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De la redacción
Al aceptar las becas del programa de vales ‘John M. McKay’, en La Florida, por ejemplo, de manera oculta los padres pierden la mayoría de sus derechos. Porque “la ley no exige ninguna medida de transparencia (accountability)”. Una vez aceptados los vales para ir a una escuela pública las familias ya no están cubiertas por la ley IDEA.
Para muchos padres que tienen hijos en el sistema de educación pública con habilidades diferentes o discapacidades, los vales o vouchers escolares para las escuelas privadas que endosa el gobierno federal son un peligroso señuelo, que esconde un alto precio para los estudiantes y sus familias, reporta hoy The New York Times.
Muchas veces estos vouchers o cupones son fuertemente promovidos por los departamentos de educación estatales y por las escuelas privadas, que dependen de estos dólares para solventar las matrículas. Y para las familias que con frecuencia ven la educación y la atención escolar especializada naufragar y hundirse en una crisis, dichos vales pueden parecer una balsa de salvación. “Y a menudo lo son”, dice la fuente, pero no por mucho tiempo.
Y es que la trampa consiste en que al aceptar estos vales “las familias pueden, sin saberlo, renunciar a sus derechos, a la misma ayuda que esperaban obtener”. Porque cuando los estudiantes usan dichos vales para ingresar a la escuela privada, donde sus hijos recibirían la educación especializada que el sistema de educación pública supuestamente no puede brindar, “pierden la mayoría de las protecciones de la Ley de Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA)”, que es la ley federal de derechos civiles que data de 1975.
De acuerdo con el Times, dependiendo del programa de vales de que se trate, “los derechos a los que se renuncia pueden incluir el derecho a una educación gratuita; el derecho al mismo nivel de servicios de educación especial que un niño sería elegible en una escuela pública; el derecho a un maestro certificado por el estado o con estudios universitarios; y el derecho a una audiencia para disputar una acción disciplinaria contra un niño”.
Entre tanto, las escuelas públicas y los estados con frecuencia transfieren a los niños que significan una carga demasiado pesada para sus presupuestos, al tiempo que algunas escuelas privadas terminan con estudiantes para los que no están equipados para manejar, “y a los que a menudo les piden que se vayan. Y nada de esto está en contra de las reglas”.
Julie Weatherly, un abogado especializado en educación especial que es consultado por distritos escolares de La Florida y varios otros estados, dijo a la fuente que en estos casos “las escuelas privadas no están quebrantando la ley”.
Weatherly afirma que al aceptar las becas del programa de vales ‘John M. McKay’, en La Florida, por ejemplo, de manera oculta los padres pierden la mayoría de sus derechos. Porque “la ley no exige ninguna medida de transparencia (accountability)”. Una vez aceptados los vales para ir a una escuela pública las familias ya no están cubiertas por la ley IDEA.
El programa de becas McKay, sostiene el Times, es el mayor de 10 programas de becas de discapacidad en todo el país, y sirve a más de 30 mil niños que tienen necesidades especiales. “En la audiencia de confirmación del Senado para Betsy DeVos, la nueva Secretaria de educación del presidente Trump citó una investigación del conservador Instituto Manhattan, diciendo que ‘el 93 por ciento de los padres que utilizan ese bono están muy contentos con él’».
Pero esta situación de los vouchers para escuelas privadas no sólo ocurre en La Florida, insiste la fuente. Ocurre también en Arizona, Colorado, Georgia, Oklahoma, Mississippi, Tennessee y Wisconsin. Además, requiere de los padres que renuncien a todos o la mayoría de los derechos de IDEA. Aunque en varios otros estados, la ley no dice nada sobre los derechos de los estudiantes con cupones.
No obstante, la ley federal exige a los distritos escolares públicos que evalúen las necesidades de los estudiantes de educación especial matriculados en escuelas privadas. Sin embargo, los distritos no están obligados a proporcionar a esos niños los mismos servicios que recibirían en un ambiente público, incluso si la matrícula de una escuela privada de un niño es financiada por el contribuyente, a través de uno de dichos vales.
La fuente agrega que en muchos casos los receptores de McKay y de otros programas de becas con cupones, tras experimentar serios fracasos en la atención y educación especial para menores con discapacidades, estos niños terminan regresando a las escuelas públicas.
“El promedio de tiempo en el programa de cupones para escuelas privadas es de 3.6 años, según los datos proporcionados al Times por el Departamento de Educación de La Florida, y el 85 por ciento de los beneficiarios de McKay están en la escuela primaria o secundaria”■
