo, que propone reformas en las prácticas legales y en la emisión de sentencias, y que busca una alternativa a la reclusión. Vale anotar que políticas como la de Cero Tolerancia no se ejercieron nunca en los prostíbulos de la clase alta en Manhattan, donde la mayoría de los consumidores pertenecen a la raza blanca, ni tampoco en Wall Street, donde el tráfico y consumo de cocaína es proverbial. La ‘guerra contra las drogas’ (el entrecomillado corresponde a The Sentencing Project) no es una guerra verdadera en los anales de la historia estadunidense, pues aún cuando el perfil de un consumidor típico de drogas en este país es el de un hombre blanco, hemos visto que sus tasas de detención y encarcelamiento son infinitamente menores a las de negros y latinos.
En cuanto a las aprensiones por posesión de armas de fuego ilegales, que dicen combatir con políticas como la de Stop-and-Frisk, negros y latinos han sido los más propensos a ser detenidos y sujetos al uso de fuerza policial, en comparación con su contra parte de la raza blanca, a pesar de que los blancos han sido hallados en mayor cantidad de veces en posesión o contrabandeando armas.
Otros datos estadísticos obtenidos de una demanda colectiva sometida por la Unión Estadunidense de Libertades Civiles, Aclu-NY, en la Corte federal del Distrito Sur y en representación de David Floyd, Lalit Clarkson et all contra la ciudad de Nueva York, sostienen que el número de detenciones por año en la ciudad da un gran salto: De 314 mil detenciones efectuadas en 2004, dice los argumentos de la demanda, esta cifra de requisados se elevó a ¡680 mil! en 2011; o sea, a más del doble. En el 52 % de todas las revisiones en busca de armas, agrega, que fueron conducidas con el operativo Stop-and-Frisk, sólo fueron halladas el 1.5% de las armas que se buscaban. En otras palabras, en 98.5% de 2.3 millones de revisiones que apunta esta fuente, no fueron halladas casi ningunas armas.
Continúa: 8% de todas las detenciones condujeron a la revisión de la ropa de los detenidos, detenciones que estuvieron basadas ostensiblemente en el sentimiento (feeling) del oficial, de que un objeto en la bolsa de la ropa de un sujeto podría ser un arma, suceso que inmediatamente después fue percibido como un acto de contrabando de armas. En el 9% de estas revisiones, el objeto percibido por el oficial como un arma en efecto lo fue; pero en el 91% de las veces no se trató de un arma. En el 14% de las referidas revisiones el objeto percibido por el agente se trató en efecto de contrabando. Pero en el 86% no. 6% de todas estas detenciones resultaron en arrestos que conllevaron un castigo o multa. El 88% de los millones de detenciones con este fin resultaron en actos que no condujeron o conllevaron ninguna acción o castigo legal.
Aun hay más
Entre 2004 y hasta junio de 2009 5.37% de las detenciones resultaron en arrestos, mientras que sólo 6.26% condujeron a multas. Y entre 2010 y 2012 sólo 6.29% de las detenciones resultaron en arrestos y 6.25% en multas. En cuanto a los arrestados, de 4.4 millones de detenciones callejeras, poco más de la mitad (52%) de las personas de la raza negra resultaron arrestadas, 31% latinos y 10% blancos. En casi la cuarta parte (el 23%) de todas las detenciones de personas negras, y en otro tanto (24%) de los latinos el oficial usó la fuerza. En el caso de los anglos sometidos a este comportamiento del policía la tasa sólo llegó al 17%. Y el porcentaje de casos de armas decomisadas en los arrestos de personas negras correspondió al 1%. En los latinos al 1.1%, y en los blancos al 1.4%.
El Sistema Criminal de Justicia y la crisis de los derechos civiles de nuestro tiempo
En su blog (Thinkprogres), Nicole Flatow escribió: “Los últimos meses han revelado muchos y potentes recordatorios de que el racismo aun prevalece en el sistema de justicia criminal de Estados Unidos, como lo han profesado públicamente algunos de los más poderosos y prominentes líderes afroestadunidenses, que han tenido que prevenir a sus hijos jóvenes a cerca del perfil racial que ejerce a policía en las calles de la ciudad de Nueva York”.
En apoyo a estos señalamientos constan los records del sesgado enfoque racial en los archivos del sistema criminal de justicia estadunidense, que llevaron a la académica Michelle Alexander a declarar en uno de sus libros en 2010 (“The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness”), que los encarcelamientos masivos son el nuevo Jim Crow de Estados Unidos. La cita es relevante, sobre todo ahora que recientemente se celebraron por todo lo alto y por todo el país los 50 años transcurridos a partir de la legendaria marcha a la ciudad de Washington, cuando el Reverendo Martin Luther king Jr. emitiera el multicitado discurso, “I have a dream”. El hecho de que cientos de miles de jóvenes negros y latinos sean el blanco de las detenciones callejeras con el operativo policíaco Stop-and-Frisk en las zonas de la ciudad con alto índice de criminalidad es una muestra contundente de la crisis profunda por la que pasa el sistema de justicia criminal de Nueva York, y por extensión de Estados Unidos, sostiene Alexander.
La discriminación ha llegado a tal extremo que el lunes 12 de agosto de 2013 la jueza de una corte federal de distrito en Manhattan, Shira A. Scheindlin falló contra el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y dictaminó que el NYPD detiene sistemáticamente a personas inocentes, sin otra razón que no sea sólo su aspecto físico o racial. Scheindlin ordenó entonces crear una entidad externa a la policía, de monitoreo al comportamiento de la uniformada, lo que fue considerado por defensores de los derechos civiles en esta ciudad como un triunfo para las minorías negra y latina. El gusto ha durado poco pues el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, principal propulsor de este operativo apeló el dictamen de la jueza federal con el argumento de que esto pondrá en serios riesgos a la población. Está pendiente el desenlace. Sin embargo, en conferencia de prensa desde la alcaldía de Nueva York Bloomberg dijo que el cuestionamiento de la juez federal a la práctica policíaca Stop-and-Frisk, o Detén y Revisa pudiera llevar a la ciudad a un retorno de las altas tasas de delitos violentos. Y se adjudicó la disminución de asesinatos y crímenes en la ciudad, “que en 1990 era de seis muertes por día y actualmente es de un deceso diario”, sostuvo el alcalde. Estas declaraciones, emitidas por los alcaldes de turno, Giuliani y Bloomberg marcadamente, pretenden atribuirse logros que son resultado de una dinámica histórica derivada de la famosa lucha contra las drogas, y contra el crimen, que data de los años 60 y 70; emprendidas por distintas administraciones locales, estatales y federal. Entre algunas de las múltiples razones que han contribuido a la baja en los índices de criminalidad destaca la creciente cooperación de la población civil con las fuerzas del orden, a quienes la comunidad provee de valiosa información sobre delincuentes cunado las relaciones entre comunidad y policía son buenas, y que por cierto con programas como Comunidades Seguras y Stop-and-Frisk, o las redadas de la Agencia federal de Inmigración y Aduanas, ICE, están dando al traste con dicha cooperación. No obstante, recientemente el alcalde Bloomberg aseguró: “Piensen en lo que ese cambio realmente significa: si las tasas de homicidios en los últimos 11 años hubieran sido las mismas que en los 11 años anteriores, habrían muerto más de siete mil 300 personas que hoy están vivas”. Y agregó que la estrategia Stop-and-Frisk “ha permitido que se hayan retirado unas ocho mil armas de fuego ilegales de las calles… y que menos jóvenes porten armas en la ciudad”. No mencionó sin embargo que en su infatigable lucha por retirar de las calles de los mayores centros urbanos del país las armas de fuego ilegales, él mismo ha impulsado programas de intercambio como el de armas por dinero, un programa que ha sido cuestionado porque ir a entregar un arma a cambio de 200 dólares posibilita a la persona que se deshace de una pistola, por ejemplo, a comprar dos o tres armas más en el ‘mercado negro’ con esa cantidad que recibió de cash, pues es de todo mundo sabido que las armas clandestinas se pueden conseguir por 50 dólares en la calle.
No obstante, en su oportunidad, dentro del maco de la demanda Floyd, et al vs. City of New York,la jueza Scheindlin se negó a escuchar los testimonios de Bloomberg sobre la disminución de las susodichas tasas de delincuencia y asesinatos, y en su dictamen fustigó la defensa de esta práctica de las autoridades municipales; también rechazó el argumento de que la policía se vigila eficientemente a sí misma, por lo que ordenó la creación de un organismo monitor independiente para vigilar el comportamiento de la uniformada. Sin embargo no dictaminó el fin de la práctica. Además, la política de Stop-and-Frisk del NYPD ha alienado a muchos miembros de las comunidades de bajos ingresos acusados de ser responsables de la criminalidad en la ciudad. La pregunta que se antoja entonces es ¿Cómo va esa sensación de alienación a afectar la capacidad de la policía de Nueva York para actuar con eficacia en estas comunidades, en los años venideros?
Un nuevo estudio del Instituto Vera de Justicia, un órgano no partidista nos ofrece esta pista. Para el estudio, «La mayoría de edad con Stop-and-Frisk» (el informe señala que «por lo menos la mitad de todos los registrados que se detiene anualmente involucra aquellos entre las edades de 13 y 25 años), los investigadores entraron en seis unidades habitacionales de bajos ingresos, en barrios fuertemente vigilados, y encuestaron a casi 500 jóvenes neoyorquinos que habían sido detenidos por la policía al menos una vez. Como era de esperarse, la mayoría de las experiencias de los encuestados resultaron negativas. Casi la mitad de los encuestados dijo que los oficiales les habían amenazado o usado fuerza física durante las detenciones callejeras. Más del 80 por ciento de los encuestados afirmaron que habían sido detenidos sin ninguna buena razón, y el 85 por ciento dijo que los registros no presentaron nada ilegal. Así que la información que provee la comunidad a la policía es lo que aquí se pone en riesgo, sostiene el estudio del Instituto Vera. Es difícil cooperar con alguien que uno no confía, y el referido informe indica claramente que, en los barrios que estudiaron, «la confianza en la policía es alarmantemente baja». Al continuar la defensa del operativo Parar y Registrar, Bloomberg y Raymond Kelly, el Comisionado del NYPD, ponen en riesgo, si no es que hacen imposible reconstruir la confianza en el largo plazo.
Andrew Cuomo y la despenalización del uso de la mariguana recreativa
De acuerdo con Prensa Asociada el gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo presentó el lunes 26 de agosto una iniciativa de ley que despenalice la posesión en público de la mariguana para uso personal, y no nada más por razones médicas, sino a través de una medida que busca poner fin a la discriminación, que de hecho existe -como hemos querido mostrar- contra los miembros de las minorías.
Según dicha iniciativa la posesión en público de hasta 25 gramos de mariguana sería castigada con una multa de hasta 100 dólares, como cualquier otra falta administrativa, en lugar de ser considerada un delito menor, según la ley del ramo vigente. En fechas cercanas el Procurador de Justicia de la nación, Eric Holder había anunciado su decisión para que el Departamento de Justicia dejara de perseguir e imponer las sentencias mínimas obligatorias de cinco años de cárcel a toda aquella persona hallada con 25 gramos de mariguana o su equivalente en otras drogas, en casos que no implicaran violencia. El fiscal hizo estas declaraciones en su discurso como orador invitado de la reunión anual de la Barra de Abogados de California, en San Francisco: “Demasiados estadunidenses van a prisión, por demasiado tiempo, y por causas que no son verdaderamente buenas ni legales” (Too many Americans go to too many prisons for far too long, and for no truly good law enforcement reason).
De pasar dicha pieza legislativa en la Asamblea de Nueva York, el estado se convertiría entonces en la tercer entidad federativa en despenalizar la mariguana para usos personales, sumándose a la lista de estados con este tipo de ley: Colorado y Washington, que han legalizado el uso recreativo de la marihuana mientras otros 20 estados la han aprobado ya para uso medicinal, como si se tratara de una avalancha de estados que se inclinan por este rumbo de la legalización de la yerba. En cada uno de estos estados varían las cantidades de mariguana para uso medicinal permisibles legalmente al consumidor. Todos los estados sin embargo mantienen vigente el conflicto con las leyes federales, pues éstas proscriben el uso de la droga, persiguen y arrestan al consumidor. Con todo y esto, el expresidente mexicano, Vicente Fox estuvo muy entusiasta hace poco en el estado de Washington promocionando la apertura de la primera cadena comercial y privada de dispensarios de mariguana para uso recreativo. Algunos se extrañaron de un que un expresidente mexicano terminara “empujando mota” en Estados Unidos. Para muchos estados, particularmente para aquellos con dificultades económicas en sus balanzas presupuestales, la regularización de la mariguana, como lo fue en su momento la del alcohol y la del tabaco, es una fuente de alivio financiero por la vía de los impuestos.
