Alex Villanueva, Sheriff de Los Ángeles, Ca. Foto: The Appeal.
Los defensores están presionando para abolir la oficina en Los Ángeles y en otros lugares
Cuando Alex Villanueva fue juramentado como alguacil del condado de Los Ángeles en diciembre de 2018, la gente esperaba que asumiera una postura enérgica con el departamento, que había adquirido una reputación de brutalidad y corrupción.
Los oficiales del Sheriff de Los Ángeles se habían organizado en sociedades secretas, con tatuajes y nombres como, «Jump Out Boys» y «Grim Reapers», cuyo único propósito era perpetuar la violencia, principalmente en los prisioneros y, a veces, en los demás. Un alguacil anterior, Lee Baca, fue condenado en 2017 por ayudar en un plan para interferir con una investigación del FBI sobre las condiciones de la cárcel de Los Ángeles (que incluía denuncias de abuso de rutina por parte de los oficiales), y mentir a los fiscales.
Pero los defensores dicen que está resultando claro para la comunidad que Villanueva no es la fuerza de cambio que él afirmó ser. En lugar de limpiar la casa, creó un comité de «verdad y reconciliación» para reevaluar el despido de oficiles por parte de su predecesor inmediato, Jim McDonnell. Finalmente puso fin a las investigaciones internas o recontrató a 45 empleados, algunos de los cuales fueron acusados de conducta criminal, como abuso infantil, violencia doméstica o tener relaciones sexuales con prisioneros. El inspector general del condado descubrió recientemente que 31 de esos 45 casos estaban cerrados, sin explicación.
En respuesta, algunos reformadores en Los Ángeles están proponiendo una nueva solución: abolir por completo el puesto.
Dentro del Departamento del Sheriff de Los Ángeles
El Departamento del Sheriff de Los Ángeles es el más grande del país, con más de 9 mil oficiales y otros 9 mil miembros del personal. Su jurisdicción cubre la cárcel más grande de la nación (con un promedio de 22 mil detenidos en un día determinado), 42 ciudades y terrenos tan diversos como desiertos, montañas y océanos. También tiene un presupuesto de 3 mil millones de dólares.
Pero su tamaño ha permitido que el sheriff y sus oficiales acumulen el poder y, a menudo, no sean controlados, como lo demuestran las recientes denuncias de violencia.
Bajo la ley de California, a los alguaciles electos se les permite dirigir el departamento como lo deseen. Aunque la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles ha expresado su desaprobación por Villanueva, es poco lo que la Junta puede hacer. La ley de California teóricamente le permite al fiscal general del estado, Xavier Becerra, supervisar y posiblemente remover a un alguacil del condado, pero las agencias de asistencia de California rara vez se involucran en escándalos locales. (Cuando Kamala Harris era la Procuradora estatal, no intervino por ejemplo durante el escándalo del Condado de Orange, de los informantes de la cárcel). La oficina de Becerra se ha asociado con el departamento del alguacil.
«Ninguna oficina es menos responsable o más confiable en producir escándalo». Joe Mathews / San Francisco Chronicle
Esa es una de las razones por las que algunos defensores creen que se necesita un cambio radical. En enero, un artículo de opinión en el San Francisco Chronicle argumentó que la oficina del alguacil debería ser eliminada en todo California. «Ninguna oficina es menos responsable o más confiable en la producción de escándalos», escribió el autor de un reporte del San Francisco Chronicle, Joe Mathews. Aunque los alcaldes o los consejos municipales pueden despedir a los jefes de policía, los alguaciles no pueden hacerlo. Los alguaciles se enfrentan a elecciones cada cuatro años y, por lo tanto, son responsables ante los votantes; pero el titular generalmente tiene una ventaja en las elecciones, independientemente de su desempeño. (El sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio fue elegido por ejemplo, seis veces).
Aunque el Departamento del Sheriff de Los Ángeles ha tenido más cambios últimamente, la arraigada política de la oficina ha sido difícil de sacudir. Muchas de las personas recontratadas por Villanueva se habían enfrentado a serias demandas por mala conducta. Por ejemplo, el oficial Caren Mandoyan, quien fue recientemente recontratado, había sido despedido en 2016 por McDonnell porque una exnovia lo acusó de violencia doméstica y acoso, lo que Mandoyan supuestamente mintió cuando se le preguntó en una audiencia. (No fue condenado penalmente). El Sheriff Villanueva dijo que la «información exculpatoria» había sido excluida de las audiencias sobre el caso, y que el panel de verdad y reconciliación recomendó la recontratación de Mandoyan. (Según Los Angeles Times, el panel está formado por tres miembros del personal de mando de Villaneuva. La Junta de Supervisores cuestiona la legalidad del panel).
Fuera del proceso de verdad y reconciliación, Villaneuva también reincorporó recientemente a otro oficial, Michael Courtial, quien había sido despedido por sacar a un hombre de su camioneta y golpearlo repetidamente, así como recontratar también a otros cuatro oficiales.
Cuando se trató de la investigación interna del departamento sobre las pandillas de agentes del alguacil, Villanueva pareció retroceder en la búsqueda de cualquier investigación y minimizó las acusaciones. Llamó públicamente a los incidentes violentos como «despilfarro«, a modo de despido. También hizo comentarios críticos sobre las directrices del nuevo departamento del alguacil, destinadas a reducir el uso de la fuerza en la cárcel del condado de Los Ángeles, y las calificó de «experimento social, que fracasó y puso vidas en riesgo».
La oficina de Villanueva no respondió a las solicitudes de comentarios ni a las preguntas que se enviaron por correo electrónico a su oficina.
Villanueva se ha enfrentado en repetidas ocasiones con la Junta de Supervisores, que no tiene la autoridad para establecer la política del Departamento del Sheriff, pero sí establece el presupuesto anual del sheriff y los presupuestos de otros departamentos del condado. En marzo, la junta condenó a Villanueva por volver a contratar a oficiales previamente despedidos, argumentando que estas acciones estaban revirtiendo los intentos anteriores de erradicar la mala conducta.
Sheila Kuehl, miembra de la junta que ha sido particularmente franca con respecto a la recontratación de Mandoyan, dijo: «El nuevo sheriff simplemente no tenía la autoridad para reincorporar a una persona que había sido despedida». La junta presentó una demanda en marzo acerca de la re-contratación de Mandoyan, que ahora se halla pendiente. (Mandoyan también presentó una contrademanda contra la junta.) La demanda está programada para una audiencia en junio, justo antes de que se finalice el presupuesto.
Villanueva le dijo a los reporteros que la decisión de reincorporar a Mandoyan fue su decisión -y así fue. «De hecho, asumo el papel propio del sheriff, que es dirigir el Departamento del Sheriff», dijo recientemente a Los Angeles Times. «No le digo a la junta cómo hacer su trabajo, y no creo que tengan la autoridad legal o el derecho de dictar cómo yo, como funcionario electo y alguacil, dirijo el Departamento del Sheriff. «Es por eso que me eligieron los votantes».
El impulso para eliminar la oficina
Aunque se puede decir que los alguaciles se han vuelto menos importantes con el auge de los departamentos de policía de la ciudad, muchas de sus oficinas aún se han hecho más grandes, contratando más personas cada año.
Al igual que en Los Ángeles, no siempre está claro quién puede procesar o remover a los alguaciles errantes, principalmente porque ninguna de las dos cosas sucede muy a menudo. (Una excepción es la remoción del Sheriff del Condado de Broward, Scott Israel, por su presunta inacción en el tiroteo en la escuela de Parkland, Florida. Él está apelando su remoción).
El gobierno federal rara vez ha intervenido para frenar a los alguaciles, y parece poco probable que lo haga ahora
Aún más confusa es la cuestión de si los alguaciles pueden ser eliminados por completo del ecosistema de la aplicación de la ley. Por ejemplo, en 2002, los votantes en el Condado de Los Ángeles acordaron restringir todos los límites a los términos del condado, a tres términos de cuatro años. Pero Lee Baca argumentó que el límite de plazo no se aplicaba a su oficina, (un derecho) que estaba consagrado en la Constitución del estado. Ganó.
Debido a que la mayoría de los sheriffs derivan su autoridad de las constituciones estatales, eliminar la oficina requiere una enmienda que, en la mayoría de los casos, debe ser aprobada por los votantes. Pero eso no está fuera de discusión.
En Connecticut, las cárceles y otros deberes del sheriff están bajo la autoridad del estado. En el 2000, los votantes acordaron aprobar una enmienda constitucional para eliminar la posición del sheriff, y todos los oficiales y la mayoría de los alguaciles electos hicieron la transición al nuevo sistema estatal, convirtiéndose en oficiales del estado y manteniendo la mayoría de los mismos deberes.
La campaña para deshacerse de los alguaciles en Connecticut (que tenía ocho alguaciles electos, uno para cada condado, desde la época colonial), se inspiró en una serie de escándalos de corrupción. En 1999, Sandra Caruso, de 33 años, fue arrestada por no comparecer ante el tribunal bajo un cargo de tráfico. Múltiples detenidos la violaron en la parte trasera de una camioneta de transporte de prisioneros mientras los oficiales del alguacil estaban sentados en el asiento delantero; según Caruso, ella lloró y gritó pidiendo ayuda. El incidente ayudó a empujar a los votantes a la acción.
En Missouri, los funcionarios del condado de San Louis decidieron en 1954 crear un Departamento de Policía del condado, en lugar de la oficina del Sheriff. (Hay un alguacil con deberes menores, quien es nombrado.) Pudieron hacerlo, en parte, porque la oficina del sheriff fue removida de la Constitución de Missouri.
El condado de Riley, Kansas, creó un Departamento de Policía del condado, consolidado en 1972 para reemplazar la oficina del sheriff; pero sólo después de que el estado reescribiera la ley para permitir que ciertos condados decidieran qué tipo de presencia policial querían. (Las regiones rurales y la asociación de alguaciles del estado se opusieron al proyecto de ley, pero los votantes lo aprobaron de todos modos).
Y los votantes en el condado de Miami-Dade en La Florida también eliminaron la posición del sheriff en la década de 1960, asimilando los trabajos asociados con los alguaciles a la fuerza policial del condado. (La medida se produjo después de varios escándalos de corrupción, incluido uno en el que los oficiales acordaron mirar para otro lado mientras los ladrones robaban a los propietarios ricos, siempre que los oficiales obtuvieran una parte de las ganancias). Miami-Dade es un condado de «gobierno local«, lo que significa que tiene poder bajo la Constitución del estado para determinar su propia estructura de gobierno. Sin embargo, la decisión no se mantuvo. La Asociación de Alguaciles de La Florida presionó para que se aprobara un proyecto de ley, aprobado en 2018, que requería que Miami-Dade restableciera su oficina del Sheriff.
El país se encuentra en un momento en que la oficina del sheriff parece más relevante que nunca. El presidente Trump se ha vinculado a la Asociación Nacional de Alguaciles e invita a los sheriffs a la Casa Blanca, para los vetos a leyes, y a ceremonias. También está consultando con ellos sobre políticas de inmigración. El gobierno federal rara vez ha intervenido para frenar a los alguaciles, y parece poco probable que lo haga ahora.
Así que los defensores de California están considerando los desafíos locales. Kate Chatfield, una abogada que trabaja en leyes y políticas penales, cree que las calificaciones para los sheriff deberían cambiar al menos. “Dada la cantidad de personas en nuestras cárceles y la cantidad de personas con quienes los agentes interactúan en las calles, que sufren enfermedades mentales, adicciones y otros problemas de salud, hay razones para creer que un sheriff elegido debe ser una persona que «Ha trabajado en salud pública en lugar de pasar a través de las filas de los agentes de la aplicación de la ley», escribió en un correo electrónico.
Chatfield también sugiere que los condados podrían seguir un modelo creado previamente por el Condado de Santa Clara, en el que el Departamento de Corrección se convirtió en una entidad separada, bajo el control de la Junta de Supervisores, en lugar de estar bajo el Sheriff. Los legisladores podrían promulgar leyes que autorizarían a dichos departamentos independientes del condado a delegar a las personas que trabajan para estas agencias.
Y justo este mes, el asambleísta Kevin McCarty, cuyo condado de Sacramento también ha tenido problemas con (el perfil) de la responsabilidad del sheriff, propuso el Proyecto de Ley de la Asamblea 1185, que otorgaría a los funcionarios del condado, como la Junta de Supervisores de Los Ángeles, más poder para crear juntas de supervisión que puedan obligar al Sheriff a ser mas transparente. El precedente de la Corte Suprema de California dice que la junta puede investigar la oficina del alguacil, pero no puede obligar al alguacil a cambiar sus políticas. La AB 1185 cambiaría eso. Aunque no es un gran paso, es uno modesto que haría más responsables a Villanueva y a otros.
Sin embargo, algunos estudiosos dicen que nada menos funcionará, que eliminar la oficina del Sheriff. El año pasado, James Tomberlin, ahora un empleado de derecho judicial, escribió una nota para la Revisión de la Ley de Virginia pidiendo un cambio: «El consenso crítico de hoy es que la vigilancia policial requiere una regulación sólida, y es evidente al estudiar a los alguaciles que las elecciones solas no son suficientes para regular la aplicación de la ley. Lo que quizás hizo atractivo al sheriff, durante la expansión hacia el oeste, lo hace obsoleto en el mejor de los casos y peligrosamente anacrónico en el peor de los casos; al evitar que los gobiernos locales actúen como un control significativo de los poderes de la oficina, y responsabilicen al sheriff. «En otras palabras, no es el Salvaje Oeste nunca más■
